La Asamblea Nacional de Venezuela denuncia ante el mundo las nuevas y gravísimas acciones del régimen de Nicolás Maduro en la continuación del golpe de Estado contra el pueblo venezolano y sus instituciones legítimas.
A través de una irrita y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido desconocida y repudiada por toda la comunidad internacional, el régimen de Maduro pretende declarar como “traidores a la patria” a los diputados de la Asamblea Nacional legitima y electa por 14 millones de venezolanos, con el único propósito de proteger sus intereses económicos y de perpetuación en el poder.
La acusación de “traición a la patria”, que en boca de la oligarquía que hoy somete a Venezuela en realidad quiere decir “traición a los oscuros intereses económicos de la dictadura”, es la respuesta desesperada de Maduro a la exigencia permanente de la Asamblea Nacional que se respete la Constitución Nacional y se evite así el remate irresponsable de los activos del país por parte de la tiranía. Hay que recordar que ha sido la Asamblea Nacional quien ha solicitado que ninguna nación apruebe compromisos ilegales, operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno, sin que hayan sido aprobadas por el único órgano constitucional legitimo para autorizarlas, como lo es la precisamente la Asamblea Nacional.
Este es el “delito” de “traición” que molesta a Maduro, pues es un obstáculo para sus planes de continuar apropiándose de las riquezas del país, financiar la represión contra el pueblo y la permanencia de la dictadura, a pesar del rechazo mayoritario del país y del mundo.
Las acusaciones y amenazas de llevar a juicio a los parlamentarios de la Asamblea Nacional, no son acciones contra individualidades aisladas, sino que constituye un nuevo y auténtico apartheid que busca criminalizar a la oposición venezolana y a la resistencia democrática toda. No es una medida sólo contra líderes políticos, sino contra la institución del Parlamento nacional y contra todo un país que reclama cambio.
Esto forma parte de la estrategia de represión y violencia que desarrolla Maduro a través de su fraudulenta “Asamblea Constituyente”. Para los venezolanos, los traidores a la patria son aquellos que han utilizado el dinero público para enriquecerse sacrificando las necesidades de la gente, y pretenden seguir haciéndolo.
La dolorosa crisis que vive el pueblo venezolano es responsabilidad exclusiva de Maduro. Es él y su gobierno quienes han traicionado a los venezolanos condenándolos a una escasez crónica e insoportable de alimentos y medicinas, entregando al país al hampa y a la delincuencia, imponiendo una política económica de multiplicación de la pobreza, traicionando la soberanía nacional a cambio de la sumisión al régimen cubano, cerrando todos los espacios de solución política a la crisis y violando sin rubor la Constitución Nacional para eternizarse en el poder. Hoy, la Venezuela de Maduro es el país con la mayor inflación del planeta, el decrecimiento económico más severo de la región, la escasez de alimentos y medicinas más aguda de América Latina, la tasa de homicidios más alta del mundo, y la nación más pobre en términos de ingreso de todo el continente, con un escandaloso 82% de familias por debajo de la línea de pobreza, y 53% de su población en situación de pobreza extrema.
Mientras toda esta tragedia de empobrecimiento masivo y de crisis humanitaria ocurre, se desarrolla a la par un proceso inédito y acelerado de concentración del ingreso en pocas manos. El índice Gini venezolano, que mide desigualdad social, se encuentra hoy en su nivel más elevado de los últimos 20 años.
En otras palabras, en Venezuela hay un grupo que se ha enriquecido obscenamente a costa del empobrecimiento de la mayoría de los venezolanos. La dictadura de Maduro no sólo es masivamente empobrecedora sino estructuralmente injusta.
Además de cruel máquina de fabricar pobres, es un instrumento de generación acelerada de injusticia y desigualdad. Y la base de esta perversa dinámica está en la posibilidad del alto gobierno de aprovecharse indebidamente de recursos públicos que son de todos los venezolanos, y de hacer negocios con contratos de interés nacional y con el remate sin control de activos y riquezas del país. A ello se opone la Asamblea Nacional, exigiendo se respete la Constitución y alertando al mundo sobre estos delitos, y por ello se le acusa de “traición”, con las consabidas amenazas de juicio y privación de libertad.
Responsabilizamos a Maduro de la integridad física de los parlamentarios venezolanos, sometidos hoy a los peligros de agresión, persecución y encarcelamiento.
Solicitamos de la comunidad internacional su solidaridad con la institución de la Asamblea Nacional y con sus integrantes, así como con otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática bajo amenaza de la dictadura. Esperamos contar con su esencial apoyo en denunciar este nuevo avance de la tiranía madurista, y en extremar todos los esfuerzos por seguir presionando al régimen venezolano a respetar la Constitución, reconocer el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, liberar a los presos políticos, permitir la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas, y aceptar la realización de elecciones libres, directas y universales.
