Trece países de la región condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela y decidieron no reconocer a la asamblea nacional constituyente que postuló el gobierno de Nicolás Maduro, ni las decisiones ni actos que emanen de ella por considerarlas ilegítimas.
Tras cinco horas de conversación los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en Lima, decidieron que se daba el pleno respaldo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida el 6 de diciembre de 2015.
Durante el encuentro el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, denunció los atropellos de Maduro y sus funcionarios.
Los representantes de Uruguay y los países de la Comunidad de Estados del Caribe –Grenada, Guyana, Jamaica y Santa Lucía– no firmaron la declaración porque los primeros ministros de sus países estaban reunidos para tratar la crisis y tener un frente común sobre el caso venezolano.
El texto que patrocinó el gobierno de Perú declara:
La condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
La decisión de no reconocer a la asamblea nacional constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente elegida.
Los actos jurídicos que conforme a la Constituciónrequieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
El rechazo a la violencia y al uso de la fuerza.
El apoyo y solidaridad con la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela. Exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La seria preocupación por la crisis humanitaria que afronta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas.
La decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
El apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela.
La decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
El llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela.
El compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, entre cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en el país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La disposición a apoyar, de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe que tenga el consenso de las partes.
