El gobierno ordenó a los organismos de la administración pública y empresas del Estado enviar directamente las nóminas de personal al PSUV, para que el partido decida los despidos de los funcionarios y obreros que no participaron en la elección de la asamblea nacional constituyente del domingo, denunció José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
El representante de la Futpv manifestó que fuentes allegadas al Ministerio del Trabajo le confirmaron esa instrucción, en la que los departamentos de Recursos Humanos tienen que actuar coordinadamente con el PSUV.
“No quieren admitir que la mayoría de los trabajadores del sector público se abstuvo de votar porque rechaza la política totalitaria, antidemocrática y antiobrera del gobierno de Nicolás Maduro”, dijo el sindicalista.
Bodas agregó que el partido oficialista también tiene las listas del Consejo Nacional Electoral que cotejará con las nóminas. Precisó que la purga incluye todos los niveles de la nómina, pero harán énfasis con sanciones ejemplarizantes a los gerentes que se abstuvieron de votar o no lograron cubrir la cuota de electores a trasladar a los centros de votación.
Antonio Aristimuño, ex sindicalista del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, señaló que el Seniat ya preparó la lista para repetir la razia aplicada a 300 funcionarios que fueron despedidos el año pasado, porque firmaron para solicitar el referéndum revocatorio a Maduro.
Los afectados del Seniat, entre los cuales está Aristimuño, no han sido reenganchados en sus puestos, pese a que se trató de despidos injustificados e ilegales.
Juan Gómez, dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana, casa matriz, indicó que solo 200 de 2.500 trabajadores de CVG votaron el 30 de julio. “El lunes la máxima directiva estaba molesta y reclamó a los gerentes porque no llevaron a la gente a los centros electorales”, expresó.
Gómez precisó: “Citaron a varios gerentes de la clasificación de cargo 99 que no acudieron a votar y van a aplicar medidas contra ellos”.
Los sindicalistas indicaron que las organizaciones se mantienen alerta para impedir los despidos masivos de trabajadores que hasta ayer no se habían concretado, no así en los próximos días. “Los despidos son totalmente ilegales porque hay inamovilidad laboral en el sector público y privado decretada por Maduro, además de las cláusulas de estabilidad de los contratos colectivos y la Ley del Estatuto de la Función Pública”, recordó Bodas.
La persecución laboral, agregó, también está dirigida a los chavistas que rechazaron la orden de elegir a los candidatos impuestos a dedo en las planchas del PSUV.
Empresarios preocupados
Fedecámaras reiteró en un comunicado su preocupación ante la profunda inestabilidad política, social y jurídica originada con la asamblea nacional constituyente, y deplora “el clima de protestas, conflictividad, violencia y represión desmedida en que ha estado enmarcado el proceso constituyente”.
Señala que el día domingo 30 de julio hubo 16 muertes, cientos de venezolanos heridos y otros detenidos arbitrariamente. Advierte que 20 países y organizaciones internacionales rechazaron la ANC, lo cual incluye la posibilidad de medidas o sanciones internacionales que “podría concretarse en un eventual aislamiento internacional, complicando aún más la precaria situación en la que ya se desenvuelve la actividad económica”. Agrega que el país exige un cambio de modelo político y económico, y la ANC “no es la solución”.
