La semana pasada, 3.000 trabajadores fueron despedidos de la planta automotriz de Chrysler en Valencia, Carabobo, por el cierre de esa industria. “Ellos forman parte de los 750.000 empleos del sector formal destruidos desde 2016, debido a las malas políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro”, expresó José Antonio García, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores.
García explicó que la Únete elabora el baremo de indicadores laborales, a través de la comparación y extrapolación de cifras oficiales con la información suministrada por los sindicatos en los centros de trabajo de los diferentes sectores productivos.
“Venezuela lidera la lista de países de América Latina con el mayor registro de destrucción de los puestos de trabajo en el sector formal de la economía”, aseguró el sindicalista. Agregó que el sector terciario (comercio y servicios) es el más golpeado con la pérdida de 550.000 empleos durante el período mencionado.
Indicó que la contracción de la actividad comercial y de los servicios se debe a que el ingreso de la familia venezolana se destina fundamentalmente a comprar alimentos, y dejan de lado el gasto en otros bienes, como el calzado y el vestido, con la consiguiente baja del consumo. “La recreación, derecho fundamental, está en la cola de los gastos del grupo familiar porque el ingreso no alcanza. La consecuencia es la caída de la actividad turística y hotelera con la eliminación de los puestos de trabajo”, señaló.
El representante de la Únete también precisó que 14.000 trabajadores de la industria automotriz se quedaron sin empleo por la contracción de la actividad.
La aguda disminución de los empleos llevó a Fedecámaras y a las organizaciones sindicales a introducir ante la Organización Internacional del Trabajo una queja contra el gobierno por el incumplimiento del convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo.
El más elevado.
Carlos Navarro, directivo de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente señaló que, según la cifras de la organización, 52% de la población ocupada (12,1 millones de personas) está ahora en la economía informal.
“Ese índice es uno de los más elevados de Latinoamérica”.
“Tenemos 6,3 millones de venezolanos que subsisten sin seguridad social en la economía informal, porque se les cerraron las oportunidades de conseguir empleo en el sector formal por la contracción de la actividad productiva nacional”, alertó Navarro.
Los sindicalistas señalaron que las cifras oficiales sobre el mercado laboral son escasas.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística ubica a la población económicamente activa en 13,4 millones de trabajadores, de los cuales 6,5% (971.000 personas) estarían desempleados.
El baremo de la Únete coloca la tasa de desempleo en 16,5%, equivalente a 2,1 millones de trabajadores. “Con empresas que cierran u operan a menos de la mitad de su capacidad de producción es irreal una tasa de desempleo tan baja como la que establece el gobierno”, indicó García.
Precisó que solo en la industria de la construcción hay 500.000 desempleados como consecuencia de la paralización de las grandes obras del gobierno como transportes subterráneos, el ferrocarril y la central hidroeléctrica de Tocoma, entre otras. “Sin el ímpetu de años anteriores, la Gran Misión Vivienda es prácticamente la única fuente de empleo del sector construcción en la que la empresa privada opera al mínimo”, dijo.
Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, advirtió que el desempleo puede alcanzar en el corto plazo 19% por la falta de interés del gobierno de reactivar el aparato productivo, para lo cual es urgente un cambio en sus políticas macroeconómicas.
“Fracasaron las iniciativas gubernamentales como las expropiaciones de empresas privadas (Sidor y Agropatria, entre otras), la creación de las Empresas de Producción Socialista y las cooperativas, muchas ellas de maletín, porque el modelo productivo del chavismo es inviable”, dijo el representante de la CTV.
Según los estudios de las organizaciones sindicales, el sector formal emplea 5,7 millones de trabajadores: 48% de la población ocupada. Los indicadores de los países con economías prósperas ostentan tasas de desempleo de 2% y 3%, mientras que 70% u 80% de la población económicamente activa son trabajadores formales y el resto emprendedores.
Las promesas incumplidas de Maduro
Pensionados sin bono
Ha pasado un año desde que el Tribunal Supremo de Justicia dio el visto bueno a la Ley del Bono de Alimentación y Salud para las personas mayores, sancionada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no aprueba los recursos de esa obligación, señaló Luis Cano, presidente de la Frente Amplio de Defensa de los Pensionados y Jubilados.
Denunció la falta de voluntad oficial para que muchos pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cobren ese complemento, sobre todo, los que dependen solo de la pensión equivalente a un salario mínimo, insuficiente para comprar la comida y las medicinas.
“El gobierno ha desoído nuestra recomendación de cruzar las listas de 2 millones de jubilados del sector público con las de 3,5 millones de pensionados del Seguro Social, donde también están registrados los jubilados del Estado para determinar la población beneficiaria del bono de alimentación y salud”, dijo.
Explicó que, por la contratación colectiva, los jubilados de la administración pública cobran el ticket de alimentación y están cubiertos por el seguro de HCM.
Contratos pendientes
El gobier no tiene pendiente la discusión y la firma de 500 contratos colectivos sectoriales de las alcaldías, las gobernaciones, los institutos autónomos, las fundaciones del Estado y el sector universitario lo que afecta a más de 400.000 trabajadores, advirtió el sindicalista Servando Carbone.
“En una manifestación más de demagogia y con miras al Primero de Mayo, el presidente Nicolás Maduro ordenó el lunes la firma de todos esos contratos colectivos rezagados”, destacó el coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
El representante de Fentrasep alertó sobre la intención gubernamental de que las convenciones colectivas, la mayoría con 10 y 15 años vencidas, sean negociadas por el patrón Estado solo con los representantes impuestos de la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.
Carbone denunció que el gobierno incumple las cláusulas socioeconómicas contenidas en el contrato colectivo marco del sector público, así como la de las convenciones colectivas de los trabajadores eléctricos, petroleros, de la salud, de la educación y la Siderúrgica del Orinoco, entre otras.
Sigue la tercerización
La tercerización, prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo vigente y el principio del empleo decente de la Organización Internacional del Trabajo, continúa aplicándose en el sector formal de la economía en Venezuela, en el que 1,3 millones de empleados del sector público y privado están contratados bajo esta figura, afirmó José Antonio García, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores.
El dirigente de la Únete explicó: “Muchos de esos trabajadores ni siquiera tienen las garantías y beneficios laborales mínimos establecidos en la Ley del Trabajo y permanecen en un limbo jurídico bajo la promesa de los patronos de que serán incorporados a la nómina fija”.
Destacó que tanto los empleadores del Estado como los del sector privado incumplen la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde mayo de 2012 y que dio un plazo de tres años para que el personal tercerizado fuera absorbido como fijo.
Una de las banderas del presidente Hugo Chávez Frías cuando aprobó la LOT vía Ley Habilitante es que la legislación acabaría la tercerización mediante la cual los patronos aplicaban un fraude laboral.
