La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció este lunes 31 de julio que desconoce “el origen, proceso y presunto resultado” de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por vulnerar las garantías de protección de derechos humanos de la Constitución de la República de Venezuela, informó una nota de prensa del Ministerio Público.
La titular de la acción penal en el país ofreció declaraciones a los periodistas en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, donde se preguntó cómo se ofrece la garantía de auditar objetivamente el resultado de la votación que solo beneficia al gobierno.
Afirmó que la ANC no tiene legitimidad y es una burla e irrespeto a la soberanía del pueblo venezolano.
Señaló que el resultado del proceso comicial de este domingo 30 de julio buscó que una minoría se sostenga en el poder con el propósito de acabar la democracia y las elecciones. “No va a haber separación de poderes, que es la única garantía de control de la administración pública, y también se acabará la libertad de expresión y de manifestación pacífica”, advirtió.
A su juicio, “estamos frente a una ambición dictatorial”, en medio de una crisis política, social y económica sin precedentes en la historia republicana de Venezuela.
Deploró que a funcionarios públicos se les obligara a votar este domingo 30 de julio, so pena de ser despedidos de sus cargos e incluso, despojarlos de beneficios sociales otorgados por el gobierno nacional. Dijo que por ello se ha iniciado una investigación penal.
Ante las amenazas de personeros gubernamentales, entre ellos el presidente de la República, Nicolás Maduro, la Fiscal General declaró que se mantendrá en su cargo ejerciendo sus responsabilidades constitucionales. “No voy a abandonar al Ministerio Público”, añadió.
“Sabemos que lo que quieren es acabar con el Ministerio Público y todo lo que sea un obstáculo; la Fiscal General es muy incómoda porque quieren gobernar sin controles de nadie, sin moral, sin principios republicanos, es decir, manejar el país a su antojo”, destacó Ortega Díaz.
Acotó que ello explica la pretensión de destituirla, pero reiteró que seguirá amparada al artículo 333 de la Carta Magna, junto a los ciudadanos, a objeto de recobrar la vigencia del Estado de derecho en el país.
Delito de lesa humanidad
Durante su pronunciamiento, la máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que con “esa constituyente presidencial estamos frente a un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida”, ocasionando cientos de muertos y lesionados.
Informó que evalúa acudir a instancias internacionales con un cúmulo de pruebas para denunciar la violación de los derechos humanos de los manifestantes y la población en general, durante los últimos meses.
Caso que hace tambalear al gobierno
La Fiscal General dijo que ella es “muy incómoda” para los involucrados en hechos de corrupción como, por ejemplo, el caso Odebrecht, en el cual se ha corroborado que “hay muchos funcionarios activos” que guardan relación con esta investigación.
Ortega Díaz afirmó que esas nueve letras (Odebrecht) han puesto a tambalear al gobierno. Para ejemplificar la cantidad exorbitante de dinero que recibió la empresa brasilera.
En ese sentido, explicó que en el 2008 el director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) declaró que se necesitaban 30 mil millones de dólares anuales para erradicar el hambre en el mundo, montó que el Estado venezolano desembolsó para hacer 11 obras de infraestructura en el país, las cuales no fueron culminadas.
Entre las construcciones mencionó el tercer puente sobre el Río Orinoco, el Arco Minero y el Metro Caracas-Guatire.
Adicionalmente, reveló que a los fiscales del Ministerio Público se les ha dificultado la investigación, pues la prueba la detenta quien se está investigando; así como el poder excesivo que tienen los involucrados, y en el caso de Odebrecht, la mayoría de las evidencias están fuera del país.
Denunció que en dicha investigación ha habido cualquier cantidad de obstáculos para salir de Venezuela, dado que hay una lista en los puestos de inmigración de los puertos y aeropuertos con nombres de funcionarios del Ministerio Público, con la intención de anularles el pasaporte. “Eso es inconstitucional, un procedimiento al margen de la ley, una usurpación de funciones que impide que se recaben evidencias”, añadió Ortega Díaz.
Por otra parte, refirió que cuando el Ministerio Público cita a los involucrados en casos de corrupción, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron nombrados de manera inconstitucional, dictan sentencias con las que buscan desmantelar la institución.
Para la Fiscal General, otro de los objetivos es intimidar y atar de manos a los funcionarios del Ministerio Público. Por ello, pidió al Vicefiscal, Rafael González, a los directores, fiscales, abogados y todo el personal, fuerza por ser gente de batalla, honorable y honesta. “Vamos a seguir investigando esos casos de corrupción, de violación de derechos humanos y los que haya que investigar”, prometió.
Expresó que entre las prioridades del gobierno con esta constituyente, está venir por la cabeza de la Fiscal General. Estima que para poder lograr ese objetivo, los que detentan el poder tendrán que pasar por encima del Texto Fundamental, el pueblo venezolano y la institución que representa.
Informó que actualmente el Ministerio Público adelanta 36 mil 124 investigaciones por corrupción, las cuales, aseguró, van en aumento. “Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la decencia en este país. Se hace necesario que los funcionarios no tengan prontuario policial; ni ostentosas mansiones en otros países. Eso es lo que quiere el país, honorabilidad y decencia”.
Ante esta situación, reiteró que la institución que dirige y su persona se mantienen firmes a la Constitución. “No permitiremos que destruyan nuestra Carta Magna, que destruyan el imperio de la ley y el país. No permitiremos que nos roben la dignidad ni la esperanza”.
Balance por manifestaciones
Por otro lado, Ortega Díaz informó que a la fecha se han registrado 121 personas fallecidas y 1 mil 958 lesionadas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde el mes de abril.
Agregó que solo este domingo 30 de julio, mientras se realizaba la votación para la constituyente, 10 personas perdieron la vida.
Precisó que las muertes ocurridas en estos cuatro meses de manifestaciones, al menos 25 por ciento son producto de la acción de los cuerpos de seguridad, mientras que un 40 por ciento de los decesos son responsabilidad de civiles armados.
Señaló que el Ministerio Público ha recibido denuncias por torturas, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violaciones de domicilio y destrucción de la propiedad privada.
Asimismo, la Fiscal General felicitó a los periodistas, a quienes resaltó su abnegación, valentía y coraje para cumplir con su labor de informar a la sociedad, “en una época manchada de sangre de injustas e innecesarias muertes”.
