La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos Medicinales, Cosméticos y Perfumería (Fetrameco) solicitó ante la Inspectoría del Trabajo la intervención de la planta de producción de medicamentos de Bayer, que fue cerrada por la empresa como respuesta a la situación de depresión económica que vive el país.
Por otra parte, este gremio presentó una denuncia formal ante el Ministerio del Trabajo por el presunto cierre «ilegal» de la instalación, por lo que el gobierno está evaluando si procede la intervención de la planta, en función de reanudar sus operaciones.
De acuerdo con una nota publicada en el portal Aporrea.org, la opinión de la organización sindical, a través de su secretario general, Avilio Echenique, es que la nueva estrategia de la corporación alemana de permanecer en el mercado nacional, a través de la importación de sus productos, va en contra «de las políticas de producción nacional».
Como se dijo en la oportunidad en que la empresa confirmó el cese de su planta en Caracas, la decisión afectó a unos 200 trabajadores, mientras el mismo sindicato reconoció que estaba funcionando a apenas una fracción mínima de su capacidad operativa.
En sus declaraciones a Aporrea.org, Echenique señala que la planta de Bayer está dotada con tecnología de punta para producir una variada gama de medicamentos.
Según se pudo conocer a través de fuentes de la empresa, la decisión de suspender la actividad productiva en Venezuela estaba pendiente desde el año pasado, pero la expectativa de un cambio político la puso en suspenso.
Bayer tiene una presencia centenaria en Venezuela; sin embargo, abrió operaciones directas en el país en 1950 cuando fundó su filial Laboratorios Bayer.
La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos Medicinales, Cosméticos y Perfumería (Fetrameco) solicitó ante la Inspectoría del Trabajo la intervención de la planta de producción de medicamentos de Bayer, que fue cerrada por la empresa como respuesta a la situación de depresión económica que vive el país.
Por otra parte, este gremio presentó una denuncia formal ante el Ministerio del Trabajo por el presunto cierre «ilegal» de la instalación, por lo que el gobierno está evaluando si procede la intervención de la planta, en función de reanudar sus operaciones.
De acuerdo con una nota publicada en el portal Aporrea.org, la opinión de la organización sindical, a través de su secretario general, Avilio Echenique, es que la nueva estrategia de la corporación alemana de permanecer en el mercado nacional, a través de la importación de sus productos, va en contra «de las políticas de producción nacional».
Como se dijo en la oportunidad en que la empresa confirmó el cese de su planta en Caracas, la decisión afectó a unos 200 trabajadores, mientras el mismo sindicato reconoció que estaba funcionando a apenas una fracción mínima de su capacidad operativa.
En sus declaraciones a Aporrea.org, Echenique señala que la planta de Bayer está dotada con tecnología de punta para producir una variada gama de medicamentos.
Según se pudo conocer a través de fuentes de la empresa, la decisión de suspender la actividad productiva en Venezuela estaba pendiente desde el año pasado, pero la expectativa de un cambio político la puso en suspenso.
Bayer tiene una presencia centenaria en Venezuela; sin embargo, abrió operaciones directas en el país en 1950 cuando fundó su filial Laboratorios Bayer.
El presidente de Petróleos de Venezuela y ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, informó que durante la reunión de la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP) y los No-OPEP, se logró la extensión del acuerdo de Ajuste Voluntario de Producción Petrolera por 9 meses, hasta marzo de 2020.
Dicha extensión ayudará a estabilizar el mercado de hidrocarburos, escribió Quevedo en su cuenta Twitter, @MQuevedoF, y también añadió que este plan se dio durante la 176ta reunión de la Conferencia OPEP.
En otro tuit, el presidente de PDVSA indicó: «En nombre del gobierno Bolivariano del Pdte. @NicolasMaduroy del pueblo venezolano, extendemos una felicitación fraterna al Sec. Gral. OPEP, Mohammad Barkindo, por su reelección para un nuevo período en esta importante Organización. Cuente con la Patria de Bolívar y Chávez».
El presidente de Petróleos de Venezuela y ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, informó que durante la reunión de la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP) y los No-OPEP, se logró la extensión del acuerdo de Ajuste Voluntario de Producción Petrolera por 9 meses, hasta marzo de 2020.
Dicha extensión ayudará a estabilizar el mercado de hidrocarburos, escribió Quevedo en su cuenta Twitter, @MQuevedoF, y también añadió que este plan se dio durante la 176ta reunión de la Conferencia OPEP.
En otro tuit, el presidente de PDVSA indicó: «En nombre del gobierno Bolivariano del Pdte. @NicolasMaduroy del pueblo venezolano, extendemos una felicitación fraterna al Sec. Gral. OPEP, Mohammad Barkindo, por su reelección para un nuevo período en esta importante Organización. Cuente con la Patria de Bolívar y Chávez».
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó mediante un comunicado oficial que el Gobierno Bolivariano ha restituido las relaciones diplomáticas con Alemania.
A continuación, texto íntegro del comunicado:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, que tras diversos contactos con el gobierno de la República Federal de Alemania, se ha iniciado un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, acordado en reunión celebrada el día de hoy en Berlín, entre el Viceministro venezolano para Europa, Yván Gil, y la Directora para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Marian Schuegraf.
De esta manera, se avanza en la restitución de los canales de diálogo diplomático en el marco del respeto mutuo y de la preeminencia del Derecho Internacional.
En consecuencia, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decidido dejar sin efecto el contenido del Comunicado del pasado 6 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martin Kriener, y el Gobierno alemán ha decidido su retorno al país para construir una agenda de interés mutuo, de acuerdo con los principios de la cooperación internacional.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó mediante un comunicado oficial que el Gobierno Bolivariano ha restituido las relaciones diplomáticas con Alemania.
A continuación, texto íntegro del comunicado:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, que tras diversos contactos con el gobierno de la República Federal de Alemania, se ha iniciado un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, acordado en reunión celebrada el día de hoy en Berlín, entre el Viceministro venezolano para Europa, Yván Gil, y la Directora para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Marian Schuegraf.
De esta manera, se avanza en la restitución de los canales de diálogo diplomático en el marco del respeto mutuo y de la preeminencia del Derecho Internacional.
En consecuencia, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decidido dejar sin efecto el contenido del Comunicado del pasado 6 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martin Kriener, y el Gobierno alemán ha decidido su retorno al país para construir una agenda de interés mutuo, de acuerdo con los principios de la cooperación internacional.
La Contraloría General de la República (CGR) inició ayer el proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio correspondiente a 2019, informó el contralor, Elvis Amoroso.
El proceso se hará para los funcionarios y personas de confianza que trabajan en la administración pública. La Declaración se debe realizar entre el 1 y 31 de julio a través de la página web www.cgr.gob.ve, que se encuentra disponible las 24 horas del día.
Amoroso mencionó que el comprobante debe presentarse ante la gerencia de gestión humana del ente donde laboras para que repose en su expediente, para evitar ser sancionado.
La Contraloría General de la República (CGR) inició ayer el proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio correspondiente a 2019, informó el contralor, Elvis Amoroso.
El proceso se hará para los funcionarios y personas de confianza que trabajan en la administración pública. La Declaración se debe realizar entre el 1 y 31 de julio a través de la página web www.cgr.gob.ve, que se encuentra disponible las 24 horas del día.
Amoroso mencionó que el comprobante debe presentarse ante la gerencia de gestión humana del ente donde laboras para que repose en su expediente, para evitar ser sancionado.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) señaló este sábado que el número de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo y alcanzó a 39,3 millones en 2018 (6,1 % de la población), principalmente debido a la «dramática situación» en Venezuela, donde 80% de su población se encuentra en inseguridad alimentaria.
El IICA, con sede en Costa Rica, indicó en un comunicado de prensa que presentó las cifras en el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en la ciudad colombiana de Medellín.
El director General del IICA, Manuel Otero, expresó que mientras en algunos países la subalimentación es menor a 5% de la población, en otros casos, como Bolivia, Guatemala y Nicaragua, representa más de 15%.
Por su parte, 45% de la población de Haití está expuesta a la inseguridad alimentaria, mientras que en Venezuela padece ese flagelo 80% de la población, según cifras presentadas por el IICA.
«La región del Corredor Seco Centroamericano, los países del Caribe Oriental, Haití y Venezuela concentran los principales riesgos de inseguridad alimentaria de la región, presentando también las mayores limitaciones en la región para incrementar su productividad agrícola», cita el informe del IICA.
El caso más dramático es el de Venezuela, donde el consumo de calorías por persona al día se derrumbó a 1.416 en 2018 desde 2.866 en 2011, muy por debajo de los requerimientos recomendados de 2.300 de calorías por persona por día.
Otero puntualizó que «la grave situación que enfrenta Venezuela contrasta con su potencial agrícola y alimentario, dada la disponibilidad de tierras cultivables para la agricultura, ganadería y forestación, de agua, biodiversidad y una red de importantes organizaciones de productores».
Las autoridades expresaron que la situación ocurre en un marco de carencia generalizada de agua potable, inestabilidad del servicio eléctrico y problemas en el acceso al gas doméstico, lo que limita la preparación adecuada de alimentos.
Otero también destacó la capacidad técnica del IICA para la reconstrucción de las instituciones y el complejo agroindustrial de Venezuela, y su disposición para sumar esfuerzos con los países decididos a colaborar en esa tarea.
El director del organismo internacional manifestó que América Latina y el Caribe debe asumir tareas pendientes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes.
«Información oportuna y con indicadores claros permitirían realizar recomendaciones o generar una mayor toma de conciencia sobre casos en los que es necesario adoptar medidas correctivas en los países», dijo Otero.
Entre esos deberes Otero enumeró la necesidad de contar con mercados transparentes y una mayor inversión en investigación y desarrollo para generar marcos adecuados que permitan aumentos de producción, así como mejoras de los indicadores macroeconómicos y en los ingresos de la sociedad en su conjunto.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) señaló este sábado que el número de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo y alcanzó a 39,3 millones en 2018 (6,1 % de la población), principalmente debido a la «dramática situación» en Venezuela, donde 80% de su población se encuentra en inseguridad alimentaria.
El IICA, con sede en Costa Rica, indicó en un comunicado de prensa que presentó las cifras en el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en la ciudad colombiana de Medellín.
El director General del IICA, Manuel Otero, expresó que mientras en algunos países la subalimentación es menor a 5% de la población, en otros casos, como Bolivia, Guatemala y Nicaragua, representa más de 15%.
Por su parte, 45% de la población de Haití está expuesta a la inseguridad alimentaria, mientras que en Venezuela padece ese flagelo 80% de la población, según cifras presentadas por el IICA.
«La región del Corredor Seco Centroamericano, los países del Caribe Oriental, Haití y Venezuela concentran los principales riesgos de inseguridad alimentaria de la región, presentando también las mayores limitaciones en la región para incrementar su productividad agrícola», cita el informe del IICA.
El caso más dramático es el de Venezuela, donde el consumo de calorías por persona al día se derrumbó a 1.416 en 2018 desde 2.866 en 2011, muy por debajo de los requerimientos recomendados de 2.300 de calorías por persona por día.
Otero puntualizó que «la grave situación que enfrenta Venezuela contrasta con su potencial agrícola y alimentario, dada la disponibilidad de tierras cultivables para la agricultura, ganadería y forestación, de agua, biodiversidad y una red de importantes organizaciones de productores».
Las autoridades expresaron que la situación ocurre en un marco de carencia generalizada de agua potable, inestabilidad del servicio eléctrico y problemas en el acceso al gas doméstico, lo que limita la preparación adecuada de alimentos.
Otero también destacó la capacidad técnica del IICA para la reconstrucción de las instituciones y el complejo agroindustrial de Venezuela, y su disposición para sumar esfuerzos con los países decididos a colaborar en esa tarea.
El director del organismo internacional manifestó que América Latina y el Caribe debe asumir tareas pendientes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes.
«Información oportuna y con indicadores claros permitirían realizar recomendaciones o generar una mayor toma de conciencia sobre casos en los que es necesario adoptar medidas correctivas en los países», dijo Otero.
Entre esos deberes Otero enumeró la necesidad de contar con mercados transparentes y una mayor inversión en investigación y desarrollo para generar marcos adecuados que permitan aumentos de producción, así como mejoras de los indicadores macroeconómicos y en los ingresos de la sociedad en su conjunto.
Después de poco más de tres meses, el personal de la aerolínea española Air Europa volverá a pernoctar en Venezuela a partir del 3 de julio, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en su cuenta de Twitter.
Los trabajadores de la empresa de transporte dejaron de dormir en Venezuela, tras un incidente ocurrido los primeros días de marzo, cuando el vehículo que trasladaba a la tripulación del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía al hotel quedó en medio de un intento de atraco en el que hubo un enfrentamiento.
Desde entonces, el personal pernocta en República Dominicana y de acuerdo con las autoridades venezolanas lo harán otra vez en el país desde el miércoles 3 de julio.
La decisión de Air Europa se suma a la de otras líneas aéreas como Air France, TAP Air Portugal y Turkish Airlines, señala el tuit del despacho de economía.
Las aerolíneas internacionales han ido abandonando operaciones en Venezuela desde 2013 por varias causas. En primer lugar, una deuda del gobierno calculada en 3.000 millones de dólares, y luego por razones operativas como los altos costos de los boletos que han mermado el flujo de viajeros e inadecuadas condiciones de mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias.
Después de poco más de tres meses, el personal de la aerolínea española Air Europa volverá a pernoctar en Venezuela a partir del 3 de julio, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en su cuenta de Twitter.
Los trabajadores de la empresa de transporte dejaron de dormir en Venezuela, tras un incidente ocurrido los primeros días de marzo, cuando el vehículo que trasladaba a la tripulación del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía al hotel quedó en medio de un intento de atraco en el que hubo un enfrentamiento.
Desde entonces, el personal pernocta en República Dominicana y de acuerdo con las autoridades venezolanas lo harán otra vez en el país desde el miércoles 3 de julio.
La decisión de Air Europa se suma a la de otras líneas aéreas como Air France, TAP Air Portugal y Turkish Airlines, señala el tuit del despacho de economía.
Las aerolíneas internacionales han ido abandonando operaciones en Venezuela desde 2013 por varias causas. En primer lugar, una deuda del gobierno calculada en 3.000 millones de dólares, y luego por razones operativas como los altos costos de los boletos que han mermado el flujo de viajeros e inadecuadas condiciones de mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias.
La petrolera Chevron importó 104.000 barriles diarios de crudo venezolano en abril, frente a los 31.000 b/d que importó desde Venezuela, cuya empresa estatal Pdvsa enfrenta fuertes sanciones del gobierno de EEUU desde finales de enero de este año, reporta Argus.
La compañía tiene hasta el 27 de julio para hacer transacciones con Pdvsa. En Venezuela esperan que las autoridades estadounidenses extiendan el plazo a Chevron para operaciones en el país.
Chevron, que tiene el 30% de la empresa mixta Petropiar que extrae y mejora crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, se mantiene en el país en medio de frecuentes rumores de su salida de Venezuela.
La administración de Donald Trump impuso sanciones a Pdvsa el 28 de enero como una medida para ahogar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro y presionar su salida del poder, luego que EEUU reconociera al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino tras juramentarse como tal.
La decisión de EEUU ha forzado a las refinerías de ese país a buscar alternativas para evitar que el efecto de las sanciones contra Pdvsa las alcance.
La petrolera Chevron importó 104.000 barriles diarios de crudo venezolano en abril, frente a los 31.000 b/d que importó desde Venezuela, cuya empresa estatal Pdvsa enfrenta fuertes sanciones del gobierno de EEUU desde finales de enero de este año, reporta Argus.
La compañía tiene hasta el 27 de julio para hacer transacciones con Pdvsa. En Venezuela esperan que las autoridades estadounidenses extiendan el plazo a Chevron para operaciones en el país.
Chevron, que tiene el 30% de la empresa mixta Petropiar que extrae y mejora crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, se mantiene en el país en medio de frecuentes rumores de su salida de Venezuela.
La administración de Donald Trump impuso sanciones a Pdvsa el 28 de enero como una medida para ahogar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro y presionar su salida del poder, luego que EEUU reconociera al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino tras juramentarse como tal.
La decisión de EEUU ha forzado a las refinerías de ese país a buscar alternativas para evitar que el efecto de las sanciones contra Pdvsa las alcance.
La contracción de la economía en 2019 será de 33,8% en 2019, de manera que, desde 2014, la producción interna de bienes y servicios podría registrar una caída acumulada de 70%, la cual no podrá ser compensada por importaciones privadas ni remesas, ya que estas últimas no pasarán de 2.000 millones de dólares, al cierre del año.
«Los sectores más afectados en este año 2019 serán la Banca y seguros (-29,2%), Transporte (-40.1), Manufactura (-39,7%), el comercio con (-38,1%), servicios del Gobierno (-42,4%) y el PIB Petrolero (-28,7). (https://www.belongly.com/) Por su parte, la caída del consumo la ubicamos en -29.5% en 2019″.
El reporte señala que las posibilidades de moderar una disminución tan aguda del consumo mediante compras externas, tanto públicas como privadas, está severamente limitada por las extremas dificultades financieras que vivirá el país, debido a la propia dinámica recesiva de la crisis y a las sanciones internacionales que afectan al gobierno de Nicolás Maduro.
Más allá de sus inconsistencias evidentes, las propias cifras del Banco Central de Venezuela expresan la magnitud de una crisis que, de acuerdo con el análisis de la consultora, no parece tener visos de solución, al menos en el corto plazo.
«La contracción entre el tercer trimestre 2014 y el tercer trimestre del 2018 fue de -49.8% (nuestra estimación fue de -52,4% en el mismo periodo), sin embargo, el sector que absorbió la mayoría de esta brutal contracción fue el privado, con un retroceso de -63.3%, mientras el sector publico cayó -25%. Venezuela figura en la lista de los diez países que han sufrido la mayor caída del PIB en períodos de cinco años en el lapso 1960-2018, acompañado por Liberia, Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Libia, Ruanda, Ucrania, Kirguistán y Armenia», señala el informe de Aristimuño Herrera & Asociados.
Esta situación del sector privado es especialmente crítica, porque el funcionamiento del sector productivo público está en el orden de entre 10% y 15% de capacidad promedio, con crisis especialmente agudas en el denominado sector básico -hierro, bauxita, minerales, petroquímico-, donde la producción es prácticamente nula, según diversas fuentes, como la ONG Transparencia Venezuela, que ha hecho un amplio seguimiento al desempeño del conglomerado de empresas estatales.
De acuerdo con el análisis de la consultora financiera y económica, la progresiva reducción del aparato productivo y la franca depresión económica de los últimos seis años no solo han reducido a la economía venezolana, en términos de PIB real, a los mismos valores de 1999, sino que han modificado su estructura, haciendo que los servicios cobren un mayor peso en la actualidad.
«Al calcular el peso por sectores dentro de la economía, el petrolero representó en el año 2000 el 18,9% del aporte al PIB, mientras que en 2018 se ubica en 11,9%. La manufactura, pesaba 16.8% en la economía para el año 2000, ubicándose en 2018 en apenas 8.5%. Venezuela se fue convirtiendo progresivamente de una economía manufacturera en una economía de servicios, ya que, en el año 2000, el total de sectores asociados a servicios pesaba 29.9% sobre el PIB, mientras que en 2018 este número escaló hasta 55.2% del total PIB«.
En cuanto al consumo, las contracciones tanto del sector público como del privado han sido abismales, especialmente en el segundo que, entre 2014 y 2018, evidenció una disminución de 58%, mientras que la demanda del sector público bajó 44%, lo que en buena medida explica la crisis de las denominadas misiones sociales, entre otras deficiencias de prestaciones y servicios públicos.
La contracción de la economía en 2019 será de 33,8% en 2019, de manera que, desde 2014, la producción interna de bienes y servicios podría registrar una caída acumulada de 70%, la cual no podrá ser compensada por importaciones privadas ni remesas, ya que estas últimas no pasarán de 2.000 millones de dólares, al cierre del año.
«Los sectores más afectados en este año 2019 serán la Banca y seguros (-29,2%), Transporte (-40.1), Manufactura (-39,7%), el comercio con (-38,1%), servicios del Gobierno (-42,4%) y el PIB Petrolero (-28,7). (https://www.belongly.com/) Por su parte, la caída del consumo la ubicamos en -29.5% en 2019″.
El reporte señala que las posibilidades de moderar una disminución tan aguda del consumo mediante compras externas, tanto públicas como privadas, está severamente limitada por las extremas dificultades financieras que vivirá el país, debido a la propia dinámica recesiva de la crisis y a las sanciones internacionales que afectan al gobierno de Nicolás Maduro.
Más allá de sus inconsistencias evidentes, las propias cifras del Banco Central de Venezuela expresan la magnitud de una crisis que, de acuerdo con el análisis de la consultora, no parece tener visos de solución, al menos en el corto plazo.
«La contracción entre el tercer trimestre 2014 y el tercer trimestre del 2018 fue de -49.8% (nuestra estimación fue de -52,4% en el mismo periodo), sin embargo, el sector que absorbió la mayoría de esta brutal contracción fue el privado, con un retroceso de -63.3%, mientras el sector publico cayó -25%. Venezuela figura en la lista de los diez países que han sufrido la mayor caída del PIB en períodos de cinco años en el lapso 1960-2018, acompañado por Liberia, Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Libia, Ruanda, Ucrania, Kirguistán y Armenia», señala el informe de Aristimuño Herrera & Asociados.
Esta situación del sector privado es especialmente crítica, porque el funcionamiento del sector productivo público está en el orden de entre 10% y 15% de capacidad promedio, con crisis especialmente agudas en el denominado sector básico -hierro, bauxita, minerales, petroquímico-, donde la producción es prácticamente nula, según diversas fuentes, como la ONG Transparencia Venezuela, que ha hecho un amplio seguimiento al desempeño del conglomerado de empresas estatales.
De acuerdo con el análisis de la consultora financiera y económica, la progresiva reducción del aparato productivo y la franca depresión económica de los últimos seis años no solo han reducido a la economía venezolana, en términos de PIB real, a los mismos valores de 1999, sino que han modificado su estructura, haciendo que los servicios cobren un mayor peso en la actualidad.
«Al calcular el peso por sectores dentro de la economía, el petrolero representó en el año 2000 el 18,9% del aporte al PIB, mientras que en 2018 se ubica en 11,9%. La manufactura, pesaba 16.8% en la economía para el año 2000, ubicándose en 2018 en apenas 8.5%. Venezuela se fue convirtiendo progresivamente de una economía manufacturera en una economía de servicios, ya que, en el año 2000, el total de sectores asociados a servicios pesaba 29.9% sobre el PIB, mientras que en 2018 este número escaló hasta 55.2% del total PIB«.
En cuanto al consumo, las contracciones tanto del sector público como del privado han sido abismales, especialmente en el segundo que, entre 2014 y 2018, evidenció una disminución de 58%, mientras que la demanda del sector público bajó 44%, lo que en buena medida explica la crisis de las denominadas misiones sociales, entre otras deficiencias de prestaciones y servicios públicos.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene prácticamente asegurado un acuerdo para prorrogar por nueve meses más los recortes de suministros que entraron en vigor el uno de enero pasado y vencieron este domingo 30 de junio.
La 176ª conferencia ministerial de la OPEP será presidida por el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, y será precedida por una reunión del comité encargado de vigilar el cumplimiento de los recortes vigentes, que además estudiará las últimas evoluciones del mercado y con base en ellas hará sus recomendaciones a la conferencia.
Después del encuentro, los ministros del sector de los 14 miembros de la OPEP volverán este martes, al secretariado de la organización para participar en la sexta reunión con sus colegas de los 10 productores aliados desde 2016.
El grupo de 24 países, llamado «OPEP+», decidió en diciembre pasado retirar del mercado 1,2 millones de barriles diarios de crudo, en búsqueda de la recuperación del precio del petróleo, que había caído a menos de 54 dólares por barril.
Aunque la medida contribuyó al encarecimiento del «oro negro» en los primeros meses del año, cuando el barril se apreció hasta cotizar por encima de los 75 dólares a fines de abril, el auge de la producción de crudo en EEUU y la desaceleración de la demanda de crudo han contrarrestado parcialmente la medida de los productores.
El barril del petróleo Brent se vende estos días en torno a los 66 dólares, un nivel moderado si se tiene en cuenta la presión al alza que ejercen otros importantes factores.
Entre ellos destaca la caída de las exportaciones de crudo de Irán debido a las sanciones impuestas a Teherán por Washington, el desplome del bombeo de Venezuela a causa de la grave crisis que atraviesa el país y los temores a cortes de suministro que despierta la escalada de las tensiones en Oriente Medio.
Los analistas dan por sentado que la OPEP+ dará luz verde a una prórroga del citado recorte hasta fines de 2019 como mínimo, y más probablemente hasta fines de marzo de 2020, después de que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, y Rusia, primer productor del grupo de aliados, alcanzasen un acuerdo previo el sábado en Japón.
Al anunciarlo a la prensa al término de la cumbre del G20 tras reunirse en la ciudad japonesa de Osaka con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que ambos países abogan por una prórroga de seis a nueve meses, y se inclinó más por la última variante.
De forma similar se expresó el ministro saudí de Petróleo, Jalid al Falih, a su llegada a Viena el domingo, cuando estimó que el resultado «más probable» del encuentro es una extensión hasta el 31 de marzo de 2020 del recorte.
De confirmarse la medida, la OPEP debería sancionar este lunes su parte del acuerdo, a saber, la rebaja de las extracciones conjuntas en 800.000 barriles por día repartida proporcionalmente entre 11 de los 14 miembros, ya que Irán, Venezuela y Libia están exonerados del compromiso debido a las caídas involuntarias de su bombeo que sufren por diversas razones.
El ministro iraní del petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, denunció en Viena el carácter unilateral del acuerdo sobre el límite en la producción de crudo entre Arabia Saudita y Rusia, anunciado antes de una reunión de la OPEP.
Aunque dijo apoyar una prolongación de la baja producción en vigor, Zanganeh consideró que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Rusia no es miembro, «no tiene que recibir decisiones tomadas fuera de la OPEP».
Destinada a apoyar los precios del petróleo, esta prolongación de la reducción de producción fue anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al margen del G20 de Osaka, antes del encuentro de la OPEP de este lunes.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene prácticamente asegurado un acuerdo para prorrogar por nueve meses más los recortes de suministros que entraron en vigor el uno de enero pasado y vencieron este domingo 30 de junio.
La 176ª conferencia ministerial de la OPEP será presidida por el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, y será precedida por una reunión del comité encargado de vigilar el cumplimiento de los recortes vigentes, que además estudiará las últimas evoluciones del mercado y con base en ellas hará sus recomendaciones a la conferencia.
Después del encuentro, los ministros del sector de los 14 miembros de la OPEP volverán este martes, al secretariado de la organización para participar en la sexta reunión con sus colegas de los 10 productores aliados desde 2016.
El grupo de 24 países, llamado «OPEP+», decidió en diciembre pasado retirar del mercado 1,2 millones de barriles diarios de crudo, en búsqueda de la recuperación del precio del petróleo, que había caído a menos de 54 dólares por barril.
Aunque la medida contribuyó al encarecimiento del «oro negro» en los primeros meses del año, cuando el barril se apreció hasta cotizar por encima de los 75 dólares a fines de abril, el auge de la producción de crudo en EEUU y la desaceleración de la demanda de crudo han contrarrestado parcialmente la medida de los productores.
El barril del petróleo Brent se vende estos días en torno a los 66 dólares, un nivel moderado si se tiene en cuenta la presión al alza que ejercen otros importantes factores.
Entre ellos destaca la caída de las exportaciones de crudo de Irán debido a las sanciones impuestas a Teherán por Washington, el desplome del bombeo de Venezuela a causa de la grave crisis que atraviesa el país y los temores a cortes de suministro que despierta la escalada de las tensiones en Oriente Medio.
Los analistas dan por sentado que la OPEP+ dará luz verde a una prórroga del citado recorte hasta fines de 2019 como mínimo, y más probablemente hasta fines de marzo de 2020, después de que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, y Rusia, primer productor del grupo de aliados, alcanzasen un acuerdo previo el sábado en Japón.
Al anunciarlo a la prensa al término de la cumbre del G20 tras reunirse en la ciudad japonesa de Osaka con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que ambos países abogan por una prórroga de seis a nueve meses, y se inclinó más por la última variante.
De forma similar se expresó el ministro saudí de Petróleo, Jalid al Falih, a su llegada a Viena el domingo, cuando estimó que el resultado «más probable» del encuentro es una extensión hasta el 31 de marzo de 2020 del recorte.
De confirmarse la medida, la OPEP debería sancionar este lunes su parte del acuerdo, a saber, la rebaja de las extracciones conjuntas en 800.000 barriles por día repartida proporcionalmente entre 11 de los 14 miembros, ya que Irán, Venezuela y Libia están exonerados del compromiso debido a las caídas involuntarias de su bombeo que sufren por diversas razones.
El ministro iraní del petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, denunció en Viena el carácter unilateral del acuerdo sobre el límite en la producción de crudo entre Arabia Saudita y Rusia, anunciado antes de una reunión de la OPEP.
Aunque dijo apoyar una prolongación de la baja producción en vigor, Zanganeh consideró que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Rusia no es miembro, «no tiene que recibir decisiones tomadas fuera de la OPEP».
Destinada a apoyar los precios del petróleo, esta prolongación de la reducción de producción fue anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al margen del G20 de Osaka, antes del encuentro de la OPEP de este lunes.
Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la administración interina de Juan Guaidó, reconocida por más de 50 países y recientemente avalada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían reanudar sus encuentros esta semana en un lugar no determinado, según una nota de la agencia Reuters.
La agencia cita «tres fuentes familiarizadas con el asunto»; sin embargo, dos dirigentes de Voluntad Popular, consultados por Banca y Negocios de manera extraoficial, indicaron que, aunque existe la presión de la Unión Europea, a través del denominado Grupo de Contacto, y varios gobiernos latinoamericanos, la muerte por presuntas torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba bajo custodia del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), desaconseja cualquier iniciativa en este momento, y así parece entenderlo todo el sector democrático.
El clima político se ha complicado en los últimos días, en primer lugar por la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado contra la administración de Maduro, que, de acuerdo con las versiones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, incluiría un intento de magnicidio y atentados contra figuras relevantes del gobierno chavista.
Pero ahora esta suerte de «contraofensiva» comunicacional, disparada por el presunto complot develado, se ha difuminado por el asesinato del joven capitán Acosta Arévalo, que ha sido rotunda y ampliamente condenado en varios países e instancias multilaterales.
El diálogo sigue sobre la mesa y parece ser la prioridad del representante especial de la UE para la situación de Venezuela, Enrique Iglesias, quien estaría trabajando activamente con el gobierno de Noruega y diversos organismos internacionales para promover una mesa de diálogo rápidamente, porque existe la percepción de que la crisis humanitaria en el país puede escalar, y en el resto de América Latina hay alarma por el crecimiento de la emigración venezolana que, según la OEA, podría llegar a una cifra que oscila entre 5,2 y 5,6 millones de expatriados en 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020.
«La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en Colombia (1.3 millones), Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000). En términos absolutos, 4 naciones, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más del 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan el 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos», dice el informe de un grupo de trabajo coordinado por el ex alcalde exiliado, David Smolansky, que fue encargado por la Secretaría General de la OEA.
Este tema, más que cualquier situación de carácter interno, parece ser el detonante que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre la oposición que controla el parlamento y respalda al mandatario interino, Juan Guaidó, para que se abra un canal de diálogo que conduzca, tan pronto como sea posible, a un acuerdo que permita alcanzar alguna normalidad política e institucional que genere la gobernabilidad suficiente para aplicar un plan de recuperación económica.
Hasta ahora, señalan los dirigentes consultados, ambas partes están muy lejos de lograr un acuerdo.
Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la administración interina de Juan Guaidó, reconocida por más de 50 países y recientemente avalada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían reanudar sus encuentros esta semana en un lugar no determinado, según una nota de la agencia Reuters.
La agencia cita «tres fuentes familiarizadas con el asunto»; sin embargo, dos dirigentes de Voluntad Popular, consultados por Banca y Negocios de manera extraoficial, indicaron que, aunque existe la presión de la Unión Europea, a través del denominado Grupo de Contacto, y varios gobiernos latinoamericanos, la muerte por presuntas torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba bajo custodia del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), desaconseja cualquier iniciativa en este momento, y así parece entenderlo todo el sector democrático.
El clima político se ha complicado en los últimos días, en primer lugar por la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado contra la administración de Maduro, que, de acuerdo con las versiones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, incluiría un intento de magnicidio y atentados contra figuras relevantes del gobierno chavista.
Pero ahora esta suerte de «contraofensiva» comunicacional, disparada por el presunto complot develado, se ha difuminado por el asesinato del joven capitán Acosta Arévalo, que ha sido rotunda y ampliamente condenado en varios países e instancias multilaterales.
El diálogo sigue sobre la mesa y parece ser la prioridad del representante especial de la UE para la situación de Venezuela, Enrique Iglesias, quien estaría trabajando activamente con el gobierno de Noruega y diversos organismos internacionales para promover una mesa de diálogo rápidamente, porque existe la percepción de que la crisis humanitaria en el país puede escalar, y en el resto de América Latina hay alarma por el crecimiento de la emigración venezolana que, según la OEA, podría llegar a una cifra que oscila entre 5,2 y 5,6 millones de expatriados en 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020.
«La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en Colombia (1.3 millones), Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000). En términos absolutos, 4 naciones, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más del 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan el 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos», dice el informe de un grupo de trabajo coordinado por el ex alcalde exiliado, David Smolansky, que fue encargado por la Secretaría General de la OEA.
Este tema, más que cualquier situación de carácter interno, parece ser el detonante que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre la oposición que controla el parlamento y respalda al mandatario interino, Juan Guaidó, para que se abra un canal de diálogo que conduzca, tan pronto como sea posible, a un acuerdo que permita alcanzar alguna normalidad política e institucional que genere la gobernabilidad suficiente para aplicar un plan de recuperación económica.
Hasta ahora, señalan los dirigentes consultados, ambas partes están muy lejos de lograr un acuerdo.
