En una nueva arremetida contra Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe las negociaciones de deuda nueva y capital por parte del Estado venezolano y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal empresa del país.
La arremetida, que se ejecuta dos semanas después de que Trump amenazara con una posible opción militar contra Venezuela, prohíbe contratar nueva deuda emitida por el Estado y Pdvsa, además, las transacciones en ciertos bonos que estén en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos.
En la orden ejecutiva, publicada por el vicepresidente Mike Pence en su usuario en Twitter, el Gobierno estadounidense ampara la medida bajo la presunción de que “la dictadura de Maduro” sigue privando al pueblo de sus bienes esenciales, encarcela a opositores y suprime la libertad de expresión.
Además, señala que la decisión de crear una Asamblea Nacional Constituyente —electa por votación directa, secreta y universal por más de ocho millones de venezolanos—, que “usurpa” las funciones de la Asamblea Nacional, representa una ruptura en el orden constitucional.
El Gobierno de Trump alega, además, que “la mala gestión económica de Maduro” y “el saqueo desenfrenado de los activos de su nación” han llevado a Venezuela a “estar cada vez más cerca del incumplimiento”.
“Sus funcionarios ahora están recurriendo a esquemas de financiamiento opacos y liquidando los activos del país a precios de venta de fuego”, sostiene.
Pese a la arremetida que amenaza las finanzas de la estatal petrolera, el Gobierno estadounidense señala que para “mitigar el daño“ al pueblo estadounidense y venezolano, el Departamento del Tesoro está emitiendo “licencias generales“ que permiten transacciones que estarían prohibidas por la orden ejecutiva.
Dichas autorizaciones incluyen disposiciones que permiten un período de 30 días para cerrar liquidaciones; el financiamiento para la mayor parte del comercio (que incluye la exportación e importación de petróleo); las transacciones que involucren únicamente a Citgo, filial de Pdvsa en EEUU; además de tratos en determinadas deudas venezolanas existentes y el financiamiento de bienes humanitarios al país.
Con esta medida el Gobierno de Trump cumple la amenaza que hiciera en julio pasado de aplicar “fuertes y rápidas” sanciones económicas de aprobarse en el país la Asamblea Nacional Constituyente.
“Estas medidas se calibran cuidadosamente para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiamiento para mantener su regla ilegítima, proteger al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la asistencia humanitaria”, añade EEUU.
Sin embargo, antes de la emisión de esta orden Ejecutiva, el Gobierno de Trump anunció desde entonces una serie de sanciones contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos, entre los que destaca el vicepresidente Tareck El Aissami, el fiscal general Tarek William Saab, además de los constituyentes Iris Valera, Adán Chávez, Hermán Escarrá y Érika Farías, entre otros.
A estas sanciones se suma la reciente amenaza que hiciera el vicepresidente Pence este mes desde Colombia, donde prometió aumentar la presión contra Venezuela.
