El Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por el líder opositor, Juan Guaidó, Humberto Prado, entregó el Informe Anual 2020: “Venezuela, Situación de Derechos Humanos en un Estado Fallido”, al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que documenta casos relevantes de las diversas transgresiones de los derechos humanos ocurridas en el país.
La presentación contó con la presencia de Guaidó, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marval y el representante especial de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño.
El comisionado Prado enalteció el compromiso del representante especial en la defensa de los DDHH de los venezolanos, así como las documentación y difusión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Durante su intervención, el presidente Guaidó agradeció la labor del Comisionado y su equipo en el acompañamiento de las víctimas y las ONG en el país. También hizo referencia a las declaraciones del Fiscal General impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, a quien acuso de tergiversar los hechos donde fallecieron Fernando Alban, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete.
Por su parte, Almagro recordó el riesgo del trabajo que realiza la organización de DDHH, “frente a las aptitudes tiránicas de la dictadura” y resaltó la importancia que tiene dicho informe para la documentación de los hechos ocurridos en el país y el riesgo que implica el trabajo de campo para la documentación.
Almagro añadió que en términos de democracia, Venezuela es el ejemplo de un país que no se rinde ante los acto de una dictadura. “Es un pueblo que ha tenido que sufrir las consecuencias de una dictadura a manos de criminales, que han violados los derechos humanos más básicos, causando una de las crisis más grandes de la historia”.
La comisión “colaboró con la Misión de Determinación de Hechos (FFM), en la verificación de 48 casos y remitió información semanal sobre 57 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones forzadas y 6 detenciones arbitrarias. Para un total de 69 casos”.
Asimismo, el Comisionado Prado agradeció todo el apoyo, respaldo y colaboración que Venezuela ha recibido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la defensa y de los derechos de los ciudadanos.
– Situación de DDHH en Venezuela 2020 –
La Comisión confirmó estadísticas de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES, equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 sin identificar. Estas cifras se suman a las más de 2.500 registradas a escala nacional por Michelle Bachelet, desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
En este sentido, la Comisión pudo determinar la existencia de un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones, de escasos recursos, debido a la militarización de la seguridad ciudadana.
Igualmente, durante este período se documentaron 232 detenciones arbitrarias identificadas, así como la presunta detención de otras 106 víctimas sin identificar.
Con relación a las detenciones de los trabajadores de la prensa, Prado señaló que 69% de las detenciones fueron clandestinas, y por tanto ilegales o arbitrarias, mientras que solo 31 % fueron acompañadas de procesos judiciales.
En cuanto a los presos por razones políticas, Prado dijo que actualmente se registran más de 320, de los cuales 305 son hombres y 24 son mujeres; 206 son civiles y otros 123 son militares y recalcó que han sido víctimas del aislamiento, tortura psicológica, tratos crueles degradantes e inhumanos, retardos procesales injustificados y discriminación.
“La propia ACNUDH ha referido en numerosos informes que el régimen debe liberar a toda persona encarcelada por motivos políticos”, sostuvo.
Por otra parte, Prado hizo énfasis en las severas violaciones de los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de los ciudadanos durante el 2020. “Al menos 79.3% de la población no tiene poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. El 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79% en pobreza extrema. Solo 13% de la población tiene acceso a agua potable de forma ininterrumpida”, señaló.
En cuanto al acceso de alimentación, Prado dijo que 27% de los venezolanos se encuentra en estado de mendicidad, el 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle, mientras que el 35% dijo haber consumido alimentos que preferirían no haber comido.
Para diciembre de 2020 el precio de la canasta básica rondaba los $300 dólares americanos, es decir, el equivalente a 230 salarios mínimos.
Con relación a los derechos ambientales estos se han visto severamente perjudicados. Durante el 2020 se reportó ecocidio masivo. Venezuela tiene uno de los índices más altos con 2.801.136 hectáreas en los últimos 5 años (hasta 2020). Igualmente, acaecieron 20 derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo solo en el 2020. Se reportó que los peces circundantes al Golfo Triste presentan 350% más de mercurio en su tejido, por lo que los pobladores que los consuman corren un riesgo de padecer enfermedades cancerígenas.
En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores de la salud fueron los más afectados con 297 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 hasta diciembre de 2020, registrados por Médicos Unidos y PROVEA. Cabe destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud, en su mayoría mujeres.
Durante el 2020 la Comisión Presidencial para Derechos Humanos documentó un total de 212 femicidios, de los cuales 56 ocurrieron en el extranjero. En este sentido, la Comisión efectuó una encuesta nacional sobre el acoso sexual callejero, y en el informe titulado “Discriminación estructural y violencia de género: Ni una más Venezuela” se determinó que 86.4% de la población reportó acoso sexual. Adicionalmente, el 78% reportó escasez de anticonceptivos, situación que afecta, entre otros, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
– Cárceles venezolanas –
Durante el 2020, la Comisión para Derechos Humanos, junto a la sociedad civil pidieron confirmar la ejecución extrajudicial de al menos 299 personas en cárceles nacionales. “El 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% fueron por desnutrición y malas condiciones de salud. Solo el 4.4% fueron por otras causas”, sostuvo el comisionado Prado.
Asimismo, señaló que “con relación con la comunidad LGBTI, mi Oficina confirmó que hasta 2017, un total de 109 personas fueron asesinadas, debido a su orientación sexual”, expresó. Para 2020 la Comisión confirmó que existen cerca de 6.000 familias LGBTI que requieren protección legal y no la tienen. El informe recalca que actualmente permanecen vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo personas.
En relación con la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Presidencial confirmó que acaecieron cerca de 286 ataques en su contra. Al respecto, cabe destacar que la Comisión trabajó en la preparación del borrador de un proyecto de ley, para la adopción de medidas de protección para este grupo, mediante la creación de dependencia y análisis en la defensoría del pueblo. Esta será presentada a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, la Comisión Presidencial ha buscado promover la ratificación de protocolos y tratados internacionales tales como el Protocolo de San Salvador y el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. De la misma manera se han presentado 4 solicitudes de Medidas Cautelares y más de 200 llamados urgentes ante la CIDH.
– Institucionalidad democrática –
El Parlamento Legislativo fue duramente asediado, durante el 2020. El 15 de junio la ilegitima sala constitucional intervino irregularmente a los partidos AD, PJ y VP. Sus autoridades legítimas fueron desincorporadas y sustituidas por dirigentes cercanos al gobierno de facto de Nicolás Maduro, siendo previamente expulsados de sus respectivos partidos.
“Lo anterior deja en evidencia la falta de independencia judicial en Venezuela toda vez que el juez constitucional decide lo que se requiere para proteger los intereses del gobierno de facto sin importar que tan irracional pueda ser dicha decisión”, acotó Prado.
Asimismo, la Comisión tuvo conocimiento de la aprehensión ilegal de 6 miembros de la presidencia interina. Tales actos se extendieron también a sus círculos internos, dejando un saldo de 5 familiares y amigos privados de libertad. En este sentido, la Comisión observo un ciclo continuado de persecución en contra de la disidencia política, al punto de materializarse en la detención arbitraria de un diputado, un concejal y dos dirigentes políticos de partido democráticos.
Adicionalmente, la comisión presidencial denunció ante la CIDH y el ACNUDH la toma inconstitucional del Palacio Federal Legislativo, que tuvo lugar en enero de 2020, que impidió el ingreso al Presidente Juan Guaidó.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas hizo llegar dicho informe a organismos internacionales de protección, principalmente, para cumplir la recomendación de la Misión de Determinación de Hechos de acelerar el proceso de examen preliminar ante la Corte Penal Internacional y de esta forma cumplir la aplicación de la jurisdicción universal, respecto de aquellas personas responsables de violaciones graves contra los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad.
Fuente: Banca y Negocios
