La urgencia en materia de satisfacción de necesidades ante la dimensión de la crisis económica y social venezolana no debe obnubilar a los diseñadores de políticas públicas respecto a la necesidad de compatibilizar objetivos de corto y de mediano plazo.
En materia económica el rescate de las condiciones de vida, consumo y acceso a bienes y servicios por parte de la población debe encontrar en los objetivos de impulso y crecimiento económico su más consistente contraparte, haciéndolo sostenible en el tiempo.
Así las cosas, deben analizarse los principios como la corresponsabilidad de los usuarios en materia de servicios públicos como lo hemos señalado con anterioridad, así como evitar la inmediatez fácil de apostar por un modelo de importaciones que no solo podría encontrarse limitado por la súbita caída de ingresos de divisas al país, sino que especialmente podría comprometer casualmente el flujo de valor agregado y profundidad del PIB que debe rescatarse como objetivo de política.
Justamente el mejor antídoto contra los choques externos, que tanto nos han perjudicado para contar con entornos estables económicamente hablando, lo constituiría un nivel de profundidad de actividad económica doméstica.
La existencia de casos exitosos de política industrial diseñadas e instrumentalizadas ponderando sus riesgos de fallas tendrían por subyacente el principio de la Ley de Walras que perfeccionó a aquel derivado de la Ley de Say; por medio del cual una mayor profundidad en la actividad económica doméstica explicaría un poder de compra que la sustente e incluso que permita crear un juego virtuoso de profundización en la generación de actividad económica, empleo y poder de compra doméstico lo que redundará en la posibilidad de recuperar el nivel de vida doméstico.
En el sector manufacturero venezolano existe un parque industrial, si bien obsoleto en mayor o menor medida dependiendo del mercado/producto al que nos estemos refiriendo, muchos de sus activos no constituyen costos hundidos. Sin embargo, su obsolescencia continúa y existe el riesgo de perder dicho valor residual, entendiéndolo como su posibilidad de generar valor a futuro.
En ciertos sectores industriales las inversiones en activos –especialmente cierto tipo de activos más que otros- poseen el perfil y la caracterización de inversiones de largo plazo. Esto puede y constituye un potencial ahorro de costos de acometida, por un lado, y por el otro, en la actualidad, un reto de compatibilizar objetivos de acceso a bienes y el de reactivar la actividad económica en el país.
La oportunidad de desarrollar una cadena vertical de valor en el país constituye una verdadera oportunidad de expandir el bienestar social, ya no solo por el excedente del consumidor que aportaría el acceso de este último al bien sino adicionalmente por el hecho de incorporar a la ecuación actividad económica doméstica –contratación de factores domésticos (trabajo y capital), incorporación de valor agregado doméstico, incorporación de insumos, partes y piezas domésticas, etc.-.
Siendo estrictos en el análisis, el efecto neto positivo se derivaría del hecho de que el segundo componente mencionado de valor doméstico distinto y adicional al excedente del consumidor supere a cualquier ineficiencia que produzca una eventual pérdida de peso muerto. Esto entre otras dependerá de la posibilidad de explotar economías de escala y de alcance en el mercado doméstico, eventualmente complementado con planes de exportación dada la poca profundidad de nuestro mercado doméstico.
En un extremo, el modelo de impulso del consumo por vía exclusiva de importaciones y su aporte al Bienestar Social por medio del excedente del consumidor podría constituir un caso particular de uno más genérico donde se incorpore valor agregado doméstico y el beneficio por parte de productores locales.
Adicionalmente, una política pública e industrial con un enfoque de mercado y en favor de la competencia, puede evitar las distorsiones típicas de modelos desarrollistas que en el pasado no han podido mantener incentivos en favor de la eficiencia.
