“Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela seguramente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios“, señaló el lunes un informe de un organismo de control del gobierno estadounidense.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) no cuantificó, sin embargo, el daño y señaló otros factores detrás del colapso económico de Venezuela, incluidas fallas del gobierno de Nicolás Maduro.
Tampoco dijo directamente si las sanciones perjudican a los ciudadanos venezolanos o al gobierno, y precisó que Estados Unidos ha enfatizado que las sanciones no restringen la ayuda humanitaria.
La evaluación de la GAO, solicitada por legisladores demócratas, se conoce cuando el presidente Joe Biden parece listo a ajustar la política hacia Venezuela, aunque preservando en gran medida la estrategia de su antecesor Donald Trump, infructuosa hasta ahora, para forzar la salida de Maduro, a quien ambos consideran un “dictador“.
La GAO, una agencia del poder legislativo que fiscaliza al gobierno federal, indicó que la economía venezolana se ha contraído “constantemente” durante casi una década, pero ha caído “abruptamente” desde el inicio de las medidas punitivas de Washington en 2015, en especial a partir de 2019.
Trump impuso un embargo de facto al petróleo de Venezuela, crucial para su economía, al sancionar a PDVSA en enero de 2019. Entonces, Maduro, en el poder desde 2013, inició un segundo mandato desconocido por Estados Unidos y medio centenar de países por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas.
“Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo“, señaló el informe.
“Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este período“, agregó.
– “Empeoraron la situación” –
El reporte de la GAO destacó que Estados Unidos ha buscado “mitigar” las consecuencias negativas de las sanciones, pero señaló que agencias del gobierno han reportado “desafíos” para hacer llegar la ayuda humanitaria, como el cierre de cuentas o el rechazo de transacciones financieras.
Recomendó por eso al Tesoro hacer más para rastrear las quejas de los trabajadores humanitarios con el fin de abordar los problemas recurrentes.
Desde 2015, Estados Unidos sancionó a más de 150 personas vinculadas al gobierno de Maduro, y revocó la visa a cientos de venezolanos. Además, impuso medidas punitivas al Banco Central de Venezuela y a PDSVA, así como a entidades extranjeras con negocios con el gobierno o la petrolera estatal. (Klonopin)
“Este informe deja en claro que las sanciones impuestas por Estados Unidos empeoraron la situación” en Venezuela, dijo el congresista Andy Levin, uno de los legisladores que solicitó el informe a la GAO, instando a un enfoque “más humano y eficaz” del gobierno de Biden.
El nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, dijo que ayudar al pueblo venezolano será una de sus principales prioridades.
“Es hora de avanzar después de cuatro años de la política fallida de la administración Trump hacia Venezuela y trabajar con nuestros aliados en el Grupo de Lima y la Unión Europea en un enfoque multilateral más efectivo para las múltiples crisis del país“, dijo en un comunicado.
El gobierno de Biden descartó la semana pasada un contacto con Maduro “en el corto plazo“.
Entre los principios rectores de la política de Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, mencionó el compromiso de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos por la crisis en su país, lo cual les permitirá residir y trabajar legalmente.
La debacle de Venezuela, donde Maduro sigue en el poder respaldado por Rusia, China, Irán y Cuba, provocó la salida del país de unos 5,4 millones de personas en los últimos años, según la ONU.
