Con el propósito de tener un acercamiento más directo con la sociedad ante la problemática que vive el país, la Asamblea Nacional, en conjunto con la ONG Acceso a la Justicia, y juristas venezolanos, realizó este jueves el foro “Misión Justicia Socialista 2017”.
Durante este foro participaron como ponentes Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia; Omar Estacio, expresidente de la Federación de Abogados de Venezuela y representante del Colegio de Abogados de Caracas y el diputado Rafael Veloz, también expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, evento llevado a cabo en el Salón Boyacá del Museo Boliviano, esquina de Pajaritos.
Los ponentes disertaron sobre el decreto número 2718 del 7 de febrero pasado, que crea la Gran Misión Justicia Socialista. Coinciden que esta misión pretende modificar el diseño del sistema constitucional venezolano.
Para el diputado del Parlasur e integrante de la dirección nacional de Voluntad Popular, Rafael Veloz García, la Gran Misión Justicia Socialista, invade competencias que solo le corresponden al Poder Judicial.
El también expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, Rafael Veloz, aseguró que el Socialismo del Siglo XXI, no ha podido por vía de los mecanismos democráticos insertarse en la directiva de los colegios profesionales.
“Ahora pretenden con esta misión decir que hay una mercantilización de la administración de justicia, que debe ir por el modelo de los bufetes colectivos cubanos, y que los abogados, alrededor de los Colegios Abogados, no tengan el libre ejercicio de la profesión, lo cual estaría afectando a más de 250 mil familias, abogados en el libre ejercicio y estaría afectando a la vigencia de los colegios profesionales”, alertó.
Considera Veloz, que esta iniciativa lo que busca es que los venezolanos se organicen, no sólo para el desconocimiento de “este adefesio jurídico, sino que nos organicemos en unos comité de resistencia por la justicia, donde operemos los colegios profesionales, los abogados y estudiantes, para que por el signo de la lucha no violenta, realicemos todas las protestas necesarias para restablecer el sistema de justicia”, señaló Veloz.
Veloz indicó, que el derecho constitucional venezolano se construye sobre los valores del Estado de Derecho, democracia, separación de poderes y respeto a los derechos humanos. Por ende, dijo, estos conceptos no se encuentran ni pueden estar vinculados a ideologías político-partidistas, sino que, por el contrario, deben ser lo más amplios posibles para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su tendencia política, se vean representados.
Finalmente dijo Rafael Veloz, que acudirán a instancias internacionales como la Federación Interamericana de Abogados y al Mercosur para plantear lo relacionado al Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, entre otras instancias internacionales, en procura de un cambio de sistema en Venezuela, aseveró Veloz.
Por su parte Omar Estacio, expresidente de la Federación de Abogados de Venezuela y representante del Colegio de Abogados de Caracas, advirtió que las atribuciones otorgadas a la Gran Misión Justicia Socialista, son contrarias a los valores y principios del sistema constitucional del país, y no responde a los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, sino que se integra ya bajo las órdenes del Poder Ejecutivo.
El jurista Omar Estacio, aseguró que el sistema de justicia no se encuentra al servicio de parcialidad política alguna, por cuanto busca la resolución de controversias fundamentadas en el derecho y con procesos ejecutados por jueces independientes del Ejecutivo.
Por ello considera que no hay una justicia roja, blanca, amarilla y rechaza el adjetivo de ‘justicia socialista” el cual no se circunscribe con los preceptos constitucionales ya que la justicia no se encuentra ni puede estar vinculada a ideologías político-partidistas, dijo.
Añade Estacio, que la autonomía e independencia de los abogados son esenciales para la vigencia de los Derechos humanos (DDHH), por ello considera que “todo lo que se refiere a la reglamentación a la conducta de los abogados tiene rango constitucional y, por consiguiente, no puede ser derogado por ningún decreto presidencial.”
Para el expresidente de la Federación de Abogados de Venezuela, el decreto número 2718 del 7 de febrero pasado, que crea la Gran Misión Justicia Socialista, está viciado por desacatar los preceptos 137 y 138 de la CRBV.
En este sentido dijo que el presidente de la República no tiene entre sus atribuciones, dictar, como lo hizo con el decreto, actos administrativos en materia de gobierno judicial, por ser éstos de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia y demás órganos de Poder Judicial, por lo cual, dijo, el decreto constituye usurpación de funciones.
Por su parte Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, considera que la Gran Misión Justicia Socialista, es una manera de adoctrinamiento, “en la que se pretende crear un órgano que sólo hablará de socialismo y de derecho, pero no el que conocemos, sino de otro tipo de derecho”.
Recordó Loaiza, que el pasado mes de febrero el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la apertura del año judicial creó la Gran Misión Justicia Socialista, un nuevo programa donde están enlazados los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Ciudadano, el cual cuenta con 6 Ejes de Acción para la consolidación de la Gran Misión.
Refirió que esta misión busca implementar en las comunidades las casas de justicia que atenderán los delitos cuya pena sea menor de 8 años, las cuales contarán con un Fiscal del Ministerio Público, un juez designado y un Defensor Público.
Para Laura Louza, “todo el proyecto político que estamos viviendo, está inserto en el Plan de la Patria y en el libro Rojo del PSUV, es el control de precio el control de la propiedad, la eliminación de la propiedad privada por la social.”
“El decreto dice que el derecho que se hablará en las comunidades no es el derecho Constitucional que conocemos, sino un nuevo derecho, consagrado en el Plan de la Patria. Es el poder del Estado frente al ciudadano, el ciudadano desaparece, lo que hay es un colectivo y al ciudadano se le trata como un colectivo, una masa de gente, que al final del día tiene un interés general que es el del Estado nuevamente el interés público; y, eso es más que un proyecto comunista, el cual está en el Plan de la Patria y en el libro Rojo del PSUV”, aseveró Louza.
