La Asamblea Nacional aprobó ayer, por unanimidad, el acuerdo en el que se declaró la emergencia humanitaria en el país. El mismo incluyó la exigencia al gobierno para que presente planes reales a fin de combatir las enfermedades epidemiológicas.
El diputado Luis Silva, que propuso el acuerdo, denunció la grave situación de salud en el estado Bolívar, donde se han reportado 200.000 casos de paludismo. Aseguró: “Paludismo es igual a comunismo. Al paludismo no le importa la condición social, el lugar o el tipo de vivienda, y menos si la persona apoya al gobierno o no. Detrás de cada muerto hay negligencia y corrupción”.
Silva presentó un video de la situación sanitaria en el estado, en el que sus habitantes pedían medicamentos para atender sus dolencias y subrayó que en los centros de salud no hay agua para atender a los pacientes: “La Organización Panamericana de la Salud anunció que le había entregado al gobierno el tratamiento necesario. Los pacientes afectados y los familiares de los que murieron se preguntan dónde está”.
La diputada Olivia Lozano señaló que El Callao tiene la mayor incidencia de paludismo al presentar 109.000 casos. “El régimen abandonó el control sanitario y permite que los militares tengan las medicinas para comerciarlas por oro en las zonas mineras”, aseguró Lozano.
El diputado Américo De Grazia señaló que de los 451.000 casos de malaria en Latinoamérica, la mitad está en el estado Bolívar. “Solo por vergüenza el régimen debería renunciar”, dijo. José Manuel Olivares recordó que la situación epidemiológica ha sido discutida desde hace dos años en la AN. “Ya no solo exportamos petróleo, ahora llevamos malaria a Colombia, Brasil y Guyana”, acotó.
La declaratoria de emergencia sanitaria coincidió con la comparecencia de varios representantes del sector salud ante la Comisión Especial para el Rescate del Proceso de Negociación, quienes pidieron participar en el proceso de diálogo. Francisco Valencia, director de Codevida, señaló que la solución de la crisis humanitaria no puede depender de la mesa de diálogo y afirmó que las ONG deben asistir a las reuniones de la negociación para expresar las necesidades que existen en materia de salud.
Jaime Lorenzo, representante de Médicos Unidos de Venezuela, pidió que se les escuche para poder supervisar las ayudas humanitarias que se reciban. “Actualmente tenemos experiencia con la destrucción de alimentos. Necesitamos control, pensar entre todos, para detener el hambre en Venezuela”, subrayó Maritza Landaeta de la Fundación Bengoa.
El presidente de la Comisión Especial para el Rescate del Proceso de Negociación, Stalin González, señaló que para la oposición la prioridad es que “los venezolanos tengan acceso a las medicinas. Ha quedado claro quién es el responsable de que el país esté pasando necesidades, de la crisis en salud y por culpa de quién se están muriendo venezolanos”.
Frenar controles. La AN también aprobó un acuerdo en el que solicita al gobierno eliminar el régimen cambiario actual a fin de que se generen incentivos para la inversión petrolera, se detenga la escalada del dólar en el mercado negro y se suspenda el financiamiento de Pdvsa. El Parlamento pide un plan para incrementar la producción petrolera a fin de que la empresa estatal “pueda hacer frente a las cuantiosas deudas contraídas con socios y acreedores, con un listado de bloques petroleros y gasíferos a licitar y bajo qué condiciones serán ofertados”.
El Legislativo considera que Pdvsa se encuentra en bancarrota: produce 1.800.000 barriles diarios de crudo y utiliza 90% de sus ganancias para pagar las deudas contraídas calculadas en 45 millardos de dólares.
El diputado Carlos Valero indicó: “Una gandola de combustible de 91 octanos cuesta 36.000 bolívares y el salario integral es de 456.507 bolívares, todo se va para el contrabando de extracción. Estamos convencidos de que se busca matar a la gallinita de los huevos de hora que es Pdvsa”.
