Un informe difundido este miércoles por Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano constató que el gobierno venezolano ha empleado de forma sistemática la fuerza brutal, incluidas las torturas, contra manifestantes y disidentes del Estado.
El documento registra 88 casos sobre al menos 314 personas que afirmaron haber sufrido violaciones de sus derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017, periodo en el que el país se encontraba sumido en una serie de protestas antigubernamentales.
Tamara Taraciuk Broner, investigadora de la organización, asegura que durante la averiguación identificaron a funcionarios de alto rango, como el presidente Nicolás Maduro; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, que no actuaron para prevenir o juzgar estos abusos cometidos por subordinados.
Golpes, descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, abusos psicológicos y otros delitos cometidos por funcionarios del gobierno fueron denunciados por los ciudadanos.
Además, se registraron detonaciones de cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas; hacinamiento de los presos en pequeñas celdas de confinamiento por largos periodos de tiempo, sin acceso a comida o agua, y los alimentos contaminados con excremento, cenizas de cigarros o insectos.
“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La organización sugiere que el propósito de la represión no fue garantizar la aplicación de leyes ni dispersar protestas, sino castigar a los opositores por sus opiniones políticas.
Más de 120 personas fueron entrevistadas por abogados del Foro Penal y médicos, cuyas declaraciones fueron corroboradas con evidencias como fotografías, videos, informes médicos y sentencias judiciales.
“Desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas”, indicó Alfredo Romero, director del Foro Penal. Además, unos 757 civiles fueron juzgados en tribunales militares por delitos que incluyeron traición a la patria y rebelión militar.
Representantes de Human Rigths Watch fueron detenidos y expulsados en 2008 tras una conferencia de prensa realizada en el país, por lo que la organización no ha podido trabajar libremente en Venezuela. Sin embargo, logran mantener un perfil bajo y un contacto constante con las víctimas y sus familiares.
