La Asamblea Nacional (AN) declaró nulo el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 al calificar su aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y posterior publicación en Gaceta Oficial, como un acto violatorio de todos los parámetros legales de una ley en el que se usurparon las funciones del Poder Legislativo, único órgano constitucionalmente facultado para sancionarlo y con el agravante de que ni el pueblo conoce los montos, partidas o distribución del mismo.
La diputada María Beatriz Martínez (Unidad /Portuguesa) fue la encargada de presentar el acuerdo de nulidad que fue aprobado en plenaria, resaltando el manejo inconstitucional e ilegal del presupuesto 2018 que realizó el Ejecutivo, presentándolo ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual es contrario a todas las normas constitucionales y legales que rigen la materia.
Explicó que el gobierno no presentó en la oportunidad establecida el correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto ante la Asamblea Nacional y optó inconstitucionalmente por recurrir ante “la fraudulenta Constituyente, la cual usurpando funciones de esta Asamblea Nacional, declaró la presunta validez de la Ley de Presupuesto mediante un “Decreto Constituyente” publicado en Gaceta Oficial Nº 41.293, de fecha 5 de diciembre de 2017”.
En su argumentacion la diputada Martínez enfatizó que ese proyecto aprobado y publicado no existe, puesto que no se llenan los extremos legales y no fue debatido con los parámetros que conlleva la Ley de Presupuesto en todo lo que está relacionado con su orden, características, estructura, responsables y una serie de condiciones que permitan el control sobre el gasto público y cuentas fiscales.
Precisó además la parlamentaria, que la grave crisis económica obliga a un manejo cuidadoso y un uso responsable de los escasos recursos con los que cuenta la República, con la eliminación de los gastos suntuosos, la reducción de los gastos no prioritarios, la eficiencia en la ejecución y la realineación de los fondos para atender las prioridades y apalancar la generación de recursos sostenibles y el aumento de la productividad.
Para ello –insistió Martínez- es necesario y de suma importancia dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales en materia presupuestaria, a lo cual considera que se niega el Ejecutivo porque no quiere bajo ningún aspecto rendir cuentas claras ante nadie ni quiere pasar por los controles de un equilibrio fiscal
Oscurantismo en el manejo de los recursos
Esta acción del Ejecutivo, a su juicio, refleja el gran nivel de opacidad, arbitrariedad y oscurantismo total con en el que se manejan los recursos públicos del país. Por ello en el acuerdo aprobado se hace énfasis en que efectivamente todo presupuesto que no cumpla con los requisitos de la Constitución es absolutamente nulo y quien incurra en el ejercicio de su manejo tiene responsabilidad individual, como sería el caso de todos los funcionarios administradores o pagadores de un presupuesto inexistente.
De igual forma la legisladora insistió en la importancia de que se entienda que esto perjudica directamente al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie , a la cantidad de niños que mueren por desnutrición, a las personas que se mueren por falta de atención y medicinas en los hospitales y por el mal manejo de los recursos públicos, porque desde el Parlamento se pudieran generar controles para disminuir el gasto publico suntuoso o los gastos innecesarios como lo son “los de propaganda y de circo en el cual se incurre mientras hay tantas carencias”.
Finalizó su intervención dejando constancia de que con esta írrita actuación por parte del gobierno se agrava la situación y carencia de legitimidad que en momentos económicos tan complejos como los que vivimos, sólo puede generar más consecuencias negativas para todos los venezolanos que sufren y padecen el fracaso y el colapso de este modelo económico.
El acuerdo de nulidad aprobado por la cámara será remitido a las bancas de inversión, organismos multilaterales y gobiernos extranjeros, dejando claro que cualquier operación de crédito público realizada al margen de la Asamblea Nacional y por tanto de la Constitución, será nula y no podrá ser reconocida.
Esto incluye cualquier ejercicio de endeudamiento que involucre la emisión de deuda o canje de la misma efectuada con entes privados, organismos multilaterales o con cualquier gobierno foráneo.
