Los venezolanos nacen endeudados. Los expertos ubican el monto actual de la deuda externa en 150 millardos de dólares, lo que implica que cada ciudadano debe 4.720 dólares por ese compromiso que adquirieron el gobierno y Petróleos de Venezuela. El cálculo de la cuota per cápita de la deuda se basa en una población de 31,7 millones de individuos en 2017, según las proyecciones.
El pago actual de la deuda externa por persona creció 64,1% con respecto a 1998, pues en ese año el monto individual era de 1.693,29 dólares. La deuda entonces era de 39,1 millardos de dólares, según cifras del Banco Central de Venezuela.
En la calle algunos ciudadanos están preocupados por el efecto que tendrá en su calidad de vida el refinanciamiento o reestructuración de la deuda, anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 2 de noviembre. “No entiendo, Chávez dijo una vez que se estaba superando lo de la deuda externa. ¿Ahora Maduro viene a decir que la va a renegociar o reestructurar?”, señaló Juana Rodríguez.
También sienten aprehensión sobre los resultados de la reunión que para hoy convocó el gobierno con los tenedores de los bonos. “En las colas, transporte público o caminando por la calle, la gente mostraba esta semana su disgusto por la medida. Esa negociación la terminará pagando el pueblo”, expresó José Pérez, pensionado de 70 años de edad.
Una empleada pública, que prefirió no dar su nombre, recordó: “Hace 20 años decían que la deuda la pagarían hasta nuestros nietos, ¿y ahora qué?”. Su acompañante dijo: “No sé mucho de economía, pero la cantidad de plata que se debe pagar ahora es mucho mayor. Eso indigna”.
El director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, destacó que los venezolanos seguirán padeciendo el desabastecimiento y la inflación independientemente de si la deuda sea renegociada o reestructurada. Aclaró que renegociar y reestructurar la deuda soberana y de Pdvsa no es lo mismo, pues en el primer caso se trata de una decisión, un acto voluntario, de canje de la deuda por otra. En el segundo, la acción no es voluntaria y se presenta cuando un país no tiene con qué pagar e intenta obligar a los tenedores a aceptar un bono en peores condiciones.
Grisanti considera que la renegociación podría significar un respiro para la población de 6 o 9 meses, si el gobierno destina el dinero de liberación de los pagos de la deuda a las importaciones de bienes esenciales, lo cual decantaría en una menor presión inflacionaria. Pero con la reestructuración, explicó, se profundizarán el desabastecimiento y la escasez porque habrá una oferta menor de bienes, dado que no se podrán importar por la falta de divisas.
Advirtió que la negociación de la deuda no será rápida ni fácil ante las sanciones económicas de Estados Unidos contra funcionarios y un gobierno que irrespeta los derechos humanos. Además, está la exigencia internacional de que un acuerdo de esta naturaleza cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional. En este contexto,aseguró, la asistencia de los tenedores de bonos no será hoy masiva porque la mayoría de ellos están obligados a cumplir la legislación estadounidense.
El economista Luis Oliveros indicó que 70% de los bonos de la deuda está principalmente en manos de inversionistas independientes, la mayoría de Estados Unidos. El resto de los tenedores son venezolanos, pero un gran porcentaje está en Norteamérica, lo que significa que “preferirán no tratar directamente con el gobierno sino a través de sus abogados”.
Sin capacidad. Entre el 7 de noviembre y el 29 de diciembre se ubican las fechas de vencimiento de los pagos por 1,79 millardos de dólares de la República y Pdvsa en lo que queda de 2017. En los bonos están Elecar (Electricidad de Caracas) 2018 y Pdvsa 2017, 2026, 2024, 2021y 2035. Los títulos de Venezuela son 2019, 2024, 2025, 2026, 2013, 2028 y 2018.
Durante un foro sobre la materia celebrado el viernes en la Universidad Católica Andrés Bello, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que actualmente el gobierno no está en capacidad de hacer frente a los compromisos con sus acreedores, pues ha perdido la credibilidad para ofrecerles nuevas condiciones de pago.
“La reestructuración anunciada por Maduro no es posible porque no hay un programa económico serio. Ningún fondo de inversión que tenga deuda venezolana que se vence ahorita aceptará canjearla por otra que venza en 2030 si no le prometen un plan distinto que haga viable la economía venezolana”, dijo.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, recalcó que se agotó el modelo del gobierno para cancelar la deuda. “Hasta ahora lo había logrado a través de la reducción de importaciones con un costo social profundo por los alimentos y las medicinas que han dejado de entrar al país”. Piensa que Venezuela puede entrar en un proceso de default o impago debido a la caída de la economía (36%) en los últimos 4 años y de la producción petrolera (600.000 barriles diarios) en 2 años.
Listos para firmar. Rusia y Venezuela firmarán un acuerdo de reestructuración de deuda el 15 de noviembre por un plazo cercano a 10 años y con pagos que aumentarán gradualmente, dijo una fuente familiarizada con las negociaciones.
El gobierno de Maduro le tendrá que devolver a Moscú un monto significativo de dinero antes de finales de 2017 para que el acuerdo sea efectivo, agregó.
Los negociadores de Maduro
El equipo designado por el presidente Nicolás Maduro para negociar la deuda externa lo integran el vicepresidente Tareck el Aissami; Simón Zerpa, jefe de Finanzas de Pdvsa y ministro de Finanzas; Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente de Economía; Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación; Eulogio del Pino, ministro de Petróleo; el procurador general, Reinaldo Muñoz, y el presidente de Pdvsa, Nelson Martínez. Hoy está prevista una reunión con los acreedores. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a los tenedores de bonos que tratar con El Aissami y Zerpa, que figuran en listas negras de Washington, podría acarrearles fuertes penas. El gobierno venezolano prometió a inversionistas que funcionarios sancionados no participarán en el primer encuentro.
Tareck El Aissami. El vicepresidente de la República preside la comisión. Es abogado y criminólogo y no tiene experiencia en el mundo financiero. Fue sancionado por Estados Unidos.
Wilmar Castro Soteldo. El también ministro de Producción Agrícola y Tierras es el único militar del grupo. Ha estado al frente de los despachos de Producción y Comercio y Turismo.
Simón Zerpa. No es economista, sino internacionalista y ha sido presidente del Fonden y presidente del Bandes. Fue sancionado este año por Estados Unidos y Canadá.
Ricardo Menéndez. Es geógrafo y con un doctorado en urbanismo. Forma parte de la Comisión Mixta de Alto Nivel que mantienen Venezuela y China.
Eulogio Del Pino. Es un ingeniero geofísico con amplia trayectoria en Pdvsa. Su presencia en la comisión obedece a sus contactos con tenedores de bonos. Fue sancionado por Canadá.
Reinaldo Muñoz. Es abogado y ha desempeñado varios cargos dentro de la administración pública. Ha representado al gobierno en las distintas demandas que enfrenta ante el Ciadi.
Nelson Martínez. Es químico. Fue presidente de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos. No tiene formación financiera, pero tiene muchos contactos con los tenedores de bonos y acreedores.
