El Banco Central de Venezuela está por decidir ajustar las tasas de interés para préstamos comerciales a una unidad de cuenta referenciada a la variación mensual del dólar de las mesas cambiarias del sistema bancario, según pudo conocer Banca y Negocios de manera extraoficial.
La medida entraría en vigencia desde la segunda quincena de septiembre, pero hay que esperar los detalles a publicarse en Gaceta Oficial para tener una idea más concreta sobre sus alcances e implicaciones.
Este mecanismo ha traído preocupación en el sistema financiero, porque genera incertidumbre sobre los costos de los préstamos tanto para los bancos como para los prestatarios, porque no se podría pactar previamente la tasa ni las comisiones asociadas, lo que dificulta para la banca la proyección de sus ingresos financieros provenientes del crédito.
Y en los casos de las empresas tomadoras de fondos, se complica la proyección de los costos financieros a la hora de elaborar los presupuestos en las compañías.
Fuentes bancarias indican que esta es una medida que desincentiva el crédito bancario, que ya está reducido a mínimos. De hecho, según el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, la intermediación crediticia alcanzó en julio a 16,46%, mientras que en el mismo mes de 2018, este indicador llegó a 51,55%.
Este cambio representa, por una parte, un mecanismo de dolarización del valor del dinero en la economía venezolana, lo cual tiene obvias consecuencias financieras en las estructuras de costos de las empresas. Falta ver si igualmente se ajustarán a esta unidad de cuenta las tasas pasivas, cosa que, en teoría, parece poco probable.
Desde marzo, el gobierno de Nicolás Maduro decidió limitar severamente el crédito bancario con el objetivo de parar el crecimiento de la inflación y del tipo de cambio en el mercado paralelo. A tal efecto, decidió incrementar el encaje legal ordinario a 56% y el marginal a 100%, secando a rajatabla la liquidez del sistema bancario.
Ahora que el plan parece ser inyectar un elevado volumen de liquidez al sistema, a través de la colocación de 23 billones de bolívares en títulos de deuda pública, el objetivo de esta medida puede ser desincentivar la adquisición de divisas; sin embargo, la remuneración por créditos de la banca entra en un terreno indefinido, cuyo incremento depende exclusivamente de cuánto se devalúe el bolívar.
Igualmente, según pudo conocer Banca y Negocios, este principio aplicará para las penalizaciones por incumplimiento del encaje legal, lo que conduce a una sanción excesiva si algún banco no puede o decide asumir el riesgo de prestar en las actuales condiciones.
En opinión del economista César Aristimuño, director general de Aristimuño Herrera & Asociados, esta es una decisión peligrosa y que coloca a la banca en una posición pasiva, impedida ya de manera casi definitiva de cumplir su obligación de intermediar recursos para apalancar la actividad económica de las empresas venezolanas.
Según las proyecciones de esta empresa consultora, la economía venezolana va a contraerse en un escenario básico de 35% al cierre de 2019, que, en las actuales circunstancias de sequía de liquidez, puede llegar a ser más extremo.
