La Asamblea Nacional (AN) con los votos de la fracción opositora aprobó un acuerdo de rechazo de la extensión del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica por considerar que “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que sufre el país”.
El decreto 3.239, emitido el 9 de enero del 2018, declara nuevamente un Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.
El diputado José Guerra (Unidad/Distrito Capital) al intervenir dijo que los decretos de emergencia que se han aplicado desde el 2016 hasta el presente solo han servido para desatar una hiperinflación, la acumulada en ese lapso es de 3.200%, asimismo ha hundido la economía en recesión, además ha desatado la depreciación del bolívar en 19.000% y, adicionalmente, sirvió para generar el mayor empobrecimiento del pueblo.
Agregó Guerra que ante esta situación es conveniente un plan de recuperación económica el cual contempla la eliminación del control de cambio que sólo alimenta la corrupción, recuperación de la industria petrolera y limpiarla de corrupción y detener la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV
Dicho decreto contempla que se ha quebrantado la seguridad jurídica y el estado de derecho, se ha desnaturalizado el régimen político y el estado de excepción.
Establece que desde su implementación se ha incrementado la escasez de alimentos, de medicinas y otros insumos médicos, debido a que la declaración de estados de emergencia han sido utilizados para desconocer las atribuciones constitucionales de la AN y generar mayor concentración de poder en la presidencia de la República.
Igualmente refiere que el mantenimiento de los decretos económicos generó la peor crisis económica de la historia de Venezuela con una inflación que supera el 2.000%.
El mismo suspende preceptos constitucionales referentes a las facultades de control de la AN sobre contratos de interés público y presupuesto y endeudamiento, así como sus competencias de control político sobre altos funcionarios y ejecutivos.
Esta AN ha desaprobado reiteradamente los decretos de Estado de Excepción dictados por la Presidencia de la República y sus prórrogas sin que el gobierno se haya sometido a lo resuelto por el Parlamento contando para ello con el respaldo factico de decisiones irritas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El documento contempla que se profundiza la grave alteración del orden constitucional que sufre Venezuela y representa un golpe de desconocimiento de la Constitución.
Son nula, y jurídicamente inexistentes, las operaciones de endeudamiento o crédito público que se han celebrado sin la intervención de la AN en los términos constitucionalmente establecidos.
La Asamblea Nacional instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los órganos del Mercado Común del Sur (Mercosur) “para que contribuyan” a poner freno al desmantelamiento de la Democracia y del Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional.
Este acuerdo será enviado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
