La Corte de Apelaciones de París anuló parcialmente el Laudo Arbitral que exhortaba a Venezuela a cancelar 966.500.000 de dólares más los intereses a la empresa canadiense Rusoro Mining Ltd.
En el año 2012 se comenzó un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 3.033 millones de dólares aunado a intereses contra Venezuela de la cual se obtuvo una sentencia del pago total en más de 1.000 millones de dólares.
Recurso de anulación
La Procuraduría General de la República, en octubre de 2016, introdujo un Recurso de Anulación contra el Laudo ante la Corte de Apelaciones de París, que fue resuelto el pasado 29 de enero con una sentencia que anuló parcialmente el Laudo Arbitral.
La Corte de Apelaciones de París decidió que el Tribunal Arbitral falló al determinar una evaluación de las acciones de Rusoro sin contar con la variación posterior al 2008, ni la pérdida de valor de la empresa por los cambios en el regulatorio a partir del año 2009; reseñó la Procuraduría de la República en nota de prensa.
Desde el año 2002, Rusoro colaboró junto al Gobierno en el sector minero y en el año 2008 se anexó a la empresa “Minera Versus”, integrada con 50% de acciones para la empresa canadiense y 50% para el Estado venezolano.
Cambio en la legislación
Luego del cambio en la legislación referente al oro y diversos minerales estratégicos, el Estado resguardó las actividades de exploración, así como las de explotación del oro, por lo cual el reglamento de aprovechamiento del oro reafirmó la soberanía del país ante los recursos estratégicos.
En ese sentido, se ejecutaron nuevas condiciones para la cooperación en empresas mixtas para garantizar una ganancia económica para el país, relató la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
La ley también erradicó la concesión, la autorización y los contratos mineros, por lo cual las maneras de explotación debían reemplazarse por la de “empresas mixtas” con una aportación mayoritaria del Estado venezolano.
En ese sentido, la compañía canadiense Rusoro Mining Ltd, como todas las empresas del sector, fue invitada a negociar su adaptación a las nuevas condiciones de la legislación venezolana, las cuales quedaron infructuosas.
La referida sentencia de anulación parcial del Laudo Arbitral ratificó el ejercicio de la soberanía del Estado venezolano ante sus recursos minerales así como el interés del Gobierno Nacional de proteger las riquezas del pueblo venezolano.
