Las consecuencias de la nueva orden ejecutiva que congela los activos de la República en Estados Unidos son, todavía, inciertas. De acuerdo con una nota publicada en The New York Times, la banca internacional será aún más cautelosa con las transacciones de empresas venezolanas, independientemente de si tienen relación con el gobierno de Nicolás Maduro.

En su página web, el rotativo entrevistó a diversos especialistas en sanciones. Richard Nephew, ex funcionario del Departamento de Estado que escribió un libro sobre sanciones económicas y es profesor en la Universidad de Columbia, dijo que la medida puede ser «más luz que calor».

«Esto no es un embargo. No crea penalidades para los negocios con Venezuela por completo, solo niega tales actividades con el gobierno venezolano, y es dudoso que haya alguna de las que aún quedan que puedan ser afectadas por esta acción», apunta Nephew. (https://navalpost.com)

The New York Times consultó al economista venezolano Francisco Rodríguez, director de la firma Torino Economics, quien dijo: «las instituciones financieras serán aún más cautelosas para hacer operaciones con las empresas del sector privado venezolano para evitar verse vinculadas potencialmente con representantes del gobierno venezolano».

El ex funcionario del Departamento de Estado especializado en asuntos de América Latina, Fernando Cutz, dijo que la «prueba» que certificará el éxito de este bloqueo a los activos venezolanos es ver cómo afecta a las operaciones petroleras con Rusia y China.

Según este especialista, Venezuela necesita mantener el flujo de crudo hacia estos países para pagar compromisos pendientes. Si estas operaciones se dificultan, entonces este bloqueo habrá dado resultados, por comprometer aún más la situación de Nicolás Maduro.

Rodríguez manifestó que las importaciones per cápita de Venezuela ya han caído al nivel más bajo desde la década de 1950; de hecho, las compras externas del país totalizaron solo 303 millones de dólares en abril, un 92% menos que en el mismo mes de 2012, según Torino Capital.

Por lo que dicen los expertos, áreas como el mercado cambiario podrían verse aún más afectadas, porque ahora los bancos corresponsales que actúan con entidades nacionales tienen un incentivo más concreto para no trabajar con instituciones nacionales.

En todo caso, el efecto más directo de la medida es que los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense no podrán ser objeto de ninguna operación, por lo que la pretensión de Crystallex de provocar una subasta de los activos de Citgo ha quedado definitivamente suspendida, así como cualquier otra demanda.

Cancilleres y delegados de unos 60 países debatirán este martes en Lima sobre una salida a la crisis en Venezuela, un día después de que el presidente Donald Trump congelara todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos.

La «Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela», convocada por el Grupo de Lima, contará con una delegación de alto nivel enviada por Trump, pero los grandes ausentes serán los que apoyan al presidente Nicolás Maduro, como Cuba, Rusia, China y Turquía, que declinaron la invitación.

Trump envió a Lima a su secretario de Comercio, Wilbur Ross, y a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, quien afirmó la víspera que es tiempo de avanzar hacia una «transición del poder de Maduro a Juan Guaidó», el líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

«Esta reunión va a ser muy emblemática para reafirmar el apoyo de la comunidad internacional hacia la presidencia interina de Juan Guaidó», declaró el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, Mauricio Claver-Carone, que integra la delegación estadounidense.

«También vamos a hablar sobre lo que vamos a hacer el día uno, el primer día» después de que Maduro deje el poder, agregó.

Bolton dijo que Estados Unidos tiene la «intención de que la transferencia (del poder en Venezuela) sea pacífica», pero reiteró que todas las opciones están sobre la mesa.

Trump congeló el lunes todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, que ahora «están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o manejados».

Hacía tres décadas que Washington aplicaba una medida de este tipo a un país americano, semejante a las sanciones impuestas a Corea del Norte, Irán y Siria.

Anteriormente las impuso a la Cuba de Fidel Castro en 1962, a Nicaragua en el primer gobierno de Daniel Ortega en 1985 y a Panamá en 1988, en tiempos del general Manuel Antonio Noriega. Solo las medidas contra La Habana siguen vigentes.

Dos partes

El cónclave se realizará en un hotel de Lima y asistirán, entre otros, delegados del Vaticano, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Japón, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y 18 países latinoamericanos.

Confirmaron su asistencia 59 países y tres organismos internacionales: la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (conocido antes como Corporación Andina de Fomento, CAF).

El Grupo de Lima había convocado a un centenar de países, lo que implica que 40 desestimaron acudir, entre ellos Cuba, China, Rusia y Turquía, que habían sido especialmente invitados por la posibilidad de que tendieran puentes con Maduro, aunque Claver-Carone afirmó que «francamente no vemos la importancia de su participación».

Si bien la conferencia fue citada «a nivel de cancilleres», solo participarán una decena de ministros de Relaciones Exteriores, según una fuente diplomática peruana. Entre los confirmados figuran Ernesto Araújo de Brasil, Carlos Holmes Trujillo de Colombia y Antonio Rivas de Paraguay. Algunos medios dijeron que asistirá Jorge Faurie de Argentina.

De Chile acudirá la vicecanciller Carolina Valdivia y se presume que los delegados de muchos países serán funcionarios de menor rango o sus embajadores en Lima.

La conferencia tendrá dos partes: en la primera participarán los 55 países que reconocen a Guaidó, y luego «se amplía al resto», según la fuente diplomática peruana. Entre los asistentes que reconocen a Maduro figuran México y Uruguay.

Será el primer encuentro de todos los países que reconocen a Guaidó y a él asistirá su representante ante el Grupo de Lima, Julio Borges, quien también se reunirá con Bolton.

A la reunión ampliada no fueron invitados delegados de Guaidó ni Maduro.

La conferencia terminará sin declaración final, con una rueda de prensa del canciller peruano. Tampoco se aprobarán decisiones vinculantes.

Durante la gestión de Maduro iniciada en 2013, Venezuela se hundió en la peor debacle de su historia moderna, llevando a unas cuatro millones de personas a emigrar en los últimos años, según la ONU.

El Grupo de Lima, creado en 2017 para definir una postura común frente la crisis venezolana, lo integran una docena de países latinoamericanos y Canadá. El bloque acordó convocar a este cónclave en una reunión en Chile en abril.

Brasil comenzará a reconocer como válidos los pasaportes venezolanos vencidos hasta por cinco años, informó la asesoría de comunicación de la cancillería.

La medida responde a un pedido del líder opositor venezolano Juan Guaidó -reconocido como presidente interino por más de 50 países, entre ellos Brasil-, que celebró la medida.

«Trabajamos con todos los países por los derechos» de los venezolanos, escribió el jefe del Parlamento en un tuit en el que agradeció al gobierno del presidente Jair Bolsonaro «por el apoyo» a la medida migratoria.

La delegación diplomática de Guaidó en Brasilia, encabezada por María Teresa Belandria, argumentó dificultades para la renovación de este documento de identidad.

Belandria divulgó una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, en la que informa que las autoridades migratorias ya fueron notificadas de la decisión.

«Los servicios consulares de Venezuela no existen para los venezolanos en Brasil», afirmó Belandria, reconocida por el gobierno de Bolsonaro como embajadora de Venezuela en Brasil.

Belandria dice haber recibido constantes denuncias de ciudadanos que no han sido atendidos por los consulados venezolanos en las ciudades brasileñas. «La dictadura sigue ocupando los consulados», acotó, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro.

Más de 4 millones de personas migraron de Venezuela, que enfrenta una grave crisis política, económica y social, según números del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

En la lista de países receptores, Brasil ocupa el quinto lugar, con 168.000 ciudadanos del país vecino. (nyicff.org) La mayoría de ellos ingresan por la frontera terrestre en el estado brasileño de Roraima, en el norte del país.

Estados Unidos se opone a unas nuevas elecciones en Venezuela mientras el presidente Nicolás Maduro siga en el poder porque su gobierno podría manipular el sistema electoral, dijo el lunes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

En declaraciones a periodistas en Perú, que organizará una cumbre sobre Venezuela el martes, Bolton afirmó que las conversaciones en curso entre el Gobierno de Venezuela y la oposición bajo la mediación de Noruega en Barbados “no son serias” y le permitieron a Maduro ganar más tiempo en el poder, reseñó Reuters.

(charlesmcdaniel.co)

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) evalúa implementar el sistema de pago en Petro, para la adquisición de boletos en Conviasa.

En nota de prensa se indica que el superintendente de Sunacrip, Joselit Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa), Ramón Velásquez Araguayán, durante la cual se analizó la puesta en marcha de la plataforma de pago en Petro para impulsar las transacciones con la criptomoneda venezolana.

Esta alternativa brinda diversos beneficios en la transacción que ofrece la PetroAPP, una billetera multimoneda que permite el intercambio entre múltiples criptoactivos, además de hacer un registro contable de todos los movimientos y obtener un balance de las distintas monedas que en la plataforma, de manera rápida, fácil y segura.

El reciente acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional (AN) de reincorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) no es “aplicable”, porque el órgano “no tiene autoridad” para tomar estas decisiones, manifestó este lunes el constituyentista Hermann Escarrá.

En entrevista para el programa Al Aire que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), destacó que el único competente para autorizar la presencia militar de otros países en la nación es el presidente Nicolás Maduro.
“La Asamblea Nacional en desacato no puede de ninguna manera autorizar, ni siquiera por la vía del TIAR, recién nuevamente aprobado, ilegal e inconstitucionalmente, no es aplicable en el caso de Venezuela. Aquí hay una situación intracontinental entre los Estados Unidos que nos ha declarado un país en situación de peligro para su seguridad nacional”, dijo.
“Quien tiene competencias militares, privativas y exclusivas en nuestro sistema constitucional es el presidente de la República, eso viene desde las primeras constituciones”, indicó.
Asimismo, expresó como “traición a la patria” que un venezolano haya pedido la incorporación de ejércitos extranjeros en el país, al tiempo que explicó que al desencadenarse un escenario violento no establecerá diferencia alguna entre oficialistas y opositores.
Resaltó el apoyo “significativo” al proceso revolucionario por parte de naciones como China, Rusia y la India ante un escenario de violencia.
“Estamos blindados por una gran comunidad internacional”, enfatizó.

(Alprazolam)

¿Cómo es posible que en la economía que registra la mayor contracción de América Latina, los costos de registrar una empresa sean los más elevados de América Latina?

De acuerdo con datos recopilados por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad) registrar una compañía en Venezuela resulta más costoso que en Colombia, Chile y Ecuador, por solo citar tres mercados de países que vienen creciendo de manera sostenida en la región.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) publicó en Gaceta Oficial una polémica actualización de los costos de registro de empresas según su área de negocio. Los gremios, analistas y  Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que promueven el emprendimiento han rechazado de forma contundente esta decisión.

En medio de la más profunda depresión económica del país desde que se llevan registros -que no existen actualizados, por cierto-, el gobierno de Nicolás Maduro crea un peligroso cóctel tributario, que no solo incluyen los costos del Saren, sino que suma el Impuesto a los Grandes Patrimonios, un rally de impuestos municipales en los principales estados del país y la estrategia de adelantos de los pagos del ISLR y el IVA.

Un pequeño empresario del sector comercio consultado por Banca y Negocios sobre el tema de impuestos dijo que los pagos del de tributos están acabando con su posibilidad de reinvertir en inventario, que es la única inversión posible, y no duda que esta estructura tributaria lo obligue a él y a otros a cerrar sus negocios antes del fin de año.

Las tarifas del Saren para constituir sociedades mercantiles son inexplicables no solo en el contexto económico nacional, sino se las compara con otros países de la región.

Según el reporte de Cedice-Libertad, que hizo el cálculo de las tarifas en divisas al día de la publicación de la resolución, «registrar una empresa en Colombia es de aproximadamente 251.500 pesos colombianos (unos 75 dólares). Mientras en Chile, el costo promedio de registrar una empresa es de 200.000 pesos chilenos (aproximadamente 300 dólares). En Ecuador registrar una empresa nueva puede costar en promedio unos 400 dólares, pero los costos de registrar una empresa nueva en Venezuela son sin duda los más altos de América Latina, razón por la que nuestro es uno de los países con peor ambiente de negocios en la región».

(Diazepam)

Una conferencia internacional se realizará en Lima el martes con la asistencia de unos 60 países en busca de una salida pacífica a la crisis política de Venezuela, aunque con la ausencia de los países que apoyan al presidente Nicolás Maduro.

Convocada por el Grupo de Lima, que desde 2017 promueve una solución a la crisis en el país petrolero, acudirá a la conferencia una delegación de alto nivel enviada por el presidente estadounidense Donald Trump, conformada por su secretario de Comercio, Wilbur Ross, y su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.

También asistirán, entre otros, delegados del Vaticano, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y 18 países latinoamericanos; pero no participarán China, Cuba, Rusia y Turquía, que fueron especialmente invitados porque pueden tender puentes con el régimen del presidente venezolano.

A la reunión no fueron invitados representantes de Maduro ni del líder parlamentario opositor, Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado de Venezuela.

«A la fecha, 62 delegaciones (59 países y 3 organismos internacionales, para ver el tema de la reconstrucción en Venezuela) han confirmado su participación en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que se realizará el martes», dijo la cancillería peruana en un comunicado divulgado el fin de semana.

Los organismos internacionales que enviarán delegados son la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (conocido anteriormente como Corporación Andina de Fomento, CAF).

«Diálogo creíble»

El Grupo de Lima invitó a un centenar de países «a nivel de cancilleres» a esta conferencia, dijo recientemente el canciller peruano, Néstor Popolizio, quien será anfitrión del cónclave, que se efectuará en un hotel de Lima.

Las invitaciones las cursó Perú a inicios de julio al instrumentar una decisión tomada por el Grupo de Lima en una reunión en Chile en abril.

No ha sido anunciada la llegada de cancilleres a Perú, lo que hace presumir que los países serán representados por sus embajadores en Lima o funcionarios de menor rango. Por ahora la delegación de mayor nivel es la de Estados Unidos.

A la conferencia fueron invitados China, Rusia, Turquía y Cuba, países que «queremos sean parte de la solución y no profundicen el problema», explicó el canciller peruano el 4 de julio en un encuentro con corresponsales extranjeros.

El propósito del cónclave «es que por primera vez nos sentemos todos los países, que en alguna medida, tenemos una vinculación con lo que está pasando en Venezuela», expresó Popolizio en esa ocasión.

«No aceptamos el uso de la fuerza para Venezuela» como solución «a la crisis política social y humanitaria», dijo el canciller al reiterar la postura del Grupo de Lima.

«El propósito es buscar un punto de convergencia, establecer un diálogo creíble que apunte a que se convoque elecciones en Venezuela», insistió.

Durante la gestión de Maduro iniciada en 2013, Venezuela se hundió en la peor debacle de su historia moderna, llevando a unas cuatro millones de personas a emigrar desde 2015, según la ONU.

Más de 800.000 venezolanos se han establecido en Perú, poniendo en aprietos a la red educacional, al sistema de salud y otros servicios públicos. Situaciones similares enfrentan Colombia y otros países. (https://fmcg-viet.com/)

El heredero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) achaca la crisis a una «guerra económica» y a sanciones de Estados Unidos, que incluyen un embargo petrolero desde abril. No obstante, la oposición denuncia la corrupción como el detonante principal.

Representantes de Maduro y Guaidó llevan adelante un diálogo en Barbados, con mediación de Noruega.

Hasta ahora ambas partes han tenido rondas de conversaciones en la isla caribeña y mantienen su compromiso de buscar una «solución acordada y constitucional», según dijo el viernes el gobierno noruego.

Durante la reunión del Grupo de Lima celebrada en Santiago el 15 de abril, el colectivo acordó «convocar en Lima a una Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de todos los Estados que respaldan la recuperación democrática en ese país».

El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 en la capital peruana para definir una postura común frente la crisis venezolana. Lo integran una docena de países latinoamericanos y Canadá.

La Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) concluyó el proceso sancionatorio contra 43 centros privados de salud con la imposición de multas equivalentes a 20% de sus ingresos netos estimados de este año por supuestas violaciones a la Ley Orgánica de Precios Justos.

En la resolución, la Sundde señala que había solicitado a los centros de salud que debían presentar sus estructuras de costos y pliegos tarifarios de todos sus procedimientos clínicos. Aparentemente, no todos cumplieron la exigencia.

La operación de inspección abarcó a clínicas, policlínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios y servicios conexos, donde presuntamente se detectaron prácticas de especulación, usura y condicionamiento de servicios.

En el contenido dispositivo de la resolución sancionatoria se establece que «Se ordena IMPONER contra los sujetos de aplicación de los centros de salud privados que fueron notificados el día 07 de junio de 2019, las siguientes sanciones: A) los que no hayan consignado la información requerida de los procedimientos y costos de salud, serán multados por las infracciones contenidas en el artículo 46 numerales 11 y 15. B) aquellos sujetos de centros de salud que hayan vulnerado los derechos individuales serán MULTADOS por el VEINTE POR CIENTO (20%.) calculada sobre el valor de los ingresos netos anuales del infractor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 numerales 2,7,11, determinado en el primer aparte del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos en concordancia con el artículo 77, según procedimiento iniciado y notificado en la fecha 07/ 06/2019.TERCERO: los centros de salud privada que pudieran estar incurso en la comisión de los delitos de CONDICIONAMIENTO y USURA, serán sancionados conforme a lo establecido en los artículos 56 y 58 de la misma Ley”.

Trascendió que la mayoría de los 43 centros de salud inspeccionados fue sancionado con la multa por incurrir en supuestos hechos de especulación que incluyen la facturación en moneda extranjera.

(Ambien)

El bolívar como moneda dejó de existir. De los tres atributos que debe tener una moneda que se precie de tal, es decir servir de medio de intercambio, unidad de cuenta  y reserva de valor, el bolívar literalmente casi no conserva ninguno de los mencionados atributos.

El proceso de hiperinflación ha sido tan virulento que la tasa de cambio del bolívar respecto al dólar se ha depreciado más de 50% en el mes recién finalizado. Con un ejercicio de simple agregación de la cantidad de ceros que le quitaron al bolívar en enero de 2008 y agosto de 2018, situaría la cotización de un dólar en Bs. 1.200.000.000.000, es decir para comprar hoy un dólar se requerirán un billón doscientos mil millones de bolívares de 2008.

Esta pulverización del valor del bolívar es la consecuencia directa de un menú de políticas destructivas que se originan en un déficit fiscal financiado con impresión de dinero. Déficit fiscales que en los últimos cinco años han promediado 15% del PIB, del cual más de la mitad se financia con creación de dinero por parte del BCV, indefectiblemente tenía que degenerar en una hiperinflación, como efectivamente sucedió.

Sin embargo, el tema fundamental hoy es definir una política para detener la hiperinflación, lo cual pasa obligatoriamente por restaurar la sanidad de las finanzas públicas y que el BCV no emita dinero de la nada, sino más bien de forma orgánica, según la cantidad de reservas internacionales que posea y activos internos genuinos. Pero ello no es suficiente.

A estas alturas de la crisis hay que hacer otra cosa y ello implica la sustitución del bolívar por una nueva moneda, anclada en una relación fija con el dólar y que esa moneda no se pueda devaluar durante un tiempo razonable.

Eso fue lo que hicieron Alemania, con el plan fue coordinado por Ludwing Erhard en 1948, mediante el cual se sustituyó el marco real por el marco alemán, una vez desmontados los controles heredados de los nazis y de allí nació la economía social de mercado; Brasil con la creación del real en 1994 y  Bolivia, el 29 de julio de 1985 cuando se aprueba el Decreto Supremo 21.060 que permitió  instituir el boliviano en sustitución del desprestigiado peso. Algo similar aplicaron Israel en 1985, Perú en 1992, entre tantos otros países que en medio de una hiperinflación adoptaron medidas fiscales y monetarias para estabilizar sus economías y simultáneamente sustituyeron sus monedas ya desgastadas por la inflación y devaluaciones sucesivas.

En Venezuela hay que implantar una nueva moneda nacional porque cualquier programa económico va a tener la impronta de un bolívar que ha pasado por dos reconversiones  monetarias fracasadas y que por tanto el público no le va a tener confianza.

Se procedería a definir una tasa de conversión de los actuales bolívares  a la moneda que se va adoptar y ésta se fija con una tasa de uno a uno con el dólar, sin que esa paridad se pueda modificar durante cierto plazo, ello precedido por  una acuerdo de financiamiento externo masivo y una reorganización profunda de la economía. Con el Plan País se abre una oportunidad para pensar en esta opción para alcanzar la escurridiza estabilidad monetaria en Venezuela y poder así mejorar los salarios de los venezolanos.

* El autor es diputado de la Asamblea Nacional y economista. Ex gerente de Investigaciones Económicas del BCV y ex director de la Escuela de Economía de la UCV.

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