La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia que se suscitaron el pasado 5 de julio en el Palacio Federal Legislativo, cuando un grupo de colectivos oficialistas armados irrumpieron en la sede, dejando como saldo 5 diputados heridos y 7 trabajadores del Parlamento.
A través de un comunicado, explican que estos grupos violentos “permanecieron en los alrededores del edificio, impidiendo por varias horas la salida de representantes de la Asamblea Nacional, periodistas, y trabajadores del Poder Legislativo Federal. De acuerdo con lo anunciado por el Defensor del Pueblo, ello se extendió hasta cerca de las 8 de la noche, cuando habría culminado la mediación gestionada por la Defensoría. El 6 de julio”.
“La Comisión condena categóricamente los hechos violentos arriba descritos, y advierte con preocupación que hechos similares han ocurrido previamente. En el contexto de violencia que vive el país, la Comisión ha recibido información sobre grupos civiles armados que serían responsables de hechos violentos que han resultado en graves lesiones y muerte de manifestantes y transeúntes, incluyendo niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo advierte a las autoridades gubernamentales “que no resulta suficiente condenar los hechos de violentos, sino que tienen la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenirlas, además de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables, una vez que estas ocurren”.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los graves hechos de violencia ocurridos el 5 de julio en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en el contexto de los eventos conmemorativos de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela.
La información pública disponible indica que, en horas de la mañana del día 5 de julio, con motivo de la conmemoración de la patria, había varias personas en las inmediaciones del Parlamento coreando consignas y planeando entregar un documento a los representantes de la Asamblea, y otros anunciando un “plantón” frente a la sede del Poder Legislativo. En esta oportunidad un grupo de civiles armados irrumpieron violentamente al interior del edificio; armas de fuego fueron accionadas, artefactos explosivos lanzados y objetos contundentes, como palos, tubos, cabillas de hierro y piedras, utilizados. Se conoce que una diputada y cuatro diputados resultaron heridos; además de las lesiones sufridas por aproximadamente siete funcionarios del Palacio Legislativo, comunicadores sociales y periodistas, y por lo menos tres personas que participaban en la incursión violenta. Algunos de los presentes reportaron el robo de pertenencias personales, además de las amenazas proferidas a quienes documentaban y difundían el desarrollo de lo sucedido.
Tales grupos permanecieron en los alrededores del edificio, impidiendo por varias horas la salida de representantes de la Asamblea Nacional, periodistas, y trabajadores del Poder Legislativo Federal. De acuerdo con lo anunciado por el Defensor del Pueblo, ello se extendió hasta cerca de las 8 de la noche, cuando habría culminado la mediación gestionada por la Defensoría. El 6 de julio, el Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones correspondientes.
Como consecuencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges se vio impedido de asistir a la audiencia de la CIDH de la cual él era uno de los solicitantes. La audiencia, sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, tuvo lugar el 6 de julio en el marco del 163° Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH en Lima, Perú.
La Comisión condena categóricamente los hechos violentos arriba descritos, y advierte con preocupación que hechos similares han ocurrido previamente. En el contexto de violencia que vive el país, la Comisión ha recibido información sobre grupos civiles armados que serían responsables de hechos violentos que han resultado en graves lesiones y muerte de manifestantes y transeúntes, incluyendo niñas, niños y adolescentes. La CIDH advierte a las autoridades que no resulta suficiente condenar los hechos violentos, sino que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenirlas, además de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables, una vez que estas ocurren.
La Comisión urge al Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reitera su llamado a la búsqueda de una salida democrática para la crisis, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos, a fin de restablecer la paz para el pueblo de Venezuela.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
