Un plan económico integral orientado a superar la crisis económica que actualmente atraviesa el país debe incluir la eliminación del control cambiario y de precios además de un manejo acertado de la liquidez monetaria anclada al PIB, que a su vez permita controlar el gasto fiscal, considera el economista Alejandro Sucre.
Destaca que actualmente la oferta monetaria y el gasto fiscal crecen más allá que la producción de bienes y servicios del país. Alerta con respecto a que el tipo de cambio debe reflejar parcialmente la cantidad de dinero que hay en la economía y en aquellos casos donde los niveles de confianza en el país son altos incluso el monto es menor tal y como ocurría en Venezuela en la década de los ´60 y ´70. Sin embargo, explica que actualmente hay un exceso de salida de divisas que altera la relación entre ambas variables producto de la incertidumbre.
Consultado con respecto a cuál sería el tipo de cambio de equilibrio entre el bolívar y el dólar, acotó que actualmente el teórico equivaldría a unos 40.000 o 50.000 bolívares por divisa estadounidense. No obstante, asegura que tendría que empezarse con un valor más elevado mientras se recupera la credibilidad en las políticas económicas del Gobierno.
Propone que en una primera fase para la liberación del control de cambio se regrese al esquema del año 2010 con un dólar flotante y uno oficial pero en la medida en que el gobierno logre mejorar la eficiencia del gasto fiscal y la emisión de dinero sin respaldo el último desaparecería y el flotante iría reduciéndose de acuerdo con la oferta y demanda del mercado.
Señala que el petro, en su criterio, fue un intento del Gobierno para liberar el cambio en una forma disimulada para no admitir que el control de cambio fracasó considera que fue una medida acertada. Sin embargo, aclara que no se debió buscar la garantía en reservas petroleras no solo porque es anticonstitucional sino porque tampoco es creíble. Acota que en una empresa como Pdvsa cuya producción viene cayendo a un ritmo vertiginoso y no produce suficiente crudo para cancelar sus deudas y gastos no hay credibilidad.
Puntualiza que el dólar aumenta de precio igual que todos los demás y la manera de frenar la devaluación y combatir el dólar no oficial es controlando la oferta monetaria, “esto requiere de una buena gerencia”.
Para Sucre es fundamental que se corrijan los desequilibrios económicos atacando sus causas porque “el sector privado no es culpable de la inflación ni de la devaluación. El único responsable en una sociedad de estos indicadores es el Gobierno a través de las políticas monetarias y fiscales. Cuando éstas son incorrectas se acentúan ambos problemas y hacen descender la producción interna”.
Reestructurar empresas
A juicio de Alejandro Sucre corregir el gasto fiscal ineficiente tiene que incluir una reestructuración de las empresas del Estado deficitarias y el control del exceso de crecimiento en la liquidez monetaria. Ambas medidas permitirían obtener resultados rápidamente como consecuencia de la estabilización del mercado cambiario para avanzar hacia la liberación total del control en el área.
Cabe destacar que la liquidez monetaria ascendió a 423,7 billones de bolívares al 30 de marzo de este año, según informó el BCV. Esto refleja un incremento de 3.013% en comparación con el mismo período del año pasado.
Al cierre del primer trimestre de 2018, la liquidez registró un crecimiento de 218% en referencia a enero de este año.
A pesar de esta situación Sucre, quien también es lider en recuperación de empresas, puntualiza que “los mercados se estabilizan rápidamente con el anuncio de medidas económicas creíbles que generan expectativas positivas y hacen, por ejemplo, que la gente deje de buscar refugio en el dólar por lo cual el tipo de cambio comienza a descender”, acota.
Sostiene que el control de las variables macroeconómicas genera estabilidad en la economía a corto plazo, pero alerta que debe ir acompañado de una reducción del gasto público en las empresas del Estado porque si éstas no funcionan de manera eficiente se revierte la situación y los efectos de la liberación del tipo de cambio se pierden y se impide que vengan las inversiones.
Manejo eficiente
Para Alejandro Sucre el saneamiento de las empresas del Estado debe ser una piedra angular para cualquier programa que pretenda estabilizar las variables micro y macro económicas del país puesto que, a su entender, es la única manera de generar confianza para atraer capitales foráneos y nacionales y generar un círculo virtuoso donde se incentiven la productividad y el empleo.
Asegura que el paso inicial debe ser el reclutamiento de personal especializado para que puedan manejarse profesionalmente, así como también llevar adelante un diagnóstico financiero preciso que permita establecer los requerimientos reales de capital.
Las empresas deben ser obligadas a presentar sus estados financieros auditados para que haya vigilancia y control de forma semestral para que los venezolanos puedan saber cómo se están gerenciando y se puedan implementar los cambios necesarios en los casos que se requiera.
Considera que con el propósito de estimular la productividad a los trabajadores deberían otorgarles bonos por los resultados obtenidos así como también participación en las utilidades de las empresas.
Cita como ejemplo el caso de Pdvsa donde, en su opinión, se observa una caída sostenida en la producción por la falta de gerencia capacitada. De allí la importancia de remunerar a los empleados del Estado según su productividad y el alcance de objetivos con incentivos tanto individuales como grupales.
Con respecto a cuántos recursos se requerirían para apuntalar el plan de rescate de las empresas del Estado, explicó que hay que cuantificarlos en cada caso de acuerdo con variables como costo beneficio y mercado que abarca, entre otros. “Es necesario hacer un análisis de inversión en cada una de ellas lo cual se puede adelantar rápidamente con el personal adecuado”.
Avizora que poniendo a las empresas públicas a producir el PIB crecería, los sueldos y el consumo seguirían la misma tendencia y se dejaría de inyectar dinero inorgánico a las empresas porque el hecho de que no produzcan eficientemente empobrece a la sociedad.
Propone, como parte de la estrategia a desarrollar, democratizar el capital de empresas en el sector productivo con lo cual las necesidades de capital de trabajo y la deuda social de las compañías estatales pudieran subsanarse por la vía de la ampliación de la emisión de títulos valores en las bolsas públicas de valores tanto nacionales como foráneas.
Apunta que “el crédito por sí solo no es suficiente para desarrollar el tejido industrial de una Nación, la inversión de capital es imprescindible”. Agregando que distribuir las acciones de las empresas en canales dedicados para incorporar a los ahorristas de menores recursos también es importante.
En cuanto al destino de los recursos captados en los mercados bursátiles estima que deben ser inyectados a las empresas seleccionadas por los despachos de Planificación y Finanzas de acuerdo con los resultados del diagnóstico preliminar.
A través de este mecanismo considera que se canalizaría la liquidez monetaria y se incentivaría el ahorro en inversión productiva, además de permitir el acceso a estas inversiones a los sectores de menores recursos del país.
Apunta que en este contexto las bancas pública y privada, bajo la coordinación del Estado, pudieran implantar un mecanismo para financiar a los pequeños inversionistas para que adquieran los títulos emitidos, los cuales a su vez servirían como garantías.
Entre los beneficios para los pequeños ahorristas e inversionistas enumeró que serían nuevas alternativas de inversión a través del mercado de capitales obteniendo posibles rendimientos superiores a otras opciones disponibles además de constituirse para el Estado en un mecanismo idóneo para redirigir recursos.
Por otra parte, apunta que hacer efectivo el ahorro del ciudadano en inversión en empresas productivas; se evita el uso de fondos del Presupuesto Nacional; se crea en la economía nacional con una inédita fuente de inversión productiva y de patrimonio para los sectores de menores recursos.
Igualmente, continúa enumerando, se garantiza al Gobierno Nacional la ejecución de líneas estratégicas para la consolidación de la economía participativa y la incorporación de los ciudadanos al sector productivo en calidad de accionistas y, adicionalmente, se crea conciencia en la población sobre el valor de la participación activa del ciudadano en la creación de riqueza nacional.
Detalla que este plan puede ser puesto en marcha en los proyectos expuestos en el Plan de la Patria, las empresas mixtas de Pequiven, aquellas que son administradas por el Ministerio de Industrias, Fogade o en empresas que estén en reestruturación o requieran capitalizarse dentro de la banca estatal y los distintos ministerios.
Asegura que con esta iniciativa los actores de la transformación industrial en Venezuela serían las cajas de ahorro, los pequeños ahorristas y las comunas, entre otros.
Añade que la experiencia internacional indica que las cajas de ahorro invierten entre 1% y 5% de capital disponible en empresas de inversión de capital como parte de su cartera diversificada.
“Todo ese ahorro sería dirigido a través de la Bolsa de Valores Pública Bicentenaria para animar la economía en sectores críticos como turismo, petroquímica, minería y consumo masivo dentro de los cuales se desarrollarían cadenas de valor”, sentencia Sucre.
Otro aspecto que considera fundamental es tratar al empresario privado como el mayor contribuyente a la innovación y al desarrollo de los recursos del país y de las empresas.
Para el entrevistado el Gobierno debe concentrarse en “aumentar la producción, bien a través de inversionistas extranjeros o locales”.
Consultado con respecto al tema de la deuda externa recuerda que está directamente vinculado con Pdvsa. Por ello, asegura que pasa por una reestructuración de la estatal petrolera para incrementar su producción y recibir por la comercialización de petróleo los recursos necesarios que permitan cumplir con los compromisos. Plantea también negociar con empresas mixtas en forma razonable para lograr esta meta.
A juicio de Sucre para reactivar la economía nacional no es necesario acudir a organismos multilaterales a buscar financiamiento e insiste en que la inversión debe ser directa con la finalidad de aumentar la producción nacional.
Estima el economista que en el proceso de análisis de las empresas administradas por el Estado debe contemplarse la posibilidad de adelantar procesos de privatización o devolverlas a sus dueños dependiendo de cada caso en particular.
Finalmente, apunta el experto que abrir las puertas a los inversionistas nacionales y extranjeros es una buena opción porque si se respeta la libertad cambiaria, se eliminan los controles de precios, “si no hay desorden fiscal nadie va a sacar su dinero”, agrega.
Tierra de oportunidades
Para el economista, Alejandro Sucre, quien también es abogado y se ha desempeñado como líder en la recuperación de empresas en crisis durante más de 27 años, a pesar de los problemas y el deterioro económico que atraviesa Venezuela actualmente tiene oportunidades porque se pueden estimular las exportaciones privadas en la economía, hay mano de obra barata que permite diversificar el sector y con más seguridad personal se podrían desarrollar el potencial turístico y agrícola.
“Hay sectores con muchas ventajas comparativas como, por ejemplo, agricultura, pesca, turismo y acero. Si el Estado logra mejorar la eficiencia de las empresas que están bajo su administración podemos tener un resurgimiento económico en Venezuela porque el potencial existe”, manifiesta.
Agrega que con la toma de decisiones económicas adecuadas las potencialidades en materia minera también se pueden impulsar.
A su juicio, la política de exportación que se desarrolla actualmente es positiva porque permite que 80% de las divisas se quede en manos de los empresarios privados y 20% vaya al Estado. No obstante, recuerda que con las expropiaciones de empresas por parte del Gobierno bajo el argumento que son de carácter estratégico se genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
En el criterio de Sucre cualquier gobierno, incluyendo el actual, puede emprender las reformas económicas, siempre y cuando exista la voluntad política necesaria, y obtener resultados progresivamente y en poco tiempo.
Aclara que cualquier plan económico que se implemente debe ser integral e incluir acciones en el área cambiaría, monetaria y fiscal, entre otras, con la finalidad de lograr que los resultados se mantengan en el tiempo y que no se repitan experiencias pasadas en las cuales los efectos de los programas solo fueron de corto plazo producto de no adelantar el proceso de saneamientos de las empresas públicas.
