El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), analiza desde este lunes el alcance e impacto que sobre el sector tendrá el incremento a Bs 108.000 del pago del beneficio de alimentación, medida anunciada el domingo por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Entre las estrategias que manejaron ayer en un encuentro que sostuvo la presidenta del organismo, Cipriana Ramos con los comerciantes adscritos a Cavisur, que aglutina a representantes de estos pequeños y medianos empresarios de El Vigía, el Sur del Lago, Trujillo, Táchira y Mérida, resalta la posibilidad de que opten por acudir a la banca privada, a fin de solicitar financiamiento para apalancar su gestión en el mercado y no tener que bajar la santamaría, por el peso económico que representa el aumento.
Lisandro Segura, presidente del Consejo del Comercio y los Servicios de El Vigía, aseguró que la situación que se presenta “es muy difícil. Quienes sobrevivan económicamente a las repercusiones de esta medida, no tendrán más que cumplir con este aumento”, aseguró a El Universal.
“El aumento del bono alimentación, sobre todo afecta a la pequeña y mediana empresa. Una empresa que ha perdido la liquidez se ve imposibilitada de pagar la nómina. Cuando se toman unilateralmente decisiones sin considerar la situación que afecta a los involucrados en estas medidas, se genera un perjuicio importante. El sector comercial y el empresarial no tienen otra alternativa que enfrentar como un reto la situación que enfrentaremos ante este nuevo aumento.No será fácil y muchos sucumbirán pero el ánimo de todos es seguir trabajando por Venezuela”, sostuvo.
Cabe destacar que antes de producirse esta medida, Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, hace algunos días había alertado sobre la incapacidad del sector para absorber más y mayores pasivos.
“El Ejecutivo tiene que tomar medidas. Los comerciantes ya enfrentan aumentos que cada día son más insostenibles. En las alcaldías de todo el país, resalto el caso de Guanarito, Turín, municipio Silva, en todas las alcaldías se están incrementando las alícuotas de todas las permiserías. Se están modificando las ordenanzas, todos necesitan dinero para hacer frente a los aumentos, pero los comerciantes siguen supeditados a leyes como la de Precios Justos. Si no nos permiten incrementar los precios, modificar la estructura de costos ni adaptar nuestros costos a la realidad económica, se nos presenta una situación cada vez más difícil de enfrentar”, argumentó.
Este martes continuarán en Caracas las discusiones sobre el tema, adelantó Ramos.
Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, consideró que incremento del bono de alimentación, no contribuye a mejorar la capacidad de los venezolanos para adquirir lo que requiere para su subsistencia.
Al elevarse de 63.720 a 108.000 bolívares, el porcentaje de incremento del beneficio, aumenta en 69,5%. En entrevista concedida a Unión Radio, Martínez estima que no es ésta la medida que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, afirmó.
“Es exponencial el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos. Hasta tanto no se aborde el problema estructural de la inflación va hacer difícil que los salarios le puedan ganar esa carrera”, apuntó.
El economista Pedro Palma recomendó, por su parte, enfocarse en cambios estructurales que contribuyan a rectificar el rumbo económico, en vez de incurrir en este tipo de aumentos, dijo a Unión Radio.
“Estos ni remotamente se acercan al aumento de los precios que suben de manera intensa comparados con los salarios y compensaciones laborales, entonces la capacidad de compra de loso consumidores disminuye”, enfatizó.
Aseguró que la incapacidad de la pequeña y mediana para absorber los incrementos, reducirá la demanda laboral.
