El contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Galindo, aclaró este jueves que el procedimiento administrativo de Henrique Capriles Radonski no guarda relación con la empresa Odebrecht.
“El ciudadano Capriles no se presentó a la audiencia físicamente, pero estuvo debidamente representando por los abogados Rafael Chavero y Bernardo Pulido, así que tuvo pleno derecho a la defensa”, dijo durante una rueda de prensa en la sede del ente.
Asimismo, sostuvo de forma abierta que el procedimiento no guarda ninguna relación con el caso de la empresa Odebrecht. “Tal vez se haya indicado con el fin de tratar de distorsionar y empañar la gestión de los funcionarios delegados autorizados para seguir este procedimiento”.
En este sentido, indicó que “este procedimiento tiene lugar a su inicio en base a los informes definitivos, en virtud a una serie de actuaciones de carácter administrativo que se realizaron en la contraloría de Miranda, audiencia que tiene el objeto de la defensa de los ciudadanos: Henrique Capriles Radonski, Adriana María D Elia Briceño, Ana María Fernandez, Manuel Alonso Morales, Merlin Alfredo Benitez Rosi, Carlos Alberto Ibarra Villamizar, Olimpia Cecilia Marcela Rotundo, Jennifer Sandi Calai Urtado, Ungalina Josefina Mendoza Chávez”.
Este procedimiento se inició mediante autodictado en fecha 7 de septiembre de 2016 por la dirección de determinación de responsabilidades adscrita a la dirección general de procedimientos especiales con delegación “legitima y suficiente competencia y facultad” asignada por el Contralor General de la República.
Galindo precisó que los interesados legítimos pueden ejercer cualquier tipo de recurso de los que establecen las leyes respectivas; es decir, pueden ejercer ese derecho a la defensa no solamente es a lo interno.
“Si alguno de los interesados legítimos requiere de cualquier información adicional después de la celebración de este acto público, tiene acceso al expediente respectivo en cualquier momento”, agregó.
Exhortó a cualquier persona que sea investigada por la contraloría, a guardar el debido respeto a las autoridades.
