En Sesión Ordinaria y mediante la aprobación de un acuerdo, la Asamblea Nacional desconoce y declara «inexistente e ineficaz», la «Ley Antibloqueo» que «viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador».
El parlamento electo en 2015 declara que el polémico instrumento fue dictado de manera inconstitucional por la «fraudulenta ANC» e insta ainvestigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los personas, que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación.
El referido acuerdo advierte que, toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento «paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente».
Los parlamentarios ratificaron respaldo al texto propuesto y aprobado en la Comisión Permanente de Finanzas, y destacaron el cumplimiento del numeral 4 que define y establece que «cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocida por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior».
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, diputado Alfonso Marquina, presentó el Proyecto de Acuerdo e indicó que el Gobierno «pretende justificar la aprobación de este adefesio con la supuesta defensa de los derechos humanos»; «irónicamente presentada por un Gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos» y denunció que «antes y después de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, la economía ha disminuido un 85%».
«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», declaró Marquina.
Fuente: Banca y Negocios
