Mientras en las filas de los partidos democráticos se amplía cada vez más el consenso en torno a la necesidad de una salida negociada al conflicto institucional venezolano, en el oficialismo se alzan voces que ven las conversaciones, con mediación del gobierno noruego, como algo cercano a una claudicación innecesaria.
De ahí las señales contradictorias. Por un lado, el máximo jefe formal del Psuv y presidente de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que no habría elecciones presidenciales adelantadas, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que cualquier acuerdo con la oposición pasa por un «cronograma electoral», en una entrevista con el portal Resumen del Sur, versionada por la agencia gubernamental AVN.
Por lo pronto, el chavismo parece haber abandonado la idea de convocar elecciones adelantadas del parlamento. El propio Cabello dijo que la AN debía ser renovada en 2020, como lo pauta la Constitución, pero el presidente del Legislativo, Juan Guaidó, dejó claro, por su parte, que no aceptaría comicios antes de diciembre.
Varias agencias internacionales, como Bloomberg y Argus Media, sostienen que el oficialismo y la oposición habrían convenido en la necesidad de una solución electoral en Barbados y se habría avanzado en un cronograma de nueve meses para unas presidenciales sin Nicolás Maduro como candidato.
Este lunes 15 de julio está previsto que se reinicie el «mecanismo» de diálogo, con el arbitraje del gobierno de Noruega. Ambas representaciones acordaron realizar consultas internas antes de seguir negociando y el rumbo de esta nueva ronda de conversaciones dependerá de cómo encajen ambos sectores los resultados preliminares de Barbados.
En la oposición predomina la desconfianza, pero ha avanzado la posición de seguir dialogando. Estados Unidos recibió un reporte completo de las conversaciones, indican fuentes de partidos opositores consultadas por Banca y Negocios y la posición de la administración Trump es mantenerse en el proceso, sin abandonar la presión.
En el chavismo la situación es más complicada, aparentemente. No hay consenso, y Cabello parece ser el abanderado de los que no quieren un acuerdo que suponga elecciones presidenciales; en principio, porque entienden que no tienen muchas posibilidades de ganarlas y, además, consideran que, en último caso, Estados Unidos debe hacer gestos de «buena voluntad» previos, como levantar las sanciones a Pdvsa.
El primer paso sería que el gobierno de Donald Trump no impidiera a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, pero el sector «duro» del chavismo no espera que eso ocurra, y si no ocurre, se reforzará su posición.
Héctor Rodríguez, por otra parte, se ha convertido en el defensor más visible de las conversaciones y de un eventual acuerdo. Algunos dirán que, en principio, porque un pacto le daría la posibilidad de ser el candidato oficialista a suceder a Maduro.
Lo que sí está claro, cuentan tres dirigentes del sector gubernamental consultados, es que la economía preocupa mucho y es el único aliciente que existe para negociar. Por supuesto, ni extraoficialmente estas fuentes reconocen que en el sector militar también habría una amplia mayoría en favor de negociar para alcanzar un acuerdo que permita normalizar al país.
La dirigencia del Psuv demanda de los negociadores un cronograma de levantamiento de las sanciones, porque esa debe ser la prioridad «ante el daño que están causando a todo el país», señala uno de los consultados. «Sin levantamiento de las sanciones no puede haber ningún tipo de acuerdo», advierte otra de las fuentes políticas.
Maduro insiste públicamente en seguir negociando. ¿Será Héctor Rodríguez la «esperanza blanca» del chavismo en unas eventuales elecciones presidenciales? Hasta ahora, eso no es más que una especulación, pero desde hace tiempo se viene «vendiendo» la idea de que el gobernador sería una buena opción para liderar una alternativa de «renovación» en el chavismo.
Mientras en las filas de los partidos democráticos se amplía cada vez más el consenso en torno a la necesidad de una salida negociada al conflicto institucional venezolano, en el oficialismo se alzan voces que ven las conversaciones, con mediación del gobierno noruego, como algo cercano a una claudicación innecesaria.
De ahí las señales contradictorias. Por un lado, el máximo jefe formal del Psuv y presidente de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que no habría elecciones presidenciales adelantadas, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que cualquier acuerdo con la oposición pasa por un «cronograma electoral», en una entrevista con el portal Resumen del Sur, versionada por la agencia gubernamental AVN.
Por lo pronto, el chavismo parece haber abandonado la idea de convocar elecciones adelantadas del parlamento. El propio Cabello dijo que la AN debía ser renovada en 2020, como lo pauta la Constitución, pero el presidente del Legislativo, Juan Guaidó, dejó claro, por su parte, que no aceptaría comicios antes de diciembre.
Varias agencias internacionales, como Bloomberg y Argus Media, sostienen que el oficialismo y la oposición habrían convenido en la necesidad de una solución electoral en Barbados y se habría avanzado en un cronograma de nueve meses para unas presidenciales sin Nicolás Maduro como candidato.
Este lunes 15 de julio está previsto que se reinicie el «mecanismo» de diálogo, con el arbitraje del gobierno de Noruega. Ambas representaciones acordaron realizar consultas internas antes de seguir negociando y el rumbo de esta nueva ronda de conversaciones dependerá de cómo encajen ambos sectores los resultados preliminares de Barbados.
En la oposición predomina la desconfianza, pero ha avanzado la posición de seguir dialogando. Estados Unidos recibió un reporte completo de las conversaciones, indican fuentes de partidos opositores consultadas por Banca y Negocios y la posición de la administración Trump es mantenerse en el proceso, sin abandonar la presión.
En el chavismo la situación es más complicada, aparentemente. No hay consenso, y Cabello parece ser el abanderado de los que no quieren un acuerdo que suponga elecciones presidenciales; en principio, porque entienden que no tienen muchas posibilidades de ganarlas y, además, consideran que, en último caso, Estados Unidos debe hacer gestos de «buena voluntad» previos, como levantar las sanciones a Pdvsa.
El primer paso sería que el gobierno de Donald Trump no impidiera a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, pero el sector «duro» del chavismo no espera que eso ocurra, y si no ocurre, se reforzará su posición.
Héctor Rodríguez, por otra parte, se ha convertido en el defensor más visible de las conversaciones y de un eventual acuerdo. Algunos dirán que, en principio, porque un pacto le daría la posibilidad de ser el candidato oficialista a suceder a Maduro.
Lo que sí está claro, cuentan tres dirigentes del sector gubernamental consultados, es que la economía preocupa mucho y es el único aliciente que existe para negociar. Por supuesto, ni extraoficialmente estas fuentes reconocen que en el sector militar también habría una amplia mayoría en favor de negociar para alcanzar un acuerdo que permita normalizar al país.
La dirigencia del Psuv demanda de los negociadores un cronograma de levantamiento de las sanciones, porque esa debe ser la prioridad «ante el daño que están causando a todo el país», señala uno de los consultados. «Sin levantamiento de las sanciones no puede haber ningún tipo de acuerdo», advierte otra de las fuentes políticas.
Maduro insiste públicamente en seguir negociando. ¿Será Héctor Rodríguez la «esperanza blanca» del chavismo en unas eventuales elecciones presidenciales? Hasta ahora, eso no es más que una especulación, pero desde hace tiempo se viene «vendiendo» la idea de que el gobernador sería una buena opción para liderar una alternativa de «renovación» en el chavismo.
A pesar del cerco financiero que Estados Unidos pretende imponer al gobierno de Nicolás Maduro mediante sanciones cada vez más duras, al parecer la conexión con Turquía funciona eficientemente, ya que el sancionado Banco Central de Venezuela (BCV) logró vender 40 millones de dólares en oro monetario el pasado 12 de julio, según un breve reporte de Bloomberg.
Como resultado de la sigilosa transacción, las reservas internacionales cayeron a 8.100 millones de dólares, una cifra que marca un mínimo histórico en casi tres décadas.
De acuerdo con Bloomberg, desde abril pasado la administración de Maduro, a través del ente emisor, ha conseguido colocar aproximadamente 24 toneladas de oro en empresas radicadas en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde su proverbial aliado Recep Tayyip Erdoğan ha puesto a las órdenes del gobierno venezolano sus capacidades de refinación de mineral precioso.
Venezuela enfrenta un déficit fiscal este año que fácilmente puede ubicarse sobre 30% del PIB, por lo que las sanciones son un fardo extremadamente pesado para conseguir un financiamiento que es literalmente urgente para cubrir necesidades básicas del gobierno.
Ante esta situación, el madurismo ha recurrido a las ventas de oro como un mecanismo -limitado, ciertamente- de financiamiento internacional. Fuentes distintas a Bloomberg señalan que el estas operaciones reflejan pérdidas importantes por costos asociados a logística y posibles descuentos.
A pesar del cerco financiero que Estados Unidos pretende imponer al gobierno de Nicolás Maduro mediante sanciones cada vez más duras, al parecer la conexión con Turquía funciona eficientemente, ya que el sancionado Banco Central de Venezuela (BCV) logró vender 40 millones de dólares en oro monetario el pasado 12 de julio, según un breve reporte de Bloomberg.
Como resultado de la sigilosa transacción, las reservas internacionales cayeron a 8.100 millones de dólares, una cifra que marca un mínimo histórico en casi tres décadas.
De acuerdo con Bloomberg, desde abril pasado la administración de Maduro, a través del ente emisor, ha conseguido colocar aproximadamente 24 toneladas de oro en empresas radicadas en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde su proverbial aliado Recep Tayyip Erdoğan ha puesto a las órdenes del gobierno venezolano sus capacidades de refinación de mineral precioso.
Venezuela enfrenta un déficit fiscal este año que fácilmente puede ubicarse sobre 30% del PIB, por lo que las sanciones son un fardo extremadamente pesado para conseguir un financiamiento que es literalmente urgente para cubrir necesidades básicas del gobierno.
Ante esta situación, el madurismo ha recurrido a las ventas de oro como un mecanismo -limitado, ciertamente- de financiamiento internacional. Fuentes distintas a Bloomberg señalan que el estas operaciones reflejan pérdidas importantes por costos asociados a logística y posibles descuentos.
Si bien existe un claro consenso entre los economistas en que la crisis económica y social fue causada por el gobierno chavista, a través de su modelo de estatización radical y su gestión monetaria imprudente, aparte de una grave incapacidad para restablecer la capacidad productiva destruida por una deliberada estrategia de «transición al socialismo», está creciendo la preocupación por el impacto social de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en menor grado, sobre las actividades económicas medulares del país.
El abanderado de este cuestionamiento a la estrategia de sanciones, por ahora, es el economista Francisco Rodríguez, economista-jefe de Torino Economics y ex director de informes en el área de Desarrollo Humano en la ONU.
En un artículo reciente, publicado en The New York Times, Rodríguez cuestiona la efectividad de la presión sobre el gobierno de Maduro, a través de sanciones y establece un potencial «riesgo de hambruna» para una porción mayoritaria de la población, si no se establecen limitaciones para suprimir las fuentes regulares de ingresos del país.
Según Rodríguez, «mi investigación muestra que, tras la primera ronda de sanciones económicas, la producción de petróleo venezolano sufrió el peor colapso que haya padecido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en una huelga petrolera. Como consecuencia, la economía perdió aproximadamente 17.000 millones de dólares al año. Las operaciones que no fueron afectadas —como las alianzas comerciales con China o Rusia— tuvieron un crecimiento en la producción o se estabilizaron mientras el resto de la industria petrolera colapsaba».
Y más adelante, señala: «las cosas solo empeorarán con el embargo petrolero de este año. Si tomamos la experiencia histórica de otros países que han enfrentado situaciones similares en el pasado (como Irak, Irán y Libia), la nueva ronda de sanciones petroleras podría ocasionar a la ya diezmada industria petrolera una pérdida adicional de 10.000 millones de dólares al año, lo que equivale a más de dos terceras partes de las importaciones del país en 2018″.
Rodríguez ha entrado en un debate con el también economista, Ricardo Hausmann, designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 51 países, entre los que destacan Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea, Juan Guaidó, como gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para Haussmann, la estrategia de sanciones financieras no tiene un impacto real en la calidad de vida de los venezolanos, ya que el problema real está en sostener políticas económicas equivocadas a las que se suman decisiones erróneas para enfrentar sus consecuencias.
Ante los argumentos sobre la inocuidad de las sanciones en términos sociales, Rodríguez responde con una metáfora: «eso es que como decir que no se puede matar a un enfermo terminal». El economista propone aplicar un programa de petróleo por alimentos, similar al ensayo iraquí, que proteja a los ciudadanos de «las acciones de su gobierno»
Pero, el economista de Torino Economics no está solo. También el socio-director de Datanálisis, Luis Vicente León, hace cuestionamientos públicos a la estrategia de sanciones. «Entiendo que el objetivo teórico de las sanciones generales es provocar el debilitamiento del gobierno y la fractura militar para provocar su salida. Pero el resultado de esa estrategia es decepcionante en su historia en el mundo y la experiencia venezolana sólo ratifica lo que sabíamos«.
«Es obvio que las sanciones no son la causa de la crisis. Es absurdo ese planteamiento a la luz de un modelo de control, intervencionismo y hostilidad que tiene una larga experiencia de fracasos en la historia. Pero decir que las sanciones no empeoran la crisis es aún más absurdo», sostiene León en su cuenta de Twitter.
León, incluso, asume una postura más beligerante en otro comentario: «una sanción es efectiva cuando es capaz de provocar un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno en un tiempo lo suficientemente corto como para no destruir el país que pretende ayudar. Si el tiempo es largo y la destrucción enorme, el remedio resulta peor que la enfermedad«.
El socio director de Datanálisis señala impactos concretos, como las dificultades que se agudizan para hacer mantenimientos en las infraestructuras de servicios públicos, como agua y electricidad, cuyo funcionamiento es cada vez más precario y destruyen la poca calidad de vida que queda para los sectores más vulnerables, e incluso estratos socio-económicos con ingresos más elevados.
El también economista Luis Oliveros, especialista en el área petrolera, también entró en esta polémica desde su tribuna en Twitter: «Hay que ser responsables a la hora de hablar de las sanciones. 1- Las sanciones NO iniciaron (ni de cerca) la crisis económica (culpables CH y Maduro). 2- Las sanciones SI generan problemas a los venezolanos. 3- Es mentira que las sanciones impactan solamente al régimen».
Más adelante, puntualiza: «Recordemos: una cosa son sanciones individuales (directas a personajes del régimen para generarles incentivos para un quiebre) otra muy distinta son sanciones al país (que impactan a todos los venezolanos y muy poco al régimen, que con reprimir y usarlas como excusa tiene)».
«A los cubanos (+50 años), Zimbabuenses (+30 años) y un largo etc., también les dijeron (compatriotas en el exterior) que las sanciones generarían la caída del régimen. Estamos en el peor de los mundos. Unas sanciones por muchos años, serían trágicas para los venezolanos», concluye Oliveros.
León y Oliveros enfrentan críticas, las cuales se centran básicamente en un argumento: una flexibilización de las sanciones tampoco beneficiaría directamente a los venezolanos, porque nadie garantiza que los recursos vayan a satisfacer las necesidades del país.
El debate está abierto.
Si bien existe un claro consenso entre los economistas en que la crisis económica y social fue causada por el gobierno chavista, a través de su modelo de estatización radical y su gestión monetaria imprudente, aparte de una grave incapacidad para restablecer la capacidad productiva destruida por una deliberada estrategia de «transición al socialismo», está creciendo la preocupación por el impacto social de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en menor grado, sobre las actividades económicas medulares del país.
El abanderado de este cuestionamiento a la estrategia de sanciones, por ahora, es el economista Francisco Rodríguez, economista-jefe de Torino Economics y ex director de informes en el área de Desarrollo Humano en la ONU.
En un artículo reciente, publicado en The New York Times, Rodríguez cuestiona la efectividad de la presión sobre el gobierno de Maduro, a través de sanciones y establece un potencial «riesgo de hambruna» para una porción mayoritaria de la población, si no se establecen limitaciones para suprimir las fuentes regulares de ingresos del país.
Según Rodríguez, «mi investigación muestra que, tras la primera ronda de sanciones económicas, la producción de petróleo venezolano sufrió el peor colapso que haya padecido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en una huelga petrolera. Como consecuencia, la economía perdió aproximadamente 17.000 millones de dólares al año. Las operaciones que no fueron afectadas —como las alianzas comerciales con China o Rusia— tuvieron un crecimiento en la producción o se estabilizaron mientras el resto de la industria petrolera colapsaba».
Y más adelante, señala: «las cosas solo empeorarán con el embargo petrolero de este año. Si tomamos la experiencia histórica de otros países que han enfrentado situaciones similares en el pasado (como Irak, Irán y Libia), la nueva ronda de sanciones petroleras podría ocasionar a la ya diezmada industria petrolera una pérdida adicional de 10.000 millones de dólares al año, lo que equivale a más de dos terceras partes de las importaciones del país en 2018″.
Rodríguez ha entrado en un debate con el también economista, Ricardo Hausmann, designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 51 países, entre los que destacan Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea, Juan Guaidó, como gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para Haussmann, la estrategia de sanciones financieras no tiene un impacto real en la calidad de vida de los venezolanos, ya que el problema real está en sostener políticas económicas equivocadas a las que se suman decisiones erróneas para enfrentar sus consecuencias.
Ante los argumentos sobre la inocuidad de las sanciones en términos sociales, Rodríguez responde con una metáfora: «eso es que como decir que no se puede matar a un enfermo terminal». El economista propone aplicar un programa de petróleo por alimentos, similar al ensayo iraquí, que proteja a los ciudadanos de «las acciones de su gobierno»
Pero, el economista de Torino Economics no está solo. También el socio-director de Datanálisis, Luis Vicente León, hace cuestionamientos públicos a la estrategia de sanciones. «Entiendo que el objetivo teórico de las sanciones generales es provocar el debilitamiento del gobierno y la fractura militar para provocar su salida. Pero el resultado de esa estrategia es decepcionante en su historia en el mundo y la experiencia venezolana sólo ratifica lo que sabíamos«.
«Es obvio que las sanciones no son la causa de la crisis. Es absurdo ese planteamiento a la luz de un modelo de control, intervencionismo y hostilidad que tiene una larga experiencia de fracasos en la historia. Pero decir que las sanciones no empeoran la crisis es aún más absurdo», sostiene León en su cuenta de Twitter.
León, incluso, asume una postura más beligerante en otro comentario: «una sanción es efectiva cuando es capaz de provocar un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno en un tiempo lo suficientemente corto como para no destruir el país que pretende ayudar. Si el tiempo es largo y la destrucción enorme, el remedio resulta peor que la enfermedad«.
El socio director de Datanálisis señala impactos concretos, como las dificultades que se agudizan para hacer mantenimientos en las infraestructuras de servicios públicos, como agua y electricidad, cuyo funcionamiento es cada vez más precario y destruyen la poca calidad de vida que queda para los sectores más vulnerables, e incluso estratos socio-económicos con ingresos más elevados.
El también economista Luis Oliveros, especialista en el área petrolera, también entró en esta polémica desde su tribuna en Twitter: «Hay que ser responsables a la hora de hablar de las sanciones. 1- Las sanciones NO iniciaron (ni de cerca) la crisis económica (culpables CH y Maduro). 2- Las sanciones SI generan problemas a los venezolanos. 3- Es mentira que las sanciones impactan solamente al régimen».
Más adelante, puntualiza: «Recordemos: una cosa son sanciones individuales (directas a personajes del régimen para generarles incentivos para un quiebre) otra muy distinta son sanciones al país (que impactan a todos los venezolanos y muy poco al régimen, que con reprimir y usarlas como excusa tiene)».
«A los cubanos (+50 años), Zimbabuenses (+30 años) y un largo etc., también les dijeron (compatriotas en el exterior) que las sanciones generarían la caída del régimen. Estamos en el peor de los mundos. Unas sanciones por muchos años, serían trágicas para los venezolanos», concluye Oliveros.
León y Oliveros enfrentan críticas, las cuales se centran básicamente en un argumento: una flexibilización de las sanciones tampoco beneficiaría directamente a los venezolanos, porque nadie garantiza que los recursos vayan a satisfacer las necesidades del país.
El debate está abierto.
Pdvsa Intevep y la empresa Bohai Drilling Service, S.A., firmaron un convenio para la aplicación de las tecnologías MULTIGEL® y ULTRAMIX® dentro del territorio nacional, formuladas para el control de aguas en los procesos de producción de petróleo y para remediar daños a la formación respectivamente.
El acuerdo fue suscrito por Argenis Rodríguez, presidente de la institución petrolera antes mencionada y por Fan Jiaqiang, director ejecutivo de la compañía asiática, el cual trata de una licencia no exclusiva para el uso de ambas tecnologías y tendrá una duración de tres años.
Actualmente, Bohai Drilling Service, S.A., se encuentra operando en el oriente venezolano y se prevé que se extienda hacia el occidente del país.
Pdvsa Intevep y la empresa Bohai Drilling Service, S.A., firmaron un convenio para la aplicación de las tecnologías MULTIGEL® y ULTRAMIX® dentro del territorio nacional, formuladas para el control de aguas en los procesos de producción de petróleo y para remediar daños a la formación respectivamente.
El acuerdo fue suscrito por Argenis Rodríguez, presidente de la institución petrolera antes mencionada y por Fan Jiaqiang, director ejecutivo de la compañía asiática, el cual trata de una licencia no exclusiva para el uso de ambas tecnologías y tendrá una duración de tres años.
Actualmente, Bohai Drilling Service, S.A., se encuentra operando en el oriente venezolano y se prevé que se extienda hacia el occidente del país.
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol Torres, informó la instalación demesas de trabajo, conjuntamente con la Vicepresidencia Social, para organizar la territorialización de todas las acciones de gobierno en seguridad, salud, educación, cultura, deporte, alimentación y servicios.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter @NestorReverol, indicó que de esta manera el Gobierno nacional sigue impulsando políticas a favor del pueblo, al tiempo que aseguró que las mesas de trabajo serán replicadas con las Comunas y Consejos Comunales del país.
Esto «nos va a permitir abordar el desafío de diseñar nuevos métodos para articular las necesidades del pueblo, rumbo a las comunas y su cartografía social», sostuvo el vicepresidente sectorial.
Cabe recordar que en mayo, Néstor Reverol, se reunió con los ministros y viceministros que conforman el ente para presentarles el plan de acción del próximo cuatrimestre.
El encuentro se dio como parte de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para el desarrollo de políticas que contribuyan a optimizar los servicios públicos del país.
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol Torres, informó la instalación demesas de trabajo, conjuntamente con la Vicepresidencia Social, para organizar la territorialización de todas las acciones de gobierno en seguridad, salud, educación, cultura, deporte, alimentación y servicios.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter @NestorReverol, indicó que de esta manera el Gobierno nacional sigue impulsando políticas a favor del pueblo, al tiempo que aseguró que las mesas de trabajo serán replicadas con las Comunas y Consejos Comunales del país.
Esto «nos va a permitir abordar el desafío de diseñar nuevos métodos para articular las necesidades del pueblo, rumbo a las comunas y su cartografía social», sostuvo el vicepresidente sectorial.
Cabe recordar que en mayo, Néstor Reverol, se reunió con los ministros y viceministros que conforman el ente para presentarles el plan de acción del próximo cuatrimestre.
El encuentro se dio como parte de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para el desarrollo de políticas que contribuyan a optimizar los servicios públicos del país.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter realizó la designación de los nuevos jefes de las Regiones de Defensa Integral (REDI).
En Mandatario nacional indicó que nombró al M/G Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, para continuar el fortalecimiento estructural y operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Asimismo, para fortalecer el comando de las regiones estratégicas, designó al M/G Federico Guillermo Guzmán Bornia como nuevo Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes.
De igual forma, el Presidente de la República refirió que para consolidar la nueva Doctrina Militar Bolivariana en la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos, eligió al M/G José Rafael Silva Aponte como su nuevo Comandante.
Por su parte, el Mayor General Juan Carlos Du Boulay Perozo, será el nuevo Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central para fortalecer todo el apresto operacional de la FANB, necesario para la Defensa Integral de la Patria.
El Jefe de Estado señaló que el Mayor General Domingo Antonio Hernández Larez, tendrá la responsabilidad de comandar, en perfecta unión Cívico-Militar, la Región Estratégica de Defensa Integral Capital.
En cuanto, a la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental estará bajo el Comando del Mayor General César Wilfredo Méndez López, quien tiene la responsabilidad de coordinar el despliegue operativo de la FANB en el oriente del País.
El presidente Maduro indicó que el Almirante William Miguel Serantes Pinto, estará al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, consolidando la cohesión y la disciplina de nuestro personal militar al sur de Venezuela.
“Completando el ciclo de renovación de nuestras regiones de defensa, designé al Almirante Alexander José Velásquez Bastidas como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, para defender con valentía nuestras aguas territoriales”, destacó el Mandatario nacional.
Finalmente, felicitó “a los Comandantes de REDI que hasta hoy desempeñaron sus comandos de forma inmejorable. Pronto vendrán nuevas tareas al servicio de la Patria. El pueblo les agradece su lealtad y compromiso”. (https://vulcanpost.com)
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter realizó la designación de los nuevos jefes de las Regiones de Defensa Integral (REDI).
En Mandatario nacional indicó que nombró al M/G Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, para continuar el fortalecimiento estructural y operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Asimismo, para fortalecer el comando de las regiones estratégicas, designó al M/G Federico Guillermo Guzmán Bornia como nuevo Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes.
De igual forma, el Presidente de la República refirió que para consolidar la nueva Doctrina Militar Bolivariana en la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos, eligió al M/G José Rafael Silva Aponte como su nuevo Comandante.
Por su parte, el Mayor General Juan Carlos Du Boulay Perozo, será el nuevo Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central para fortalecer todo el apresto operacional de la FANB, necesario para la Defensa Integral de la Patria.
El Jefe de Estado señaló que el Mayor General Domingo Antonio Hernández Larez, tendrá la responsabilidad de comandar, en perfecta unión Cívico-Militar, la Región Estratégica de Defensa Integral Capital.
En cuanto, a la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental estará bajo el Comando del Mayor General César Wilfredo Méndez López, quien tiene la responsabilidad de coordinar el despliegue operativo de la FANB en el oriente del País.
El presidente Maduro indicó que el Almirante William Miguel Serantes Pinto, estará al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, consolidando la cohesión y la disciplina de nuestro personal militar al sur de Venezuela.
“Completando el ciclo de renovación de nuestras regiones de defensa, designé al Almirante Alexander José Velásquez Bastidas como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, para defender con valentía nuestras aguas territoriales”, destacó el Mandatario nacional.
Finalmente, felicitó “a los Comandantes de REDI que hasta hoy desempeñaron sus comandos de forma inmejorable. Pronto vendrán nuevas tareas al servicio de la Patria. El pueblo les agradece su lealtad y compromiso”. (https://vulcanpost.com)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA), mejor conocida como la (FAO), informó este lunes, que el número de personas que pasan hambre en Latinoamérica y el Caribe creció en 2018 por tercer año consecutivo hasta afectar a 42,5 millones de personas.
Según la organización, las cifras se deben a la desaceleración económica y la situación en Venezuela, según la Organización de las Naciones Unidas ONU. El nuevo informe sobre el estado mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición, presentado hoy por cinco agencias de Naciones Unidas, sostiene que el porcentaje de hambrientos en la región aumentó del 6,2 % de la población en 2015 al 6,5 % en 2017, nivel que se mantuvo al año siguiente.
La principal razón de ese incremento se encuentra en Sudamérica, que acoge a la mayoría de las personas desnutridas de la región y donde la prevalencia de subalimentación subió del 4,6 % en 2013 al 5,5 % en 2017.
La ralentización y la recesión observadas entre 2012 y 2016 en las economías de la zona están asociadas al declive de los precios internacionales de las materias primas que exportan en un contexto de débil recuperación de la crisis financiera global.
El director adjunto de Economía del Desarrollo Agrícola de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Marco Sánchez Cantillo, precisó que, en vista de la desaceleración y la dependencia del comercio de esos productos, “los ingresos tributarios se han aminorado fuertemente”.
“La tendencia a implementar programas sociales, que venían incidiendo en la reducción del hambre hasta hace tres años, se ha visto así altamente afectada”, puntualizó.
El paro aumentó, los ingresos familiares se contrajeron y el número de pobres pasó de 166 a 175 millones entre 2013 y 2015 tras años de descensos en la región, según el informe.
La crisis en Venezuela también explica el incremento del hambre en Sudamérica, pues la proporción de personas que padecen hambre se multiplicó casi por cuatro, del 6,2 % entre 2012 y 2014 al 21,2 % entre 2016 y 2018, hasta los 6,8 millones de venezolanos.
A nivel subregional, los mayores índices del hambre se dieron en el Caribe, donde ese problema afectaba el año pasado al 18,4 % de la población (7,8 millones de individuos), y en Centroamérica, con el 6,1 % (11 millones en total), aunque ambas tasas han bajado respecto a 2010.
De cara al futuro, el especialista advirtió de que la perspectiva económica a nivel global “no es la mejor” y se ve agravada por las tensiones comerciales, lo que puede pasar factura a Centroamérica y el Caribe por sus vínculos con Norteamérica.
Mientras, la obesidad en Latinoamérica y el Caribe creció del 21,7 % de la población adulta en 2012 al 24,1 % en 2016, hasta los 104,7 millones, en línea con el ascenso registrado a nivel global.
En total en el mundo 821,6 millones de personas pasaban todavía hambre en 2018, cifra que ha aumentado por tercer año consecutivo en parte por la débil recuperación de la última gran crisis económica, según la ONU.
De los 77 países que experimentaron un aumento de la desnutrición entre 2011 y 2017, 65 sufrieron una desaceleración o una contracción de sus economías de manera simultánea y, entre estos, 52 dependían altamente del comercio de productos básicos y el vaivén de sus precios.
El informe dice que los choques económicos han empeorado, además, el impacto de conflictos y sucesos climáticos extremos como la sequía en la mitad de los países sumidos en crisis alimentarias agudas, afectando a 96 millones de personas en 2018.
De los más de 820 millones de personas con hambre, 513,9 millones se localizan en Asia (el 11,3 % de la población), 256 millones en África (19,9 %) y 42,5 millones (6,5 %) en América Latina y el Caribe.
La situación más alarmante está en África, donde la subalimentación ha crecido en casi todas sus regiones, mientras que en países de Oriente Medio como Siria o el Yemen no para de incrementarse desde 2010 por la inestabilidad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA), mejor conocida como la (FAO), informó este lunes, que el número de personas que pasan hambre en Latinoamérica y el Caribe creció en 2018 por tercer año consecutivo hasta afectar a 42,5 millones de personas.
Según la organización, las cifras se deben a la desaceleración económica y la situación en Venezuela, según la Organización de las Naciones Unidas ONU. El nuevo informe sobre el estado mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición, presentado hoy por cinco agencias de Naciones Unidas, sostiene que el porcentaje de hambrientos en la región aumentó del 6,2 % de la población en 2015 al 6,5 % en 2017, nivel que se mantuvo al año siguiente.
La principal razón de ese incremento se encuentra en Sudamérica, que acoge a la mayoría de las personas desnutridas de la región y donde la prevalencia de subalimentación subió del 4,6 % en 2013 al 5,5 % en 2017.
La ralentización y la recesión observadas entre 2012 y 2016 en las economías de la zona están asociadas al declive de los precios internacionales de las materias primas que exportan en un contexto de débil recuperación de la crisis financiera global.
El director adjunto de Economía del Desarrollo Agrícola de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Marco Sánchez Cantillo, precisó que, en vista de la desaceleración y la dependencia del comercio de esos productos, “los ingresos tributarios se han aminorado fuertemente”.
“La tendencia a implementar programas sociales, que venían incidiendo en la reducción del hambre hasta hace tres años, se ha visto así altamente afectada”, puntualizó.
El paro aumentó, los ingresos familiares se contrajeron y el número de pobres pasó de 166 a 175 millones entre 2013 y 2015 tras años de descensos en la región, según el informe.
La crisis en Venezuela también explica el incremento del hambre en Sudamérica, pues la proporción de personas que padecen hambre se multiplicó casi por cuatro, del 6,2 % entre 2012 y 2014 al 21,2 % entre 2016 y 2018, hasta los 6,8 millones de venezolanos.
A nivel subregional, los mayores índices del hambre se dieron en el Caribe, donde ese problema afectaba el año pasado al 18,4 % de la población (7,8 millones de individuos), y en Centroamérica, con el 6,1 % (11 millones en total), aunque ambas tasas han bajado respecto a 2010.
De cara al futuro, el especialista advirtió de que la perspectiva económica a nivel global “no es la mejor” y se ve agravada por las tensiones comerciales, lo que puede pasar factura a Centroamérica y el Caribe por sus vínculos con Norteamérica.
Mientras, la obesidad en Latinoamérica y el Caribe creció del 21,7 % de la población adulta en 2012 al 24,1 % en 2016, hasta los 104,7 millones, en línea con el ascenso registrado a nivel global.
En total en el mundo 821,6 millones de personas pasaban todavía hambre en 2018, cifra que ha aumentado por tercer año consecutivo en parte por la débil recuperación de la última gran crisis económica, según la ONU.
De los 77 países que experimentaron un aumento de la desnutrición entre 2011 y 2017, 65 sufrieron una desaceleración o una contracción de sus economías de manera simultánea y, entre estos, 52 dependían altamente del comercio de productos básicos y el vaivén de sus precios.
El informe dice que los choques económicos han empeorado, además, el impacto de conflictos y sucesos climáticos extremos como la sequía en la mitad de los países sumidos en crisis alimentarias agudas, afectando a 96 millones de personas en 2018.
De los más de 820 millones de personas con hambre, 513,9 millones se localizan en Asia (el 11,3 % de la población), 256 millones en África (19,9 %) y 42,5 millones (6,5 %) en América Latina y el Caribe.
La situación más alarmante está en África, donde la subalimentación ha crecido en casi todas sus regiones, mientras que en países de Oriente Medio como Siria o el Yemen no para de incrementarse desde 2010 por la inestabilidad.
Las Tarjetas de Abastecimiento de Gasolina (TAG) o chip para suministro del carburante, que haya sido utilizada varias veces al día, a sabiendas que esta estuvo desactivada del satélite, serán bloqueadas del sistema, anunció el secretario de Gobierno de Zulia, Lisandro Cabello.
Tras la reunión de seguridad que se realiza todos los lunes en el Palacio de Los Cóndores, Cabello, junto al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (Zodi-Zulia), G/D Dilio Rodríguez, representantes policiales y de servicios públicos, sostuvo que: “toda persona que utilizó su vehículo para cargar tres, cuatro y cinco veces el tanque de combustible, sabiendo que el TAG lo habían desactivado del satélite por una operación de Washington (…), será bloqueado”.
Manifestó que un conductor que surta su vehículo de gasolina varias veces al día, sin dudas es para el contrabando y que la misma es utilizada para el tema del procesamiento de la droga en Colombia.
Advirtió que quien llegue a una estación de servicio a partir de este lunes 15 de julio, y al querer tanquear “el bombero le diga que no activa su chip, ya sabe por qué no se le activó”.
Continuando con el tema de la gasolina, el secretario de gobierno regional destacó que este mismo lunes llegará otro buque del carburante al llenadero Bajo Grande y que el próximo jueves 18 de julio arribará otra embarcación con combustible de 91 y 95 octanos y de diesel, para seguir atendiendo la demanda de los zulianos e ir reduciendo las colas en las estaciones de servicio.
Agua
En cuanto a los servicios públicos, Cabello anunció que las cinco bombas del sistema de agua de la Costa Oriental del Lago fueron activadas.
“El sistema de agua de la Costa Oriental del Lago ha sido rescatado en su totalidad. Ya tenemos de las cinco bombas, cinco. (…) Hemos estado enviando agua para Lagunillas, Simón Bolívar, Cabimas”, expuso.
Explicó que para bombear el líquido con mayor presurización a la Costa Occidental, avanzan los trabajos de instalación del segundo transformador en la estación Tulé, que permitirá encender las seis bombas, de las cuales hay 3 activas y una se incorporará en los próximos días.
Asimismo refirió que de las 29 fugas que presentaba el sistema de aducción Tulé, fueron reparadas 20, con lo cual se recuperaron entre 1.500 y 2.000 litros de agua por segundo, para los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Mara y Jesús Enrique Lossada.
Las Tarjetas de Abastecimiento de Gasolina (TAG) o chip para suministro del carburante, que haya sido utilizada varias veces al día, a sabiendas que esta estuvo desactivada del satélite, serán bloqueadas del sistema, anunció el secretario de Gobierno de Zulia, Lisandro Cabello.
Tras la reunión de seguridad que se realiza todos los lunes en el Palacio de Los Cóndores, Cabello, junto al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (Zodi-Zulia), G/D Dilio Rodríguez, representantes policiales y de servicios públicos, sostuvo que: “toda persona que utilizó su vehículo para cargar tres, cuatro y cinco veces el tanque de combustible, sabiendo que el TAG lo habían desactivado del satélite por una operación de Washington (…), será bloqueado”.
Manifestó que un conductor que surta su vehículo de gasolina varias veces al día, sin dudas es para el contrabando y que la misma es utilizada para el tema del procesamiento de la droga en Colombia.
Advirtió que quien llegue a una estación de servicio a partir de este lunes 15 de julio, y al querer tanquear “el bombero le diga que no activa su chip, ya sabe por qué no se le activó”.
Continuando con el tema de la gasolina, el secretario de gobierno regional destacó que este mismo lunes llegará otro buque del carburante al llenadero Bajo Grande y que el próximo jueves 18 de julio arribará otra embarcación con combustible de 91 y 95 octanos y de diesel, para seguir atendiendo la demanda de los zulianos e ir reduciendo las colas en las estaciones de servicio.
Agua
En cuanto a los servicios públicos, Cabello anunció que las cinco bombas del sistema de agua de la Costa Oriental del Lago fueron activadas.
“El sistema de agua de la Costa Oriental del Lago ha sido rescatado en su totalidad. Ya tenemos de las cinco bombas, cinco. (…) Hemos estado enviando agua para Lagunillas, Simón Bolívar, Cabimas”, expuso.
Explicó que para bombear el líquido con mayor presurización a la Costa Occidental, avanzan los trabajos de instalación del segundo transformador en la estación Tulé, que permitirá encender las seis bombas, de las cuales hay 3 activas y una se incorporará en los próximos días.
Asimismo refirió que de las 29 fugas que presentaba el sistema de aducción Tulé, fueron reparadas 20, con lo cual se recuperaron entre 1.500 y 2.000 litros de agua por segundo, para los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Mara y Jesús Enrique Lossada.
El Mercosur celebrará esta semana su cumbre semestral en Argentina con una revitalizada agenda gracias al histórico acuerdo alcanzado en junio con la Unión Europea (UE), que llega como una bocanada de aire fresco ante la insatisfacción por los magros logros comerciales del bloque suramericano.
Las deliberaciones se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Fe (unos 500 kilómetros al norte de Buenos Aires) y comenzarán este lunes con una reunión del Grupo Mercado Común (GMC), el órgano ejecutivo del bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Ese encuentro servirá de preparación para la reunión que el martes tendrá el Consejo Mercado Común (CMC), integrado por los cancilleres y ministros de Economía y que adoptan por consenso sus decisiones.
Según adelantaron a Efe fuentes oficiales, el tratado de libre comercio anunciado el 28 de junio en Bruselas con la UE será uno de los temas principales de la cumbre, que reunirá el miércoles a los presidentes y otros altos representantes de los miembros del Mercosur, sus Estados asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam) y Bolivia, en proceso de adhesión plena.
El pacto con los europeos, que se negociaba desde hace 19 años, es el gran logro que el mandatario argentino, Mauricio Macri, presentará como saldo de su gestión al frente del Mercosur durante la primera mitad del año.
Hacía años que el bloque no sellaba un acuerdo comercial de peso y, en parte, este factor, sumado a lo engorroso y dilatado que resultó el proceso negociador con la UE, ha explicado la sensación de frustración que en el último tiempo evidenciaron los socios de la unión aduanera suramericana.
Con un comercio puertas adentro del bloque alicaído, pocos logros a la vista del proceso de integración y dificultades para abrir nuevos mercados, el sentimiento generalizado de insatisfacción ganó terreno y llevó al bloque a encarar un proceso de introspección que ha desembocado, entre otras cosas, en una propuesta para «modernizar» el Mercosur.
En la última reunión del GMC, en junio pasado, los socios reiteraron la «necesidad de intensificar los esfuerzos para modernizar y profundizar el proceso de integración» y se plantearon posibles cambios en la estructura institucional para hacerla «más eficiente».
El otro gran tema técnico en curso es la revisión del arancel externo común (ACE), la tasa que deben pagar los bienes para ingresar al Mercosur y que rige desde hace 25 años.
Los socios justificaron en el GMC en junio que esta revisión resulta «fundamental» para la consolidación de la unión aduanera y señalaron que la política arancelaria «debe fomentar la competitividad y la productividad en la región».
Una bajada generalizada del AEC, particularmente de los bienes de capital y los bienes intermedios que se importan para procesos manufactureros, daría una mayor competitividad al Mercosur al bajar los costes para ciertas cadenas de producción con perfil exportador.
La agenda de asuntos sobre la mesa incluye además propuestas para incluir el azúcar y los automóviles al libre comercio dentro del bloque, la eliminación del cobro del «roaming» dentro del Mercosur y un acuerdo de facilitación del comercio dentro de la unión.
La agenda externa es la más positiva este semestre, no solo por el histórico acuerdo con la UE, sino porque además han progresado otras conversaciones, la más avanzada de ellas con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés, integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein).
Además de este acuerdo de libre comercio, Mercosur negocia otro con Canadá, que espera concluir antes de finales de este año.
Asimismo, busca nuevos horizontes en Asia, aspirando a sellar un pacto comercial amplio con Corea del Sur en 2020 y avanzando en las conversaciones con Singapur, que se iniciaron en abril pasado.
Fuera de los temas comerciales, en esta cumbre, en la que Mauricio Macri traspasará la Presidencia temporal del Mercosur al brasileño Jair Bolsonaro, se espera que la crisis de Venezuela también sea parte del diálogo entre los jefes de Estado, como ha ocurrido en las últimas reuniones del bloque.
El Mercosur suspendió a Venezuela como miembro pleno de la unión en agosto de 2017 por considerar que en ese país hubo una «ruptura del orden democrático» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Pero la posición de los miembros del bloque sobre Venezuela no es unívoca, ya que Uruguay, a diferencia de sus socios, no ha reconocido al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento venezolano), Juan Guaidó, como presidente encargado de ese país, función que desempeña desde enero pasado.
El Mercosur celebrará esta semana su cumbre semestral en Argentina con una revitalizada agenda gracias al histórico acuerdo alcanzado en junio con la Unión Europea (UE), que llega como una bocanada de aire fresco ante la insatisfacción por los magros logros comerciales del bloque suramericano.
Las deliberaciones se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Fe (unos 500 kilómetros al norte de Buenos Aires) y comenzarán este lunes con una reunión del Grupo Mercado Común (GMC), el órgano ejecutivo del bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Ese encuentro servirá de preparación para la reunión que el martes tendrá el Consejo Mercado Común (CMC), integrado por los cancilleres y ministros de Economía y que adoptan por consenso sus decisiones.
Según adelantaron a Efe fuentes oficiales, el tratado de libre comercio anunciado el 28 de junio en Bruselas con la UE será uno de los temas principales de la cumbre, que reunirá el miércoles a los presidentes y otros altos representantes de los miembros del Mercosur, sus Estados asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam) y Bolivia, en proceso de adhesión plena.
El pacto con los europeos, que se negociaba desde hace 19 años, es el gran logro que el mandatario argentino, Mauricio Macri, presentará como saldo de su gestión al frente del Mercosur durante la primera mitad del año.
Hacía años que el bloque no sellaba un acuerdo comercial de peso y, en parte, este factor, sumado a lo engorroso y dilatado que resultó el proceso negociador con la UE, ha explicado la sensación de frustración que en el último tiempo evidenciaron los socios de la unión aduanera suramericana.
Con un comercio puertas adentro del bloque alicaído, pocos logros a la vista del proceso de integración y dificultades para abrir nuevos mercados, el sentimiento generalizado de insatisfacción ganó terreno y llevó al bloque a encarar un proceso de introspección que ha desembocado, entre otras cosas, en una propuesta para «modernizar» el Mercosur.
En la última reunión del GMC, en junio pasado, los socios reiteraron la «necesidad de intensificar los esfuerzos para modernizar y profundizar el proceso de integración» y se plantearon posibles cambios en la estructura institucional para hacerla «más eficiente».
El otro gran tema técnico en curso es la revisión del arancel externo común (ACE), la tasa que deben pagar los bienes para ingresar al Mercosur y que rige desde hace 25 años.
Los socios justificaron en el GMC en junio que esta revisión resulta «fundamental» para la consolidación de la unión aduanera y señalaron que la política arancelaria «debe fomentar la competitividad y la productividad en la región».
Una bajada generalizada del AEC, particularmente de los bienes de capital y los bienes intermedios que se importan para procesos manufactureros, daría una mayor competitividad al Mercosur al bajar los costes para ciertas cadenas de producción con perfil exportador.
La agenda de asuntos sobre la mesa incluye además propuestas para incluir el azúcar y los automóviles al libre comercio dentro del bloque, la eliminación del cobro del «roaming» dentro del Mercosur y un acuerdo de facilitación del comercio dentro de la unión.
La agenda externa es la más positiva este semestre, no solo por el histórico acuerdo con la UE, sino porque además han progresado otras conversaciones, la más avanzada de ellas con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés, integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein).
Además de este acuerdo de libre comercio, Mercosur negocia otro con Canadá, que espera concluir antes de finales de este año.
Asimismo, busca nuevos horizontes en Asia, aspirando a sellar un pacto comercial amplio con Corea del Sur en 2020 y avanzando en las conversaciones con Singapur, que se iniciaron en abril pasado.
Fuera de los temas comerciales, en esta cumbre, en la que Mauricio Macri traspasará la Presidencia temporal del Mercosur al brasileño Jair Bolsonaro, se espera que la crisis de Venezuela también sea parte del diálogo entre los jefes de Estado, como ha ocurrido en las últimas reuniones del bloque.
El Mercosur suspendió a Venezuela como miembro pleno de la unión en agosto de 2017 por considerar que en ese país hubo una «ruptura del orden democrático» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Pero la posición de los miembros del bloque sobre Venezuela no es unívoca, ya que Uruguay, a diferencia de sus socios, no ha reconocido al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento venezolano), Juan Guaidó, como presidente encargado de ese país, función que desempeña desde enero pasado.
