A 21 asciende el número de detenidos por el delito de fraude importador contra el Estado venezolano en el periodo 2004-2013, informó el fiscal general de la República, Tarek Wiiliam Saab.
En los dos últimos meses, el Ministerio Público ha verificado a 32 empresas, de un total de mil, que presuntamente están implicadas en la trama de corrupción de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). Del total de empresas, 26 son fantasmas.
Por este caso hay 21 órdenes de aprehensión pendientes para ser ejecutadas y se han realizado nueve allanamientos.
Al ofrecer un balance de las recientes acciones judiciales que ha emprendido este despacho, el fiscal general informó que el pasado domingo fueron detenidas 11 personas vinculadas con el desfalco contra el Estado, entre las que se encuentran Esbeir Ghali Doumat, cuya empresa Biodanica S.A, ubicada en Aragua, recibió 11,2 millones de dólares entre 2011 y 2013 para importar dióxido de titanio, registrándose una sobrefacturación de 19.000 %.
También fueron detenidos Luz María García Martínez, José Luis Figuera García, Leonardo José Solórzano García y Luis Alberto Romero, accionistas de la empresa envasadora Aguas del Orinoco, en Bolívar, quienes sobrefacturaron 16.000 % en la compra de ácido fosfórico entre 2004-2011, lapso en el que recibieron $ 15 millones.
Asimismo, las ciudadanas Alexa Gómez de Ardila y Carmen Maritza Montero Urdaneta, socias de la empresa Importaciones Mía (Miranda), fueron aprehendidas en el estado Miranda por uso irregular de $ 6,3 millones; al igual que Evaristo Antonio González, accionista de Corpomédica detenido en Zulia, que, tras recibir $ 1,9 millones en 2012, sobrefacturó 100.000 % en la compra de cloruro de calcio.
Otros de los implicados fueron apresados en Táchira por irregularidad en la importación de hexadecanol. Los ciudadanos, representantes de la Constructora BJL, fueron identificados como Wolfang Báez Medina, Lendy Báez Medina y Cirabel Medina de Báez.
En este caso, en el que la empresa recibió 3,2 millones de dólares, Saab indicó que se simuló “importación de productos mediante triangulación de empresas del mismo propietario en el exterior”.
Fiscalía suma varias acciones judiciales
A estas actuaciones se suman otros casos que han sido revelados por el fiscal general. Hace una semana informó sobre la captura de los accionistas de Azucarera Río Turbio C.A., implicados en los delitos obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Los detenidos fueron identificados como Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz.
Por este caso existen ocho órdenes de aprehensión que están en marcha. Río Turbio recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017 con sobrefacturación para importación de azúcar cruda a granel.
En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la empresa C.A. Central La Pastora. Hay siete órdenes de aprehensión por el delito de sobrevaloración en un 230 % de importaciones de azúcar cruda a granel. Recibió del Estado 1,3 millones de dólares con forjamiento de actas de pesaje.
A la lista de detenidos se suma Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A., que recibió divisas entre 2012 y 2013 por la cantidad de 12,3 millones de dólares y simuló procesos de importación e incurrió igualmente en sobrefacturación. Aquí hay otras siete órdenes de aprehensión.
Tanto la Policía Nacional Anticorrupción como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Félix Jiménez Silva y Rafael Carrasquero, socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar, C.A., señalada por sobrevaloracación de 300 % en importaciones, a la que se le liquidaron 2,4 millones de dólares y se presume que es una empresa fantasma.
Asimismo, fue detenida Sadia Cohen por simular importaciones con su empresa fantasma Acción Mercantil C.A., a la que le fueron liquidados 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras.
La Fiscalía también ordenó el allanamiento de las instalaciones del central azucarero La Pastora en Carora, estado Lara, pues fue usado para cometer fraude importador para la obtención irregular de divisas. Estos bienes pasarán a manos del Estado venezolano, apuntó el fiscal.
