Un nuevo golpe a la estabilidad de los trabajadores representa el aumento al salario mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro, señaló el secretario general (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres.
Explicó que “si bien es cierto (que el incremento) compensa un poco la difícil situación de la clase obrera venezolana, no resuelve el problema de fondo ocasionado por las erradas políticas económicas de este gobierno”.
Es por ello que el dirigente sindical considera que este ajuste, que llevó el ingreso mínimo mensual a 250 mil 531 bolívares a partir del 1º de julio, “se traducirá en mayor inflación y desempleo, toda vez que no cubre ni un tercio del costo de la canasta básica alimentaria, que hace un mes estaba por el orden de los 900 mil bolívares, según los estudios más recientes”.
Recordó que una vez más Maduro aumentó el sueldo sin consultar con los trabajadores y con el sector productivo del país, como lo establecen los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Señaló que, en esta oportunidad, el beneficio del cestaticket sigue ubicándose por encima del salario, lo que representa una desmejora a la calidad de vida del trabajador y en sus planes a futuro. Esto “porque no se ve reflejado en las prestaciones sociales, bono vacacional, prima por antigüedad, entre otros beneficios contractuales”.
De acuerdo con el anuncio presidencial el bono de alimentación se ubicará en 153 mil bolívares y el sueldo mínimo en 97.531 bolívares.
El vocero de la CTV reiteró que se trata de una nueva violación al artículo 91 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado fijar el salario mínimo acorde con el costo de la canasta básica.
Torres manifestó que el gobierno está al margen de lo previsto en los convenios suscritos con la OIT sobre la consulta tripartita para la definición del ingreso mínimo de los trabajadores (convenio 26); “se sigue trabajando para ganar por comida, no por un desarrollo integral de la familia contrario a contemplado en la norma 95, sobre la protección del salario”; y el 122, que habla de la política de empleo.
En cuanto a la posibilidad convocar a una huelga general, Torres advirtió que es una decisión que “requiere de la más amplia consulta y consenso posibles, y hasta ahora no ha sido discutida con las organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación”, reseñó una nota de prensa de la CTV.
Por el contrario lo que si está planteado, agregó, es una protesta nacional. “Pareciera que el gobierno está impulsando un paro cívico nacional, con esa actitud irresponsable violatoria de la Constitución”, acotó.
