La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), publicó este lunes la carta dirigida al presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua en respuesta a su invitación a la reunión en el Palacio de Miraflores.
En la misiva, los dirigentes de la MUD expresan que la “convocatoria es ilegítima e inconstitucional y que solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente”.
“Por lo anterior, la Mesa de la Unidad Democrática, acompañada de los diputados electos el 6 de diciembre de 2015 y de todos los venezolanos y venezolanas que nos acompañan en esta lucha, le entregamos nuestra respuesta, en la cual rechazamos participar en la fraudulenta e ilegítima propuesta de Nicolás Maduro”, señala el texto.
La oposición convocó para este lunes a una movilización hacia la sede del Ministerio de Educación, que no pudo llegar a su destino, debido a la fuerte represión en algunos sectores de la ciudad por parte de los efectivos de seguridad del Estado, quienes no permitieron a los opositores hacer entrega a Elías Jaua, de la carta en respuesta a la invitación para participar en el proceso constituyente.
A continuación el documento:
Caracas, 8 de mayo de 2017
Señor
Elías Jaua
Ministro del Poder Popular para la Educación
Presente.-
Hemos recibido la invitación para participar en las reuniones relacionadas con la mal llamada “asamblea nacional constituyente ciudadana y de profunda participación popular”, que fue “convocada” mediante Decreto N° 2.830, fechado 1° de mayo.
Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.
Esta fraudulenta propuesta no solo secuestra la soberanía popular, sino que además quiere imponerse con la represión al pueblo venezolano, que se mantiene en las calles en protestas pacíficas demandado soluciones efectivas y constitucional a la grave crisis por la que atraviesa el país.
Lo que venezolanos están demandando es el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución de 1999, devolviendo al pueblo el ejercicio de su soberanía. Solo así, dentro de los mecanismos previstos en la Constitución, y a través de la Asamblea Nacional, la soberanía popular podrá decidir. Pues Venezuela no necesita cambiar de Constitución, sino cambiar de Gobierno como única salida a la crisis.
Cabe reiterar que los venezolanos estamos a favor de cualquier solución constitucional a esta crisis, que pase por permitir al pueblo, legítimo titular de la soberanía nacional, expresarse en elecciones libres, directas, secretas y universales.
Por lo anterior, la Mesa de la Unidad Democrática, acompañada de los Diputados electos el 6 de diciembre de 2015 y de todos los venezolanos y venezolanas que nos acompañan en esta lucha, le entregamos nuestra respuesta, en la cual rechazamos participar en la fraudulenta e ilegítima propuesta de Nicolás Maduro.
La Mesa de la Unidad Democrática
LA MUD FRENTE AL FRAUDE DE LA DICTADURA
Hacemos referencia a su comunicación de 3 de mayo de 2017, en la cual invoca su condición de “Presidente de la Comisión Presidencial que tiene a su cargo la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”. En tal condición, invita a la Mesa de la Unidad Democrática a la reunión pautada para el lunes 8 de mayo de 2017.
En tal sentido, debemos observar que la mencionada Comisión (creada mediante Decreto N° 2.831 de 1° de mayo) junto al Decreto N° 2.830, de esa misma fecha, por el cual se convoca “una asamblea nacional constituyente ciudadana y de profunda participación popular”, son un claro fraude a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al usurpar la soberanía popular y, por lo tanto, agravar –todavía más- la ruptura del orden constitucional y democrático en nuestro país, tal y como la Asamblea Nacional declaró en Acuerdo de 2 de mayo de 2017.
I
La fraudulenta propuesta de convocar a una supuesta “asamblea nacional constituyente ciudadana” sin consulta popular, forma parte del conjunto de acciones que, especialmente desde 2015, derivaron en la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela, agravando todavía más nuestra crisis económica y social.
Así, el secuestro al derecho del pueblo venezolano a expresarse democráticamentea comenzó en 2016, cuando a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue desconocida la Asamblea Nacional y con ella, las elecciones del 6 de diciembre de 2015.
Ese golpe de Estado a la Asamblea Nacional fue consecuencia de otro secuestro, en este caso, de la soberanía del pueblo del estado Amazona, debido a la decisión de Sala Electoral de “suspender” a los diputados de ese estado, privándolo de toda representación. Partiendo de ello, la Sala Constitucional creó la tesis del “desacato” de la Asamblea Nacional, simple excusa para secuestrar la soberanía popular expresada el 6 de diciembre. El desconocimiento de la soberanía popular fue consolidado por la Sala Constitucional con sus ilegítimas sentencias N° 155 y
156, a través de las cuales ratificó la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional, en lo que ha sido calificado por la Fiscal General de la República como la ruptura del orden constitucional.
Tal secuestro continuó, luego, con la ilegítima suspensión del referendo revocatorio del mandato popular, y se consumó, finalmente, con el arbitrario diferimiento de las elecciones regionales. Ambas decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral.
Esta ruptura del orden democrático constitucional y democrático en Venezuela, aunado a la grave crisis humanitaria por la que atravesamos, ha generado la reacción del pueblo venezolano, que de manera pacífica ha salido a las calles a ejercer su derecho a la propuesta, pues no puede expresarse por medio del sufragio debido al secuestro de ese derecho por Nicolás Maduro. La repuesta por parte de Nicolás Maduro y de quienes le acompañan ha sido la represión brutal, que de acuerdo el balance al 4 de mayo del Ministerio Público, ha causado 35 fallecidos y 717 lesionados y que lamentablemente sigue incrementándose como consecuencia de la brutal represión que mantiene.
Ante esta grave crisis, la Asamblea Nacional decidió en Acuerdo aprobado el 27 de abril de 2017, resumir las acciones que deben emprenderse para superar esa crisis, acciones que pasan restablecer el ejercicio pleno del derecho al sufragio en elecciones libres, secretas, directas y universales. Sin embargo, el fraudulento “proceso constituyente” que ha sido ilegítimamente convocado, no satisface a ninguna de esas exigencias, ni coadyuva a superar la grave crisis por la que atraviesa Venezuela, tal y como ha concluido la Conferencia Episcopal en comunicado de 5 de mayo de 2017.
II
Como Mesa de la Unidad Democrática debemos advertir que no puede hablarse de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin que el pueblo se haya manifestado al respecto mediante referendo, en el cual este ha de pronunciarse también sobre las correspondientes bases comiciales. Igualmente, no puede calificarse como Asamblea Nacional Constituyente un cuerpo integrado según las pautas antidemocráticas fijadas por Nicolás Maduro. Así lo ha señalado el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, al sostener que tal propuesta de “constituyente” no debe ser siquiera considerada por el Poder Electoral.
En efecto, a través del artículo 1 del mencionado Decreto N° 2.830, el Gobierno pretende convocar a una mal llamada “asamblea nacional constituyente ciudadana”. Es el caso que, muy por el contrario de lo afirmado, la Asamblea Nacional Constituyente solamente puede ser convocada por decisión del pueblo, pues el pueblo es titular la soberanía (artículo 5 constitucional) y depositario del poder constituyente (artículo 347 constitucional). Este artículo 337, con toda claridad, señala que en ejercicio del poder constituyente, el pueblo “puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”. Lo único que el Presidente en Consejos de Ministros puede decidir, es requerir al Consejo Nacional Electoral que consulte al pueblo sobre quiere o no acudir a una constituyente, con fundamento en el artículo 348 constitucional.
Además, los anuncios efectuados hasta la presente fecha acerca de la supuesta constituyente, así como el artículo 2 del citado Decreto N° 2830, apuntan en una dirección absolutamente contraria a la del “reconocimiento mutuo” al cual alude dicho Decreto. Se trata de planteamientos excluyentes y autoritarios, que buscan imponer al pueblo un proceso constituyente bajo las reglas que Nicolás Maduro defina a su medida. Un planteamiento además inconstitucional porque va dirigido a instaurar unas bases comiciales “sectoriales” contrarias a la Constitución y a la Democracia, que fracturan la soberanía y el concepto de pueblo (artículo 5, 347 y 350 de la Constitución), quiebran la universalidad del sufragio (artículo 63 de la Constitución) y responden al interés de obtener un número de escaños en el cuerpo seudoconstituyente que no se correspondería con la legítima voluntad del electorado, expresada en elecciones verdaderamente democráticas, esto es, elecciones libres, directas, secretas y universales. No es posible, como fraudulentamente afirma el citado artículo 2, que las elecciones sean al mismo tiempo universales y sectoriales: ya este “ámbito sectorial” anuncia la ilegítima restricción al derecho al sufragio en clara violación al principio de igualdad.
Asimismo, se prevén unas elecciones en “ámbitos territoriales” locales ignorando a los Estados como entidades políticas fundamentales de nuestro sistema federal, como circunscripciones principales, y no se ve allí reflejado el principio de representación proporcional -con voto personalizado- previsto en el artículo 63 de la Constitución, propio de nuestra evolución democrática y del espíritu incluyente que debería animar una convocatoria del tipo de la invocada. El carácter territorial de tales ámbitos pudiera además encubrir otra forma de romper la universalidad del sufragio activo y pasivo y desconocer así el principio constitucional de “un elector un voto”.
III
El objetivo del Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria constituyente no es otro que eludir la restablecer el derecho al sufragio en Venezuela, distrayendo la atención de los venezolanos y venezolanas de los graves problemas que les aquejan en virtud de la inflación, la escasez de alimentos y medicinas y la criminalidad desbordada.
Además, es preciso observar que la actual crisis venezolana no es causada por defectos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que justifiquen su sustitución. Por el contrario, la crisis es incentivada por el sistemático desconocimiento de esa Constitución, situación que en modo alguno sería remediada por el fraudulento proceso constituyente que pretende convocarse.
Los Venezolanos no queremos cambiar la Constitución, lo que queremos es por medio de elecciones libres, universales, directas y secretas cambiar al gobierno.
La Mesa de la Unidad Democrática ha afirmado, y hoy lo reitera, su plena disposición a apoyar iniciativas que en el marco de la Constitución, permitan al pueblo expresarse. No es ése, sin embargo, el caso del fraudulento proceso constituyente que pretende ser iniciado por Nicolás Maduro, que solo pretende perpetrar el secuestro del derecho al sufragio, en el medio de una feroz represión que ha implicado la sistemática violación de derechos humanos.
Por la Mesa de la Unidad Democrática.
