El Grupo de Lima invitó a un centenar de países a una conferencia internacional por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú, dijo el canciller de ese país, Néstor Popolizio.
«Hemos invitado a 100 países, a nivel de cancilleres, a una conferencia el 6 de agosto», indicó Popolizio sobre la reunión internacional que pone en marcha una decisión tomada en abril por el Grupo de Lima en Chile.
Entre los invitados se encuentran China, Rusia, Turquía y Cuba, países que «queremos sean parte de la solución y no profundicen el problema», abundó el canciller durante una conferencia de prensa con corresponsales de medios extranjeros.
Según Popolizio el propósito de la conferencia «es que por primera vez nos sentemos todos los países, que en alguna medida, tenemos una vinculación con lo que está pasando en Venezuela».
«No aceptamos el uso de la fuerza para Venezuela», afirmó sobre una solución «a la crisis política social y humanitaria».
«El propósito es buscar un punto de convergencia, establecer un diálogo creíble que apunte a que se convoque elecciones en Venezuela», insistió.
Ningún representante del gobierno venezolano o del líder opositor, Juan Guaidó, ha sido invitado.
Durante la última reunión del Grupo de Lima celebrada en Santiago el 15 de abril, el colectivo acordó «convocar en Lima a una Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de todos los Estados que respaldan la recuperación democrática en ese país».
Perú envió la invitaciones en nombre del Grupo de Lima por ser sede de la reunión: «Yo he firmado todas las invitaciones, han sido entregadas el viernes de la semana pasada».
El Grupo de Lima se creó en agosto de 2017 en la capital peruana para definir una postura común frente la crisis venezolana. Lo integran una docena de países latinoamericanos y Canadá.
El Grupo de Lima invitó a un centenar de países a una conferencia internacional por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú, dijo el canciller de ese país, Néstor Popolizio.
«Hemos invitado a 100 países, a nivel de cancilleres, a una conferencia el 6 de agosto», indicó Popolizio sobre la reunión internacional que pone en marcha una decisión tomada en abril por el Grupo de Lima en Chile.
Entre los invitados se encuentran China, Rusia, Turquía y Cuba, países que «queremos sean parte de la solución y no profundicen el problema», abundó el canciller durante una conferencia de prensa con corresponsales de medios extranjeros.
Según Popolizio el propósito de la conferencia «es que por primera vez nos sentemos todos los países, que en alguna medida, tenemos una vinculación con lo que está pasando en Venezuela».
«No aceptamos el uso de la fuerza para Venezuela», afirmó sobre una solución «a la crisis política social y humanitaria».
«El propósito es buscar un punto de convergencia, establecer un diálogo creíble que apunte a que se convoque elecciones en Venezuela», insistió.
Ningún representante del gobierno venezolano o del líder opositor, Juan Guaidó, ha sido invitado.
Durante la última reunión del Grupo de Lima celebrada en Santiago el 15 de abril, el colectivo acordó «convocar en Lima a una Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de todos los Estados que respaldan la recuperación democrática en ese país».
Perú envió la invitaciones en nombre del Grupo de Lima por ser sede de la reunión: «Yo he firmado todas las invitaciones, han sido entregadas el viernes de la semana pasada».
El Grupo de Lima se creó en agosto de 2017 en la capital peruana para definir una postura común frente la crisis venezolana. Lo integran una docena de países latinoamericanos y Canadá.
El esquema básico de la renegociación de la deuda pública externa que se plantea, para cuando «cese la usurpación», la administración interina de Juan Guaidó, ya está predefinido y destacan dos aspectos fundamentales: el primero es que el proceso será integral, sin excluir ninguna reclamación, y los términos financieros van a depender de la evaluación que haga el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las condiciones económicas del país.
«La renegociación de la deuda pública externa no será posible hasta que cese la usurpación de Nicolás Maduro y sean levantadas las sanciones internacionales impuestas al régimen. Así se desprende del memorando sobre los «Lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro», emitido por la oficina del Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández», dice una nota de la Asamblea Nacional.
El documento fue preparado en conjunto con Ricardo Hausmann, Gobernador de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo y Alejandro Grisanti, director de la Junta ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Asimismo, se contó con la asistencia de Lee Buchheit, el asesor estratégico del Gobierno venezolano en materia de deuda pública.
De la información suministrada se desprende que la Asamblea Nacional deberá aprobar una Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos, cuyo monto se estima en una cifra preliminar de 140.000 millones de dólares, de los cuales actualmente están en default poco más de 11.000 millones.
«Entre los lineamientos para esta renegociación destaca su carácter integral: la renegociación va a incluir a todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera en contra del sector público venezolano. Se explica que muchas de esas reclamaciones no se originaron dentro del marco tradicional de instrumentos de deuda que sirven de prueba de las obligaciones contraídas«.
«Así, las reclamaciones incluyen las que se relacionan con facturas impagas a suplidores y las reclamaciones por daños causados por las expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro. Por ello, en el documento se indica que: «…Las Autoridades desean aprovechar esta oportunidad para resolver el mayor número posible de reclamaciones privadas pendientes», continúa el boletín de la AN.
El segundo lineamiento tiene que ver con la reconciliación de las reclamaciones. En tal sentido, solo serán elegibles para participar las reclamaciones en moneda extranjera reconciliadas. Para tal fin, las autoridades designarán un agente para realizar ese proceso de reconciliación, de acuerdo con la legislación dictada por la Asamblea Nacional.
El documento señala que en muchos casos el proceso de reconciliación será directo y sencillo (bonos o préstamos que no fueron emitidos o contratados con montos significativos de descuento en su emisión o contratación). Asimismo, precisa que el monto reconciliado corresponderá al capital impago más los intereses acumulados de conformidad con los términos contractuales originales. (glasshousefarms.org)
En otros casos la investigación será más detallada, como en las reclamaciones cuyos valores nominales fueron inflados en el momento de la emisión, los instrumentos de deuda emitidos con montos significativos de descuento sobre el descuento original en su emisión, las reclamaciones con montos que requerirán discusiones entre las autoridades y el reclamante, las reclamaciones afectadas por denuncias de corrupción por parte de los funcionarios de los regímenes de Chávez y Maduro y otras categorías de reclamaciones dudosas.
El tercer lineamiento enunciado por la Procuraduría Especial es el trato igualitario. En tal sentido, como regla, no se dará trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen, a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público (la República, PDVSA o cualquier otro ente del sector público), independientemente de que la reclamación ya haya sido objeto de una decisión judicial, o de otra mecanismo similar.
Finalmente, el cuarto lineamiento indica que una vez se produzca el cese de la usurpación, las autoridades solicitarán la asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales con el objeto de atender la grave crisis humanitaria en Venezuela, así como para desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país.
«Las Autoridades reconocen que el diseño de un programa de recuperación económica para un país en las condiciones en las que se encuentra Venezuela será un reto de gran magnitud y un trabajo intensivo que requerirá mucho tiempo. Se espera que el referido programa incluya una proyección sobre los requerimientos del nivel de deuda y el servicio asociado a esta deuda que el país pueda honrar en los años venideros».
En tal sentido, en la comunicación se explica que los términos financieros de la renegociación de las reclamaciones denominadas en moneda extranjera deberán esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país.
El esquema básico de la renegociación de la deuda pública externa que se plantea, para cuando «cese la usurpación», la administración interina de Juan Guaidó, ya está predefinido y destacan dos aspectos fundamentales: el primero es que el proceso será integral, sin excluir ninguna reclamación, y los términos financieros van a depender de la evaluación que haga el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las condiciones económicas del país.
«La renegociación de la deuda pública externa no será posible hasta que cese la usurpación de Nicolás Maduro y sean levantadas las sanciones internacionales impuestas al régimen. Así se desprende del memorando sobre los «Lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro», emitido por la oficina del Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández», dice una nota de la Asamblea Nacional.
El documento fue preparado en conjunto con Ricardo Hausmann, Gobernador de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo y Alejandro Grisanti, director de la Junta ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Asimismo, se contó con la asistencia de Lee Buchheit, el asesor estratégico del Gobierno venezolano en materia de deuda pública.
De la información suministrada se desprende que la Asamblea Nacional deberá aprobar una Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos, cuyo monto se estima en una cifra preliminar de 140.000 millones de dólares, de los cuales actualmente están en default poco más de 11.000 millones.
«Entre los lineamientos para esta renegociación destaca su carácter integral: la renegociación va a incluir a todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera en contra del sector público venezolano. Se explica que muchas de esas reclamaciones no se originaron dentro del marco tradicional de instrumentos de deuda que sirven de prueba de las obligaciones contraídas«.
«Así, las reclamaciones incluyen las que se relacionan con facturas impagas a suplidores y las reclamaciones por daños causados por las expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro. Por ello, en el documento se indica que: «…Las Autoridades desean aprovechar esta oportunidad para resolver el mayor número posible de reclamaciones privadas pendientes», continúa el boletín de la AN.
El segundo lineamiento tiene que ver con la reconciliación de las reclamaciones. En tal sentido, solo serán elegibles para participar las reclamaciones en moneda extranjera reconciliadas. Para tal fin, las autoridades designarán un agente para realizar ese proceso de reconciliación, de acuerdo con la legislación dictada por la Asamblea Nacional.
El documento señala que en muchos casos el proceso de reconciliación será directo y sencillo (bonos o préstamos que no fueron emitidos o contratados con montos significativos de descuento en su emisión o contratación). Asimismo, precisa que el monto reconciliado corresponderá al capital impago más los intereses acumulados de conformidad con los términos contractuales originales. (glasshousefarms.org)
En otros casos la investigación será más detallada, como en las reclamaciones cuyos valores nominales fueron inflados en el momento de la emisión, los instrumentos de deuda emitidos con montos significativos de descuento sobre el descuento original en su emisión, las reclamaciones con montos que requerirán discusiones entre las autoridades y el reclamante, las reclamaciones afectadas por denuncias de corrupción por parte de los funcionarios de los regímenes de Chávez y Maduro y otras categorías de reclamaciones dudosas.
El tercer lineamiento enunciado por la Procuraduría Especial es el trato igualitario. En tal sentido, como regla, no se dará trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen, a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público (la República, PDVSA o cualquier otro ente del sector público), independientemente de que la reclamación ya haya sido objeto de una decisión judicial, o de otra mecanismo similar.
Finalmente, el cuarto lineamiento indica que una vez se produzca el cese de la usurpación, las autoridades solicitarán la asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales con el objeto de atender la grave crisis humanitaria en Venezuela, así como para desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país.
«Las Autoridades reconocen que el diseño de un programa de recuperación económica para un país en las condiciones en las que se encuentra Venezuela será un reto de gran magnitud y un trabajo intensivo que requerirá mucho tiempo. Se espera que el referido programa incluya una proyección sobre los requerimientos del nivel de deuda y el servicio asociado a esta deuda que el país pueda honrar en los años venideros».
En tal sentido, en la comunicación se explica que los términos financieros de la renegociación de las reclamaciones denominadas en moneda extranjera deberán esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país.
Como parte de su nueva estrategia de focalizar su producción en crudos mezclados, especialmente el Merey 16, Pdvsa ofreció una rebaja de 10 puntos porcentuales de la regalía por barril de crudo producido a la estadounidense Chevron, a fin de conseguir que la corporación no liquide su participación de 30% en la empresa mixta Petropiar, en la Faja del Orinoco, después de este 27 de julio, segun indica una nota de ArgusMedia.
La agencia especializada señala que Chevrón debe suspender sus negocios con Pdvsa antes del 27 para no exponerse a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que ese día vence la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ha permitido mantener su presencia en el país.
En consecuencia, la regalía quedaría para Chevron en 20%, lo que, según un funcionario de Pdvsa consultado por Argus, seria un excelente negocio, porque la empresa tendría que hacer una inversión mínima en la reconversión del mejorador, y pagaría un tributo menor por barril extraído.
En teoría, Petropiar produciría 170.000 barriles diarios de crudo de 16 grados API, como resultado de mezclar 120.000 barriles de petróleo extrapesado de entre 8 y 10 grados con 50.000 barriles de liviano, cuya obtención significa, por cierto, un problema grave para Pdvsa.
Como parte de su nueva estrategia de focalizar su producción en crudos mezclados, especialmente el Merey 16, Pdvsa ofreció una rebaja de 10 puntos porcentuales de la regalía por barril de crudo producido a la estadounidense Chevron, a fin de conseguir que la corporación no liquide su participación de 30% en la empresa mixta Petropiar, en la Faja del Orinoco, después de este 27 de julio, segun indica una nota de ArgusMedia.
La agencia especializada señala que Chevrón debe suspender sus negocios con Pdvsa antes del 27 para no exponerse a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que ese día vence la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ha permitido mantener su presencia en el país.
En consecuencia, la regalía quedaría para Chevron en 20%, lo que, según un funcionario de Pdvsa consultado por Argus, seria un excelente negocio, porque la empresa tendría que hacer una inversión mínima en la reconversión del mejorador, y pagaría un tributo menor por barril extraído.
En teoría, Petropiar produciría 170.000 barriles diarios de crudo de 16 grados API, como resultado de mezclar 120.000 barriles de petróleo extrapesado de entre 8 y 10 grados con 50.000 barriles de liviano, cuya obtención significa, por cierto, un problema grave para Pdvsa.
El abogado tributarista Leonardo Palacios calificó de «bulldozer» que intentar terminar de arrasar con lo que queda de la propiedad privada en el país, así como con cualquier posibilidad de estímulo a la inversión y la productividad.
En un hilo en su cuenta de Twitter, Palacios desglosa la variedad de vicios constitucionales y legales que contiene la Ley que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un parlamento pro gubernamental que reivindica la condición supra constitucional, pero que ejerce funciones legislativas ordinarias que corresponden a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Según el jurista, este impuesto presenta los siguientes vicios:
– «No hay legitimidad de origen, la ANC no es competente para legislar y luego no fue objeto de consulta Se violaron principios de representación y, por tanto, de autoimposición».
– «La Ley de ANC (no debemos llamarla constitucional) viola el artículo 156.13 de la Constitución, ya que no armoniza con los tratados de doble imposición ni con las disposiones internas en materia de establecimiento permanente».
– «La ANC viola principios de legalidad, representación y seguridad jurídica al facultar al Ejecutivo Nacional a modificar la alícuota impositiva por Decreto y no en Ley de Presupuesto. Desconoce legitimidad de origen .@AsambleaVE y usurpa funciones legislativas».
– «Ley de la ANC del Impuesto al Patrimonio viola un principio rector sistema tributario venezolano: consulta a la capacidad económica (artículo 133 CR) al establecer que la exacción (exigencia funeraria no ajustada a los principios constitucionales) no es deducible del ISLR».
– La exención para «bienes y derechos de propiedad comunal, en términos establecidos en el Reglamento que se dicte al respecto», evidencia desdén por los municipio y muestra el afán de imponer el Estado Socialista Comunal.
– «El principio de legalidad es una garantía para la propiedad y no una concesión graciosa, es un derecho fundamental que la Ley de la ANC conculca». La Administración Tributaria no puede dictar normas para actualizar el valor de los bienes.
– «La tributación en un verdadero Estado de Derecho responde a la ecuación tributo= democracia (representación + autoimposición) + propiedad + libertad. Una variable que falte la convierte en exacción, en apoderamiento de la propiedad».
– «Si aceptamos procedencia ética como fundamento del impuesto democrático, ¿cual tendrá este impuesto al patrimonio de la ANC, cuando promueve la inflación, es un impuesto regresivo e injusto, al pervertir el sistema de corrección por Unidad Tributaria y eliminar sistema de ajuste por inflación?»
– «No me vengan con el cuento que el impuesto existe otros países. Es verdad, pero en la mayoría donde existe se respetan los derechos fundamentales del contribuyente, este recibe protección y servicios del Estado».
– «El impuesto de la ANC no esta armonizado ni con el ISLR ni con el impuesto inmobiliario urbano, ni con el impuesto a las tierras ociosas. La fiscalidad inmobiliaria debe ser razonable y para ello debe ser objeto de armonización».
La norma aprobada por la ANC, en su versión original, carece de exposición de motivos, de precisiones conceptuales y se aprobó sin discusión artículo por artículo, por lo que ni siquiera existe un registro de debate que pudiera apoyar cualquier interpretación de la ley.
El abogado tributarista Leonardo Palacios calificó de «bulldozer» que intentar terminar de arrasar con lo que queda de la propiedad privada en el país, así como con cualquier posibilidad de estímulo a la inversión y la productividad.
En un hilo en su cuenta de Twitter, Palacios desglosa la variedad de vicios constitucionales y legales que contiene la Ley que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un parlamento pro gubernamental que reivindica la condición supra constitucional, pero que ejerce funciones legislativas ordinarias que corresponden a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Según el jurista, este impuesto presenta los siguientes vicios:
– «No hay legitimidad de origen, la ANC no es competente para legislar y luego no fue objeto de consulta Se violaron principios de representación y, por tanto, de autoimposición».
– «La Ley de ANC (no debemos llamarla constitucional) viola el artículo 156.13 de la Constitución, ya que no armoniza con los tratados de doble imposición ni con las disposiones internas en materia de establecimiento permanente».
– «La ANC viola principios de legalidad, representación y seguridad jurídica al facultar al Ejecutivo Nacional a modificar la alícuota impositiva por Decreto y no en Ley de Presupuesto. Desconoce legitimidad de origen .@AsambleaVE y usurpa funciones legislativas».
– «Ley de la ANC del Impuesto al Patrimonio viola un principio rector sistema tributario venezolano: consulta a la capacidad económica (artículo 133 CR) al establecer que la exacción (exigencia funeraria no ajustada a los principios constitucionales) no es deducible del ISLR».
– La exención para «bienes y derechos de propiedad comunal, en términos establecidos en el Reglamento que se dicte al respecto», evidencia desdén por los municipio y muestra el afán de imponer el Estado Socialista Comunal.
– «El principio de legalidad es una garantía para la propiedad y no una concesión graciosa, es un derecho fundamental que la Ley de la ANC conculca». La Administración Tributaria no puede dictar normas para actualizar el valor de los bienes.
– «La tributación en un verdadero Estado de Derecho responde a la ecuación tributo= democracia (representación + autoimposición) + propiedad + libertad. Una variable que falte la convierte en exacción, en apoderamiento de la propiedad».
– «Si aceptamos procedencia ética como fundamento del impuesto democrático, ¿cual tendrá este impuesto al patrimonio de la ANC, cuando promueve la inflación, es un impuesto regresivo e injusto, al pervertir el sistema de corrección por Unidad Tributaria y eliminar sistema de ajuste por inflación?»
– «No me vengan con el cuento que el impuesto existe otros países. Es verdad, pero en la mayoría donde existe se respetan los derechos fundamentales del contribuyente, este recibe protección y servicios del Estado».
– «El impuesto de la ANC no esta armonizado ni con el ISLR ni con el impuesto inmobiliario urbano, ni con el impuesto a las tierras ociosas. La fiscalidad inmobiliaria debe ser razonable y para ello debe ser objeto de armonización».
La norma aprobada por la ANC, en su versión original, carece de exposición de motivos, de precisiones conceptuales y se aprobó sin discusión artículo por artículo, por lo que ni siquiera existe un registro de debate que pudiera apoyar cualquier interpretación de la ley.
La situación de los servicios públicos en el país pasa de una crisis a una emergencia y en el Zulia principalmente es una catástrofe, luego que explotara la subestación Miranda en Maracaibo, precisamente producto de la negligencia y corrupción del régimen usurpador de Nicolás Maduro y el regional de Omar Prieto.
Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, al término de la reunión ordinaria de la instancia parlamentaria, donde trataron el tema de la crisis eléctrica en el estado Zulia, así como la emergencia que hay en todo el país por la falta de gas y el caso de la escasez de gasolina en el Estado Amazonas, cuya entidad lleva más de 5 días sin combustible, por lo que se encuentra paralizada.
Explicó la diputada Bracho que la explosión de las sub estaciones no solo en el Zulia sino en las diferentes regiones del país es producto de la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de personal especializado que atienda el sistema eléctrico del país. Esta situación, dijo, dejan en la oscurana a los venezolanos que son los que sufren la desidia de este régimen.
“A partir del 07 de marzo salieron 5 mil empleados del sector eléctrico, porque no soportan la persecución por parte del régimen contra los trabajadores que los acusan de saboteo, además de la situación de los salarios que no les alcanza para comer y vivir dignamente”.
Aseguró que no existe saboteo contra el sistema eléctrico del país, sino que los recursos para invertir en el mejoramiento y modernización del sector eléctrico han sido desviados por parte del régimen, asegurando que la corrupción es la única culpable de este problema.
“Son nueve las sub estaciones que han explotado en el Zulia, lo que representa la desidia, la corrupción en el sistema eléctrico nacional. Este régimen ha hecho un mal manejo de las políticas públicas que deberían redundar en la nueva calidad del servicio, pero que hoy estamos padeciendo los venezolanos. Con las lluvias se han agudizado los cortes de luz en los estados Mérida, Táchira, Falcón, Apure, Trujillo, Zulia que ha sido la entidad más afectada, llevamos años con esta crisis y ahora estamos en una catástrofe humanitaria, incluso la gran Caracas, hoy día, está padeciendo del vaivén del sistema eléctrico del país”.
La inflación en Venezuela se está comiendo hasta el dólar
Al referirse a la situación de la falta de gas doméstico lamentó la agresión sufrida por parte de un funcionario de la PNB, contra el niño de 16 años, Rufo Antonio Parada, quien quedó ciego y desfigurado luego de recibir un disparo de perdigones en su cara, simplemente por estar protestando pacíficamente por no tener servicio de gas.
“El 80 por ciento de la nación recibe el servicio de gas por bombonas y en estos momentos los venezolanos no tienen este servicio; por una parte, porque se ha convertido en un arma de extorción y humillación del régimen si no eres de la comandita roja rojita, eso es lo que vive toda Venezuela; por la otra, no se está produciendo gas, siendo un país petrolero”.
Agregó que en parte del estado Miranda y en Caracas se vive en una burbuja que en cualquier momento estalla, en muchos sectores ya está fallando la luz, el gas y sobre todo el agua. “De manera que Venezuela está viviendo es una gran catástrofe de los servicios públicos, porque no hay, luz, agua, gas, transporte y comunicaciones, esto aunado la falta de medicamentos, asistencia a la salud y alimentos porque estamos viviendo en una economía totalmente dolarizada”.
Dijo que por ejemplo en el Zulia ya los comercios no están aceptando el billete de un dólar, las compras las están haciendo de 5 dólares en adelante. “Lo que alegan los comercios es que el bolívar no vale nada, porque la economía y la inflación en Venezuela se está comiendo hasta el dólar”.
La situación de los servicios públicos en el país pasa de una crisis a una emergencia y en el Zulia principalmente es una catástrofe, luego que explotara la subestación Miranda en Maracaibo, precisamente producto de la negligencia y corrupción del régimen usurpador de Nicolás Maduro y el regional de Omar Prieto.
Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, al término de la reunión ordinaria de la instancia parlamentaria, donde trataron el tema de la crisis eléctrica en el estado Zulia, así como la emergencia que hay en todo el país por la falta de gas y el caso de la escasez de gasolina en el Estado Amazonas, cuya entidad lleva más de 5 días sin combustible, por lo que se encuentra paralizada.
Explicó la diputada Bracho que la explosión de las sub estaciones no solo en el Zulia sino en las diferentes regiones del país es producto de la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de personal especializado que atienda el sistema eléctrico del país. Esta situación, dijo, dejan en la oscurana a los venezolanos que son los que sufren la desidia de este régimen.
“A partir del 07 de marzo salieron 5 mil empleados del sector eléctrico, porque no soportan la persecución por parte del régimen contra los trabajadores que los acusan de saboteo, además de la situación de los salarios que no les alcanza para comer y vivir dignamente”.
Aseguró que no existe saboteo contra el sistema eléctrico del país, sino que los recursos para invertir en el mejoramiento y modernización del sector eléctrico han sido desviados por parte del régimen, asegurando que la corrupción es la única culpable de este problema.
“Son nueve las sub estaciones que han explotado en el Zulia, lo que representa la desidia, la corrupción en el sistema eléctrico nacional. Este régimen ha hecho un mal manejo de las políticas públicas que deberían redundar en la nueva calidad del servicio, pero que hoy estamos padeciendo los venezolanos. Con las lluvias se han agudizado los cortes de luz en los estados Mérida, Táchira, Falcón, Apure, Trujillo, Zulia que ha sido la entidad más afectada, llevamos años con esta crisis y ahora estamos en una catástrofe humanitaria, incluso la gran Caracas, hoy día, está padeciendo del vaivén del sistema eléctrico del país”.
La inflación en Venezuela se está comiendo hasta el dólar
Al referirse a la situación de la falta de gas doméstico lamentó la agresión sufrida por parte de un funcionario de la PNB, contra el niño de 16 años, Rufo Antonio Parada, quien quedó ciego y desfigurado luego de recibir un disparo de perdigones en su cara, simplemente por estar protestando pacíficamente por no tener servicio de gas.
“El 80 por ciento de la nación recibe el servicio de gas por bombonas y en estos momentos los venezolanos no tienen este servicio; por una parte, porque se ha convertido en un arma de extorción y humillación del régimen si no eres de la comandita roja rojita, eso es lo que vive toda Venezuela; por la otra, no se está produciendo gas, siendo un país petrolero”.
Agregó que en parte del estado Miranda y en Caracas se vive en una burbuja que en cualquier momento estalla, en muchos sectores ya está fallando la luz, el gas y sobre todo el agua. “De manera que Venezuela está viviendo es una gran catástrofe de los servicios públicos, porque no hay, luz, agua, gas, transporte y comunicaciones, esto aunado la falta de medicamentos, asistencia a la salud y alimentos porque estamos viviendo en una economía totalmente dolarizada”.
Dijo que por ejemplo en el Zulia ya los comercios no están aceptando el billete de un dólar, las compras las están haciendo de 5 dólares en adelante. “Lo que alegan los comercios es que el bolívar no vale nada, porque la economía y la inflación en Venezuela se está comiendo hasta el dólar”.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles la creación de taquillas en todas las sedes del Banco de Venezuela para que se realicen transacciones en petro y criptomonedas.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la sede del Banco de Venezuela – ubicada en la Esquina Sociedad, Avenida Universidad, Caracas–, el jefe de Estado indicó que en este proceso debe integrarse la Superintendencia de Criptomonedas, con el fin de que los bancos públicos – y posteriormente la banca privada – “tengan su servicio bancario en petro y criptomonedas”.
“Ese es el mundo nuevo que debemos abrir camino (…) Eso lo podemos hacer desde Venezuela. Y el mundo nos observa y otros países que han dado primeros pasos de monedas apoyadas en oro, en petróleo”, expresó el Mandatario Nacional durante la celebración del décimo aniversario de la nacionalización del Banco de Venezuela.
En este sentido, señaló que este sistema financiero podrá hacerle frente al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, que ha dejado pérdidas millonarias a la nación.
“Que las criptomonedas se democraticen en el mundo ante tanta barbarie de sanciones, bloqueos y persecución financiera”, aseveró el mandatario venezolano.
En octubre pasado, el Gobierno Nacional activó el sitio en Internet www.petro.gob.ve para que los usuarios puedan transar con la moneda digital El Petro, a través de esta plataforma. En febrero del año pasado, el presidente Nicolás Maduro lanzó la criptomoneda petro, respaldada por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles la creación de taquillas en todas las sedes del Banco de Venezuela para que se realicen transacciones en petro y criptomonedas.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la sede del Banco de Venezuela – ubicada en la Esquina Sociedad, Avenida Universidad, Caracas–, el jefe de Estado indicó que en este proceso debe integrarse la Superintendencia de Criptomonedas, con el fin de que los bancos públicos – y posteriormente la banca privada – “tengan su servicio bancario en petro y criptomonedas”.
“Ese es el mundo nuevo que debemos abrir camino (…) Eso lo podemos hacer desde Venezuela. Y el mundo nos observa y otros países que han dado primeros pasos de monedas apoyadas en oro, en petróleo”, expresó el Mandatario Nacional durante la celebración del décimo aniversario de la nacionalización del Banco de Venezuela.
En este sentido, señaló que este sistema financiero podrá hacerle frente al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, que ha dejado pérdidas millonarias a la nación.
“Que las criptomonedas se democraticen en el mundo ante tanta barbarie de sanciones, bloqueos y persecución financiera”, aseveró el mandatario venezolano.
En octubre pasado, el Gobierno Nacional activó el sitio en Internet www.petro.gob.ve para que los usuarios puedan transar con la moneda digital El Petro, a través de esta plataforma. En febrero del año pasado, el presidente Nicolás Maduro lanzó la criptomoneda petro, respaldada por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles la creación de 25 taquillas del Banco de Venezuela a nivel nacional para el canje de divisas por bolívares.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la sede del Banco de Venezuela – ubicada en la Esquina Sociedad, Avenida Universidad, Caracas–, el jefe de Estado indicó que estas taquillas deben contar con atención personalizada para todos los clientes.
En este sentido, el presidente de la institución, José Javier Morales, indicó que el Banco de Venezuela cuenta con un agencia en cada estado del país, así como aseveró que “la meta es que en todas las oficinas al cierre del año puedan hacer este tipo de transacciones”.
El pasado mes de mayo, el Banco Central de Venezuela autorizó a las instituciones financieras tanto públicas como privadas a actuar como operadores cambiarios en el sistema del mercado de divisas, así como autorizó las transacciones interbancarias y las operaciones de compra y venta en moneda extranjera para las personas naturales y/o jurídicas.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles la creación de 25 taquillas del Banco de Venezuela a nivel nacional para el canje de divisas por bolívares.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la sede del Banco de Venezuela – ubicada en la Esquina Sociedad, Avenida Universidad, Caracas–, el jefe de Estado indicó que estas taquillas deben contar con atención personalizada para todos los clientes.
En este sentido, el presidente de la institución, José Javier Morales, indicó que el Banco de Venezuela cuenta con un agencia en cada estado del país, así como aseveró que “la meta es que en todas las oficinas al cierre del año puedan hacer este tipo de transacciones”.
El pasado mes de mayo, el Banco Central de Venezuela autorizó a las instituciones financieras tanto públicas como privadas a actuar como operadores cambiarios en el sistema del mercado de divisas, así como autorizó las transacciones interbancarias y las operaciones de compra y venta en moneda extranjera para las personas naturales y/o jurídicas.
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo del Estado Mayor Eléctrico, donde se estudiaron los diferentes mecanismos que permitirán avanzar en el mantenimiento y recuperación de este sector en el país.
El encuentro sirvió para establecer planes estratégicos para sensibilizar a los venezolanos y venezolanas con respecto al uso racional y eficiente de la energía eléctrica en toda la nación, como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano en la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En compañía del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Freddy Brito, entre otros integrantes del Gabinete de Gobierno, la Vicepresidenta Ejecutiva y las autoridades conversaron además sobre el llamado hacia todos los sectores de la Patria para trabajar de manera mancomunada por continuar optimizando el SEN.
Recordemos que el Estado Mayor Eléctrico trabaja incansablemente para ofrecer un mejor servicio de electricidad a la población, con el objetivo principal de edificar, consolidar y construir un nuevo sistema blindado ante las agresiones multiformes imperiales que han afectado el buen vivir del pueblo.
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo del Estado Mayor Eléctrico, donde se estudiaron los diferentes mecanismos que permitirán avanzar en el mantenimiento y recuperación de este sector en el país.
El encuentro sirvió para establecer planes estratégicos para sensibilizar a los venezolanos y venezolanas con respecto al uso racional y eficiente de la energía eléctrica en toda la nación, como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano en la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En compañía del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Freddy Brito, entre otros integrantes del Gabinete de Gobierno, la Vicepresidenta Ejecutiva y las autoridades conversaron además sobre el llamado hacia todos los sectores de la Patria para trabajar de manera mancomunada por continuar optimizando el SEN.
Recordemos que el Estado Mayor Eléctrico trabaja incansablemente para ofrecer un mejor servicio de electricidad a la población, con el objetivo principal de edificar, consolidar y construir un nuevo sistema blindado ante las agresiones multiformes imperiales que han afectado el buen vivir del pueblo.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos aparentemente han generado una situación extremadamente complicada en Pdvsa, la cual no se conoce por vías institucionales, sino que se filtra por retazos en medios internacionales.
De acuerdo con una publicación de Bloomberg, la empresa estatal venezolana se propone centrar la producción en el Merey, un petróleo extrapesado mezclado con liviano para obtener un producto de 16 grados API, que sigue siendo pesado, pero que se comercializa bien en mercados asiáticos, especialmente en China.
Al parecer, la intención de la empresa es declarar inactivos a al menos 20 yacimientos de la Faja Petrolera del Orinoco y focalizar la actividad en 13 pozos, en función de extraer unos 800.000 barriles diarios de la Faja, distribuidos en 247.000 barriles diarios de petróleo crudo diluido (DCO, por sus siglas en inglés) y 552.000 de Merey 16.
La situación es tan compleja que, además, según Bloomberg, Pdvsa se propone reutilizar la Nafta para extraer mayor volumen de DCO. Las empresas socias de la petrolera estatal están, aparentemente, alineadas con esta nueva estrategia.
Este lunes 1 de julio, Reuters publicó una nota que afirmaba que Pdvsa va a dejar de producir crudo mejorado, una variedad que se ajusta a los requerimientos de las refinerías en Estados Unidos, por muchos años clientes de alto valor para Pdvsa.
Expertos consultados por Banca y Negocios, vinculados al sector petrolero, sostienen que más que un plan para responder a las sanciones estadounidenses, parece una estrategia destinada a garantizar el crudo que necesita China para cobrar su factura pendiente, y tratar de asegurar algún ingreso fiscal en una coyuntura crítica, sin tomar en cuenta el impacto que estas decisiones puedan tener sobre la industria, en caso de que hubiera que recuperarla.
Las fuentes consultadas señalan que la Nafta y los crudos muy livianos, de 40 grados API, para poder procesar el petróleo extrapesado y llevar la mezcla a 16 grados son más costosos que el producto final, por lo que no tendría ninguna racionalidad económica utilizar petróleo liviano local o importarlo para convertir los mejoradores en mezcladoras y sacar un crudo pesado como saldo definitivo.
De hecho, el crudo Merey es uno de los productos que reduce el precio promedio de la cesta Opep, porque es un petróleo de calidad inferior.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos aparentemente han generado una situación extremadamente complicada en Pdvsa, la cual no se conoce por vías institucionales, sino que se filtra por retazos en medios internacionales.
De acuerdo con una publicación de Bloomberg, la empresa estatal venezolana se propone centrar la producción en el Merey, un petróleo extrapesado mezclado con liviano para obtener un producto de 16 grados API, que sigue siendo pesado, pero que se comercializa bien en mercados asiáticos, especialmente en China.
Al parecer, la intención de la empresa es declarar inactivos a al menos 20 yacimientos de la Faja Petrolera del Orinoco y focalizar la actividad en 13 pozos, en función de extraer unos 800.000 barriles diarios de la Faja, distribuidos en 247.000 barriles diarios de petróleo crudo diluido (DCO, por sus siglas en inglés) y 552.000 de Merey 16.
La situación es tan compleja que, además, según Bloomberg, Pdvsa se propone reutilizar la Nafta para extraer mayor volumen de DCO. Las empresas socias de la petrolera estatal están, aparentemente, alineadas con esta nueva estrategia.
Este lunes 1 de julio, Reuters publicó una nota que afirmaba que Pdvsa va a dejar de producir crudo mejorado, una variedad que se ajusta a los requerimientos de las refinerías en Estados Unidos, por muchos años clientes de alto valor para Pdvsa.
Expertos consultados por Banca y Negocios, vinculados al sector petrolero, sostienen que más que un plan para responder a las sanciones estadounidenses, parece una estrategia destinada a garantizar el crudo que necesita China para cobrar su factura pendiente, y tratar de asegurar algún ingreso fiscal en una coyuntura crítica, sin tomar en cuenta el impacto que estas decisiones puedan tener sobre la industria, en caso de que hubiera que recuperarla.
Las fuentes consultadas señalan que la Nafta y los crudos muy livianos, de 40 grados API, para poder procesar el petróleo extrapesado y llevar la mezcla a 16 grados son más costosos que el producto final, por lo que no tendría ninguna racionalidad económica utilizar petróleo liviano local o importarlo para convertir los mejoradores en mezcladoras y sacar un crudo pesado como saldo definitivo.
De hecho, el crudo Merey es uno de los productos que reduce el precio promedio de la cesta Opep, porque es un petróleo de calidad inferior.
La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos Medicinales, Cosméticos y Perfumería (Fetrameco) solicitó ante la Inspectoría del Trabajo la intervención de la planta de producción de medicamentos de Bayer, que fue cerrada por la empresa como respuesta a la situación de depresión económica que vive el país.
Por otra parte, este gremio presentó una denuncia formal ante el Ministerio del Trabajo por el presunto cierre «ilegal» de la instalación, por lo que el gobierno está evaluando si procede la intervención de la planta, en función de reanudar sus operaciones.
De acuerdo con una nota publicada en el portal Aporrea.org, la opinión de la organización sindical, a través de su secretario general, Avilio Echenique, es que la nueva estrategia de la corporación alemana de permanecer en el mercado nacional, a través de la importación de sus productos, va en contra «de las políticas de producción nacional».
Como se dijo en la oportunidad en que la empresa confirmó el cese de su planta en Caracas, la decisión afectó a unos 200 trabajadores, mientras el mismo sindicato reconoció que estaba funcionando a apenas una fracción mínima de su capacidad operativa.
En sus declaraciones a Aporrea.org, Echenique señala que la planta de Bayer está dotada con tecnología de punta para producir una variada gama de medicamentos.
Según se pudo conocer a través de fuentes de la empresa, la decisión de suspender la actividad productiva en Venezuela estaba pendiente desde el año pasado, pero la expectativa de un cambio político la puso en suspenso.
Bayer tiene una presencia centenaria en Venezuela; sin embargo, abrió operaciones directas en el país en 1950 cuando fundó su filial Laboratorios Bayer.
La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos Medicinales, Cosméticos y Perfumería (Fetrameco) solicitó ante la Inspectoría del Trabajo la intervención de la planta de producción de medicamentos de Bayer, que fue cerrada por la empresa como respuesta a la situación de depresión económica que vive el país.
Por otra parte, este gremio presentó una denuncia formal ante el Ministerio del Trabajo por el presunto cierre «ilegal» de la instalación, por lo que el gobierno está evaluando si procede la intervención de la planta, en función de reanudar sus operaciones.
De acuerdo con una nota publicada en el portal Aporrea.org, la opinión de la organización sindical, a través de su secretario general, Avilio Echenique, es que la nueva estrategia de la corporación alemana de permanecer en el mercado nacional, a través de la importación de sus productos, va en contra «de las políticas de producción nacional».
Como se dijo en la oportunidad en que la empresa confirmó el cese de su planta en Caracas, la decisión afectó a unos 200 trabajadores, mientras el mismo sindicato reconoció que estaba funcionando a apenas una fracción mínima de su capacidad operativa.
En sus declaraciones a Aporrea.org, Echenique señala que la planta de Bayer está dotada con tecnología de punta para producir una variada gama de medicamentos.
Según se pudo conocer a través de fuentes de la empresa, la decisión de suspender la actividad productiva en Venezuela estaba pendiente desde el año pasado, pero la expectativa de un cambio político la puso en suspenso.
Bayer tiene una presencia centenaria en Venezuela; sin embargo, abrió operaciones directas en el país en 1950 cuando fundó su filial Laboratorios Bayer.
