Ayer el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, justificó la muerte del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, junto a seis integrantes de su movimiento, afirmando que el procedimiento de los cuerpos de seguridad “se enmarca en los criterios universalmente reconocidos” porque, indicó, hubo una agresión que puso en riesgo la vida de los funcionarios. Los activistas de derechos humanos de Provea y Cofavic, de manera enfática, calificaron el acto como una ejecución extrajudicial que se suma a los 6.385 casos registrados entre enero de 2012 y marzo de 2017, señaló Cofavic.
Para Inti Rodríguez, coordinador del área de Monitoreo e Investigación de Provea, los videos divulgados por el ex inspector del Cicpc en los que anunciaba que se iba a entregar y aun así fue asesinado; el uso de armamento de alto calibre; el despliegue de al menos 600 funcionarios para detener a 15 personas; la presencia de grupos paramilitares que se constató con la muerte de Heiker Vásquez, integrante del denominado colectivo Tres Raíces; la ausencia y el silencio de funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en el procedimiento, y el saldo de 10 fallecidos, incluido el miembro del colectivo y 2 funcionarios policiales, son indicios de un ajusticiamiento extrajudicial –que califica como “un homicidio deliberado”– y de un uso excesivo de la fuerza.
“Lo ocurrido es una posible ejecución extrajudicial transmitida a través de las redes sociales y causa preocupación. El desenlace fatal que vimos demuestra la consolidación que tanto hemos denunciado de las OLP y que la ejecución extrajudicial se ha institucionalizado”, denunció Rodríguez.
“Si los videos transmitidos en las redes sociales no son suficientes, debería abrirse una investigación seria y transparente, pero estos videos sí constituyen una prueba importante porque el principal afectado transmitió públicamente su manifestación de entregarse pacíficamente”, denunció el defensor de Provea.
El director de Amnistía Internacional de Venezuela, Marcos Gómez, a través de su red social Twitter, denunció que 5.535 personas fallecieron por acciones de cuerpos policiales y militares en 2017. “Cuando el Estado es el que mata, la negación de derechos es extremadamente represiva”, escribió.
Cofavic, a través de un comunicado, agrega que hasta “los delitos más graves, como el terrorismo o el narcotráfico, en un Estado democrático, deben reducirse en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara entre la violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado”.
Acompañamiento y peticiones
Ayer en la mañana Aurora Aguado, hermana del médico William Aguado a quien se pretende vincular con Óscar Pérez y con uno de los seis detenidos, acudió a Provea a denunciar que su familiar fue golpeado en su apartamento en Caricuao en el momento en que fue detenido. Provea acompañará a la mujer hasta la Defensoría del Pueblo para oficializar la denuncia.
Provea pide que se garantice el derecho a la legítima defensa de los seis detenidos en el procedimiento y denuncia que ayer por la tarde todavía sus familiares desconocían el lugar de reclusión, el estado de su integridad física y los cargos imputados. Cofavic exige al presidente y a los altos funcionarios militares y policiales que rechacen los crímenes cometidos en operativos y que cooperen con el esclarecimiento y el establecimiento de las responsabilidades.
