El economista Richard Obuchi, profesor del IESA, afirma que la Ley Antibloqueo es un reconocimiento implícito del fracaso del modelo socialista promovido durante las últimas dos décadas en Venezuela, pero concretado de la peor manera, porque no se abandonan expresamente los controles, no se crean garantías para invertir ni se genera estado derecho, sino que, al contrario, privan el secretismo y la arbitrariedad.
«Estamos experimentando la privatización de parcelas de nuestras vidas de la forma más desordenada y menos eficaz posible», dijo el especialista en entrevista con el periodista Román Lozinski en Unión Radio.
«No hay que focalizarse solo en la privatización, sino en cómo superar la crisis económica. Lo que nos enseña la experiencia histórica es que los países prósperos tienen una fuerte participación del sector privado. Hay una cantidad de áreas económicas en las que naturalmente el sector privado logra mejores condiciones. En los últimos 20 años, lo que hemos visto en Venezuela es un ataque constante al sector privado», manifestó.
Richard Obuchi señala que hay áreas que deben traspasarse al capital privado de manera clara, como los hoteles, muchos de los cuales están abandonados; las cementeras que tienen años paralizadas y las infraestructuras agropecuarias que están inutilizadas y sin generar ningún beneficio económico ni social.
Hay áreas más complejas, por sus dimensiones y los impactos sociales, como la electricidad. Obuchi dejó claro que es imposible que este servicio salga de su crisis estructural sin participación de capital privado.
Un proceso de transferencia de activos al sector privado debe formar parte de un plan integral de reforma de la economía. A juicio de Obuchi, la Ley Antibloqueo es un cheque en blanco para transferir sin controles activos que son de todos.
«Un proceso de privatización debe ser ordenado, transparente, generar las mejores condiciones de largo plazo, y lograr que se obtengan los mejores precios por los activos en manos del estado. La Ley Antibloqueo intenta hacer eso en condiciones muy malas, porque no se han resuelto los asuntos de fondo; no hay estabilidad económica, estado de derecho, sistemas claros de resolución de conflictos. Son cosas esenciales para traer inversiones. Por el contrario, esta ley está llena de confidencialidad, secretismo, arbitrariedad, conflictos con otras leyes… esta es la peor cara de estos procesos».
El especialista señala que la principal razón por la cual la privatización no puede ser un proceso aislado en Venezuela es la situación social, porque si se transfieren los servicios se deberán pagar según sus costos reales, de manera que hace falta que se adopten programas sociales compensatorios y generar transferencias de recursos para elevar la capacidad de consumo de forma progresiva.
«En el siglo XX, la mitad del mundo vivía en países donde la mayoría de la propiedad era pública, algo que se parece a lo que se vive en Venezuela. Hoy casi ningún país hace eso. Incluso en los países que se denominan socialistas ya no hay enfrentamiento con el sector privado. Si miras a China, la actividad privada está en todas partes. El mundo entiende que una economía crece cuando la actividad económica se desenvuelve con libertad», indica el economista Richard Obuchi.
«Lo que ha pasado en Venezuela es la excepción. Ahora, también aquí hay reconocimiento tácito de esta realidad, pero con muchos tropiezos porque no se abandonan los controles, no se crean las garantías, no hay estado de drecho, no hay credibilidad, porque hay alto grado de arbitrariedad. El rechazo a la propiedad no es ahora la médula del socialismo».
Fuente: Banca y Negocios
