Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia en la que trató la institucionalidad democrática en Venezuela, en Montevideo, Uruguay.
Organizaciones no gubernamentales entregaron informes que aseguran la existencia de un sistema institucionalizado de autoritarismo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, representantes del Estado rechazaron los documentos entregados durante la sesión.
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, consideró que el quiebre de la institucionalidad se desarrolla en medio de una grave crisis humanitaria y que la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC) representa la “estocada final” a la democracia venezolana.
“La voz de más de 7 millones de venezolanos expresó su rechazo a la convocatoria e instalación de la ANC y su instalación deja en evidencia que en Venezuela no existe democracia ni separación de poderes”, aseguró Borges.
En la misma línea, Rafael Uzcategui, Coordinador general de Provea, pidió a la CIDH que, ante la violación de derechos democráticos, tomara las mismas acciones que ha realizado con respecto a casos similares.
Uzcategui hizo la comparación entre el mandato del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el actual de Nicolás Maduro. “Las dictaduras modernas llegan al poder mediante los votos y las destruyen y erosionan la democracia”, aseguró y recordó que fue por los esfuerzos de investigación de la Comisión Interamericana que se pudo comprobar el fraude electoral cometido por Fujimori.
Larry Deveo, representante del estado, defendió las acciones del gobierno así como la instalación de la ANC “que no tiene como única función la redacción de una Constitución” sino que también puede atribuirse poderes plenipotenciarios.
