En lo que constituye la primera sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, los magistrados que integran esa Sala remitieron pruebas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que “comprometen a 59 funcionarios y ex funcionarios del Estado venezolano en crímenes de lesa humanidad y genocidio, cometidos contra la ciudadanía de esa nación”, señaló este tribunal en nota de prensa.
La denuncia incluye, entre otros, al presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami, a Diosdado Cabello, así como a integrantes del Alto Mando Militar y altos representantes del Poder Ejecutivo.
En la sentencia “se ruega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que considere emitir notificaciones especiales a Interpol en contra de estos ciudadanos”.
Los magistrados remitieron copia certificada de la decisión al Consejo de Seguridad de la ONU, para que de conformidad con lo establecido en el artículos 13 literal b y 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se inicie una investigación sobre la base de la información que se le envía, toda vez que “surgen elementos que hacen presumir la comisión de delitos estipulados en el artículo 5, 6 y 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
La sentencia se basa en una denuncia realizada por Hebert García Plaza, quien fue ministro de Alimentación del gobierno de Nicolás Maduro hasta 2015 y que recientemente se presentó ante la OEA como testigo del proceso de audiencias públicas sobre denuncias contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
