La diputada por la Unidad, Olivia Lozano, informó que el bloque parlamentario investigará a fondo las alarmantes denuncias hechas por el gremio médico en los estados Amazonas y Bolívar respecto al retorno del sarampión, la malaria, el paludismo, la difteria y hasta la poliomelitis que podrían convertirse en epidemias que amenacen a los países vecinos.
Ante la severa escasez de medicinas para la prevención y tratamiento de múltiples problemas de la salud, el deterioro del sistema hospitalario y la deserción progresiva de galenos en el país, la parlamentaria por Bolívar reveló que el ente legislativo decidió conformar una Comisión estadal que elevará a instancias internacionales la acelerada proliferación de estas enfermedades y la urgente necesidad de ayuda humanitaria tras las alertas médicas en relación a la crisis social venezolana “como consecuencia de la indolencia del régimen de Nicolás Maduro y su gabinete”, señaló.
Lamentablemente la grave situación de la salud en todo el país y en especial a nivel regional no es informada por el Ministerio correspondiente ni del Instituto Nacional de Higiene sino a través de alertas publicadas por autoridades latinoamericanas como lo hizo Uruguay y Guyana con el sarampión, entre otros. “Por la falta de vacunas para la población, tras 11 años sin un caso autóctono el resurgimiento de este mortal virus que en Ciudad Guayana registra la mayor cifra de la patología en el municipio Caroní de los 38 casos reconocidos en Puerto Ordaz y San Félix, más 88 que aún no han sido descartados y existen reportes en otros cinco casos en las jurisdicciones de Sifontes, Tumeremo y El Dorado”, recordó Lozano.
Respecto a la malaria la diputada indicó en base a sus investigaciones que “nada más en el municipio bolivarense Manuel Cedeño diariamente hay 150 casos positivos, los mineros la traen, siguen los vectores y la transmisión sigue en cadena cada día. Ya han muerto 40 personas le ratificó un epidemiólogo de la localidad”.
“Sobre el paludismo los casos son incalculables y la difteria llevan poco más de un año instaladas, ésta última ha cobrado la vida de más de 37 personas, le refirió una pediatra de Guaiparo que aseguró que con el ocultamiento de las cifras y la demanda de tratamientos no puede ser cubierta la enfermedad. La galena dijo a la parlamentaria que han implementado protocolos no habituales que traen resistencia en el procedimiento y esto lleva a muerte de pacientes consigo. Lo que va a traer más brotes de las erradicadas”, alertó.
El legislativo respaldará denuncias a nivel internacional
Esta semana además los epidemiólogos unieron sus voces para asegurar que el nivel sanitario regional en Venezuela retrocedió 70 años por lo que el único poder independiente que queda en el país respaldará contundentemente las denuncias de este sector y de los ciudadanos que en la actualidad se encuentran desprotegidos en el país para buscar mayor apoyo internacional. “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoció la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida. Pero desde que Maduro tutela la conducción de la nación no se respetan los derechos humanos de los venezolanos”, expresó.
La también representante de Voluntad Popular, recalcó que el abandono total de la prevención y la vacunación en las zonas endémicas en estados como Bolívar y Amazonas “una vez activadas las alarmas, sino se solventan con urgencia la dotación de los recursos necesarios para frenar estas endemias las consecuencias para el país podrían ser catastróficas para la protección de niños, adolescentes y adultos, lo que sería un retroceso descomunal en los albores del siglo XXI y un agravamiento de la crisis humanitaria”, advirtió.