Durante un recorrido a los centros industriales de Guarenas y Guatire, que alguna vez circularon las principales avenidas con plantas farmacéuticas, cementeras y tiendas de autopartes, estaban desoladas. A principios de enero, el estallido de solicitantes de empleo se había agotado.
“No hemos dejado de trabajar aquí”, dijo Ángel Requena, vigilante de 45 años de un almacén de refrescos.
“Pero de los 20 camiones de reparto que hicieron cinco viajes diarios a Caracas el año pasado, ahora tenemos 14 que hacen un viaje al día”, indicó señalando un garaje vacío.
A medida que la economía de la nación se detiene, la vida se define por el crimen, el hambre y la necesidad.
La baja de ofertas ha llevado a un aumento imparable de los precios. El gobierno se reunió el pasado jueves con representantes de Nestlé y Procter & Gamble para pedirles que bajaran los precios.
Tarek El AIssami, vicepresidente de Venezuela, anunció que las tiendas tendrán que reajustar los precios a los establecidos en diciembre.
“Se aplicará todo el peso de la ley a las empresas que no acaten la medida”, dijo El Aissami.
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) expresó que la medida supone una “paralización forzada”.
Una encuesta de Conindustria, una de las organizaciones empresariales más grandes del país, destacó que 1 de cada 4 miembros estaba considerando cerrar en 2018 debido a las condiciones desfavorables.
El sector industrial del estado Carabobo tiene a 300 compañías de plásticos sin materia prima, suministros de una subsidiaria de la estatal petrolera Pdvsa y están extendiendo las vacaciones navideñas hasta el 15 de febrero.
Por otro lado, la empresa Alcasa, al sur del estado Bolívar, solo tiene 29 de sus 396 hornos funcionando, indicó Henry Arias, secretario general del sindicato de trabajadores del aluminio.
“Es como un ser humano que está muriendo. Todos los hornos necesitan atención y cuando se apagan, muere”, informó Arias.
