Fiscales de los países del Mercosur rechazaron este viernes las amenazas del oficialismo venezolano de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, citada a comparecer ante la corte el martes en una audiencia que decidirá si es sometida a juicio.
Los fiscales del bloque “rechazan cualquier pretensión de remoción” de la fiscal venezolana “por fuera de los canales legales y constitucionales”, reseñó un comunicado difundido por el Ministerio Público de Venezuela.
A solicitud del diputado chavista Pedro Carreño, el Tribunal Supremo de Justicia (TJS), acusado de servir al gobierno, aceptó el miércoles evaluar la posibilidad de enjuiciar a la fiscal, por lo que le prohibió salir del país y congeló sus cuentas y bienes.
Carreño, quien también pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega, asegura que la fiscal “mintió” al asegurar que no había aprobado la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en diciembre 2015.
Pero una destitución de la fiscal sólo puede ser decidida por la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, que aunque la apoya sus decisiones son desconocidas por el TSJ por considerarlo en desacato.
En el documento, los fiscales consideraron “imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones” y pidieron que se le respete “su derecho a la defensa”.
Además, “rechazan cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal (…) y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público venezolano”.
Ortega, confesa chavista, se convirtió en la más dura crítica del gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al TSJ de emitir sentencias que llevaron a una ruptura del orden constitucional en Venezuela y rechazar una Asamblea Constituyente convocada por el mandatario.
La fiscal, a quien varios funcionarios del gobierno le han advertido que le quedan pocos días en el cargo, ha denunciado que su familia ha recibido amenazas.
Ortega anunció este viernes que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, medidas cautelares de protección para los funcionarios del Ministerio Público.
La resolución en apoyo a Ortega fue emitida este viernes tras una reunión en Buenos Aires de ministerios públicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -que forman el Mercosur-, y en la que también participaron los fiscales generales de Chile y Perú como asociados del bloque.
La fiscal ha advertido que “se cierne sobre Venezuela un oscuro panorama sobre el Estado” y ha dicho que “Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana”.
