La República Bolivariana de Venezuela rechazó este jueves la apertura de un examen preliminar por parte de la oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), por la espiral de violencia promovido por la derecha entre los meses de abril y julio de 2017.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, se expresa que sorprende “la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte, y que sea a través de la información difundida en un comunicado, que se haga de nuestro conocimiento los infundados alegatos, alterando así el principio del debido proceso”.
Además, destaca que el Estado venezolano es democrático y de justicia que garantiza “los Derechos Humanos tal y como lo consagra nuestra Constitución”.
Más temprano, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, indicó que el Ministerio Público (MP) ha atendido casos que fueron consecuencia de la violencia política ocurrida en algunas ciudades del país entre abril y julio del año pasado, acciones que fueron alentadas por la derecha y que dejaron un saldo de 124 personas asesinadas.
A continuación el texto integro:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela, rechaza de manera firme y categórica la apertura de un Examen Preliminar de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en razón de los hechos ocurridos en el mes de abril de 2017 en Venezuela, según se desprende de comunicado de prensa publicado el día de hoy 08 de febrero de 2018.
La República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que otorga preeminencia a los Derechos Humanos tal y como lo consagra nuestra Constitución.
Durante los meses de abril a julio del año 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros.
Los sucesos de violencia focalizada en menos del diez por ciento del territorio, arrojó como saldo víctimas fatales tanto civiles como funcionarios de las fuerzas del orden público, cientos de heridos e importantes daños tanto al patrimonio de la Nación como a establecimientos privados.
Sorprende a la República Bolivariana de Venezuela, la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte, y que sea a través de la información difundida en un comunicado, que se haga de nuestro conocimiento los infundados alegatos, alterando así el principio del debido proceso.
A pesar de ello, Venezuela, en el marco de la cooperación internacional debida, asegura a este organismo su plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados en el comunicado, al tiempo que está en la disposición de suministrar a la Corte información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional, de conformidad con la Constitución y las leyes de nuestro país y de la legislación internacional.
Venezuela resalta que la Corte Penal Internacional y sus órganos, incluida la Fiscalía, según establece claramente el Estatuto de Roma en su preámbulo y artículo primero – tienen carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales- esto significa que la Corte Penal Internacional solo podrá conocer aquellos casos en que un Estado se niegue a investigar o judicializar una situación de las que son competencia de la Corte, lo cual no es el caso venezolano.
La República Bolivariana de Venezuela desea llamar la atención a la comunidad internacional sobre lo que a decir de algunos juristas internacionales es un claro caso de abuso de poder por parte de la Oficina Fiscal. Estamos hablando de la figura del “Examen Preliminar”, inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal. Se trata de “un proceso al estilo de la inquisición”, implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados.
Es a perpetuidad, porque “no hay plazos establecidos en el Estatuto de Roma para una decisión sobre un Examen Preliminar”, aseveración esta repetida por la Oficina Fiscal en diversas oportunidades y comunicados de prensa, reafirmando así la eternización de la exposición al descrédito y señalamiento Internacional a que son expuestos los Estados sujetos a “Examen Preliminar”.
La República Bolivariana de Venezuela denunció profusamente a nivel internacional la arremetida de violencia estructurada y planificada a que fue sometida su ciudadanía a partir de abril del año pasado por grupos violentos, fuertemente armados y entrenados. Apoyados con presencia de “contratistas civiles foráneos”, que sumieron algunas partes del país y en especial algunas áreas de la capital, Caracas, en un caos planificado, con la única intención de desestabilizar un Gobierno democrático y legítimo. La efectiva labor de nuestros organismos de seguridad ciudadana logró, aun a costa de la vida de no pocos de sus integrantes, preservar el Estado de Derecho, defender la paz y la tranquilidad del país.
El sistema judicial venezolano al día de hoy adelanta los procesos legales correspondientes para llevar justicia a cada una de aquellas personas que en esos difíciles momentos vio vulnerado sus derechos, integridad física o peor aún la pérdida de la propia vida o la de sus seres queridos por la actuación individual realizada en contravención de los instrucciones impartidas.
La República Bolivariana de Venezuela, reitera su compromiso con el Estatuto de Roma y muy especialmente con los principios que lo inspiraron, principalmente con el Estado constitucional de Derechos Humanos que proclama nuestra Carta Magna.
Caracas, 08 de febrero de 2018
