El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) condena el último arrebato de libertades civiles y económicas perpetrado por el gobierno nacional luego de las decisiones anunciadas por, Nicolás Maduro, este lunes con ocasión del 1° de Mayo acerca de convocar a una “constituyente popular” y “congelar los precios”.
La propuesta de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que Maduro pretende llevar a cabo evidencia el intento oficial por despojar a los ciudadanos de una de las libertades políticas más elementales: el derecho al voto. El primer mandatario asegura inspirarse en los artículos 347 y 348 de la Constitución Nacional para convocar a una ANC; sin embargo, la Carta Magna establece como condición necesaria consultar a los ciudadanos electores su opinión sobre la necesidad y conveniencia de convocar o no la elección vía sufragio universal, directo y secreto de una constituyente, lo que fue obviado por Maduro al acudir directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar la convocatoria de la ANC.
Igualmente, la propuesta oficial incluye escoger a los posibles constituyentistas no por vía del sufragio, sino a través de los “órganos del Estado comunal”, que tampoco están previstos en la Constitución.
De esta manera, la convocatoria presidencial a una ANC no encubre otro objetivo que disolver a la actual Asamblea Nacional (AN) y no celebrar en muchos años en Venezuela elecciones directas a los cargos de Presidente, diputados, gobernadores y alcaldes.
Destrucción de la libertad económica
Otro de los anuncios de Maduro este 1° de Mayo fue el del “congelamiento de precios” de bienes y servicios, en su intento por paliar la inevitable inflación que se producirá luego de que anunciara el tercer aumento de salario mínimo de 2017.
Pese a su intento de presentarlo como un “logro”, dicho anuncio de aumento salarial es una evidencia del franco y rápido deterioro del poder adquisitivo del bolívar, que no se recupera con “decretos” u órdenes de congelar precios, dado que estos no son más que las señales de mercado con las que cuentan quienes ofrecen y quienes demandan bienes y servicios.
Cualquier intento por congelarlos vía decreto no hará otra cosa que distorsionar aún más la poca información económica existente en el país y continuar causando los desórdenes que ya vive la economía en Venezuela, como escasez y desabastecimiento, sin contar con los problemas derivados del aumento salarial en sí mismo, que lleva a la insostenibilidad de la pequeña y mediana empresa en el país, al no poder cubrir los costos de producción.
