En su empeño por imponer la constituyente, el presidente Nicolás Maduro ordenó a los poderes del Estado alineados con el oficialismo repeler cualquier acto que impida la elección y sancionar a los responsables, e instruyó a la dirigencia del PSUV para que trabaje en cuatro fases con el fin de alcanzar el virtual triunfo. En los dos frentes se han establecido las estrategias respectivas. En lo institucional, los operativos de seguridad policial y militar; y en lo político, el despliegue de la maquinaria y una campaña “envolvente” para “meter la ANC en los huesos”, revelan documentos oficiales.
En Miraflores señalan que el éxito de la ANC dependerá de si se concreta la selección de los 545 constituyentes en un clima de paz. Por ello, en lugar deuno serán dos los días que el Poder Electoral asignará para la elección. Al principio el Consejo Nacional Electoral fijó el 30 de julio, pero en la reunión del 28 de junio con los poderes Ejecutivo, Judicial y Moral, y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se anunciaron “dos momentos o actos electorales”, en vista de los informes de la FANB de un posible boicot o sabotaje de la oposición.
Estrategia institucional
En la sede del Poder Electoral en Caracas, la presidente de la institución, Tibisay Lucena, explicó al vicepresidente Tareck el Aissami; al presidente del TSJ, Maikel Moreno; al presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, y al jefe del Ceofanb, almirante Remigio Ceballos, los cambios en el cronograma comicial debido a la presunta alteración del orden público en los centros de votación, y porque técnicamente era imposible presentar en una boleta o tarjetón 6.120 candidatos, de los cuales se seleccionarían 545 constituyentes por 2 vías, sectorial y territorial.
El CNE y el Ceofanb informaron por separado a las oficinas electorales regionales y municipales y a las unidades militares cómo se haría la elección. “El evento electoral constará de dos momentos o actos, cuyas fechas de ejecución son diferentes y aún están por definirse”, revelan informes de esas instituciones.
En el primer acto se escogerán los constituyentes territoriales en los 335 municipios y 1.141 parroquias, para lo cual estarían disponibles 14.514 centros de votación y 35.673 mesas electorales. En la segunda jornada, cuando se elijan en “fecha diferente al primer acto” los constituyentes sectoriales, se reducirá la estructura electoral a la mitad: 7.258 centros de votación y 17.837 mesas.
Ese día los poderes acordaron aumentar el perímetro de seguridad de 100 a500 metros los días de las elecciones. El Ministerio de la Defensa declarará zona de seguridad todos los centros de votación, y los poderes Ciudadano y Judicial ejercerán acciones legales contra quienes incurran en delitos electorales. Ceballos ordenó a las guarniciones prepararse para la ejecución del Plan República y garantizar la seguridad del CNE, oficinas electorales regionales y municipales desde el 5 de julio hasta el 18 de agosto.
Estrategia política
El plan político del oficialismo tiene como objetivo estratégico “una sólida victoria revolucionaria”, lo que dependerá no solo de la maquinaria, sino también de los recursos con que cuente Maduro. La clave está en el programa Somos Venezuela, que se desplegó por el país para buscar a quienes están inscritos en el Carnet de la Patria y han señalado cuáles son sus necesidades, el Plan Chamba Juvenil, las tarjetas Hogares de la Patria y las operaciones quirúrgicas, dijeron fuentes del PSUV.
Para lograr el fin, la campaña Zamora 200 consta de cuatro fases: organización de la maquinaria (integración de comandos estadales y municipales); presentación de los candidatos territoriales y sectoriales (en “lugares emblemáticos” por municipios y en marchas); despliegue casa por casa, por sectores, y juramentación de comités constituyentes, además de una“demostración de fuerza contundente” (marchas por municipios, estados, por sectores, y una marcha nacional de cierre de campaña en Caracas).
| Candidatos bajo sospecha
A diferencia de las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el PSUV solicitó al Sebin y al Cicpc que investigaran la vida de los candidatos, en el caso de los aspirantes a la asamblea nacional constituyente de 2017 se obvió ese trámite, pues de otra manera no se explica cómo se admitieron determinadas postulaciones, en particular de cuatro miembros de colectivos acusados de delitos. Se trata, según medios web, de Valentín Santana (La Piedrita), que tiene tres órdenes de captura por presunto homicidio; Jorge Luis Navas (Resistencia y Rebelión), que atacó la Asamblea Nacional y a dirigentes de la MUD; José Solórzano, que derribó el 12 de octubre de 2004 el monumento a Colón en el Golfo Triste y el 20 de marzo tomó la panadería Mansión Bakery; y Joan Cuevas, que disparó en octubre de 2016 contra manifestantes en el municipio Libertador, en Mérida. A la ANC va gente conocida, como el artista Roberto Messuti, Ricardo Sánchez, Gloria Vanegas (“la Caperucita Roja de Chacao”), el asesor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, y Fidel Madroñero (Zurda Konducta). Vicios de forma y fondo El proceso electoral de la ANC está signado de irregularidades, no solo desde la emisión de los decretos presidenciales que la convocaron, sino también en la ejecución del cronograma electoral, denunciaron ONG y expertos electorales. Una de ellas es que desde el 7 de junio el CNE delimitó el registro electoral por sectores y territorio a pesar de que LUZ, la UCV, laUCAB, Unimet y la UDO no consignaron datas. Las universidades públicas elegirían 11 constituyentes, las privadas 3 y los estudiantes de misiones 10. Es decir, solo votarían las “casas de estudios oficialistas”. Al igual que las universidades, el secretario general del Partido Socialismo y Libertad, Miguel Ángel Hernández, emplazó a los sindicatos a no enviar la data de trabajadores, en especial los petroleros. El Observatorio Electoral Venezolano denunció que se crearon “subregistros electorales” a puerta cerrada, supuestamente entre el 7 y el 12 de junio, y que se eliminaron 14 auditorías, simulacro, fechas de impugnaciones y otros mandatos legales. El representante electoral de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, señaló: “Es un proceso viciado en su forma y fondo. No hubo control del RE. No se publicó un registro preliminar ni se permitió el lapso de impugnación ni de excluir o incluir”. Caldera dijo que el CNE recibió 8,5 millones de rúbricas, las cuales revisó en 3 días, mientras que para el revocatorio fueron 3 millones de firmas y se tardaron más de un mes: “Para 3% de la ANC no auditaron nada” |
