“Para la CIDH, Paulo Abrao sigue siendo su secretario ejecutivo“, aseguró Joel Hernández.
Abrao “es el funcionario a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La designación de la secretaria adjunta Claudia Pulido es exclusivamente para atender las cuestiones de índole administrativo“, señaló sobre la tarea encomendada interinamente a esa funcionaria.
La Comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó que el 15 de agosto, último día de la vigencia del contrato de Abrao, Almagro le comunicó a la CIDH, “sin consulta previa“, su negativa a prorrogarlo, lo cual la entidad repudió como “un grave embate a su independencia y autonomía”.
Almagro respondió muy poco después, lamentando que no se haya podido “avanzar en el proceso de designación del secretario ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional” presentadas contra Abrao. Y deploró la “falta de tramitación” de estas quejas como “un duro golpe” a la credibilidad de la CIDH.
“Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas funcional individual de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH“, dijo Almagro en un comunicado.
Fuentes de la OEA dijeron que son “más de 60” las denuncias contra Abrao presentadas ante la Ombudsperson del organismo, Neida Pérez. Mencionaron en particular “acoso laboral” y “manipulación de concursos y contrataciones“.
Hernández señaló que esas quejas deben “seguir su curso legal“, pero “corren por cuerdas separadas” del “tema central“.
“Esas denuncias no son un impedimento para que el secretario Almagro renueve el contrato del secretario ejecutivo Abrao“, opinó.
“Aquí quiero ser muy enfático. La Comisión ha expresado al secretario Almagro la importancia de que estas denuncias sean investigadas (…), pero eso es distinto a la decisión de la Comisión de dar un mandato renovado al secretario Abrao y de la consecuente obligación del secretario general de otorgar el contrato“, agregó.
– Un “pretexto” –
Abrao, un brasileño de reconocida y destacada trayectoria internacional en derechos humanos, asumió el puesto en la CIDH el 16 de agosto de 2016.
A principios de este año, la CIDH anunció que “por unanimidad” habían decidido “renovar” la confianza en él “por cuatro años más“.
“Ha logrado enfrentar la grave crisis que vivió la institución y fortalecer la gestión institucional con sostenibilidad financiera e incremento de sus capacidades“, informó el 10 de enero la Comisión, elogiando la gestión de Abrao.
Hernández dijo que la CIDH estaba al tanto de los planteos ante la Ombudsperson, con quien el pleno de la Comisión se reunió en octubre. También precisó que Abrao “ha venido atendiendo desde 2019 las recomendaciones de la Ombudsperson y la Comisión ha estado siendo informada de esas medidas“.
“Pero no podemos nosotros aceptar que un informe que se presenta a cinco días de la terminación del contrato esté sirviendo de pretexto para no otorgarlo“, dijo.
Consultado sobre si la CIDH cree que hay una campaña en contra de Abrao que se base en el reporte para no dejarlo en el cargo por otras razones, Hernández contestó: “Me limito a los hechos“.
“En este momento lo que tenemos es la negativa del secretario general de renovar el contrato del secretario ejecutivo Abrao en circunstancias que nos preocupan mucho por la manera en la cual se han venido dando“, añadió el jurista mexicano, subrayando no obstante “la voluntad de diálogo” de la Comisión.
El gobierno de México expresó su “preocupación” por las acciones de la Secretaría General de la OEA y llamó a “respetar las decisiones” de la Comisión.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que antes de sumarse a esta ONG fue abogado de la CIDH, advirtió que la objeción de Almagro “constituye un grave retroceso en la práctica de la OEA y socava la autonomía de la Comisión“.
La CIDH, surgida de la Carta de la OEA, se compone de siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General. Su Secretaría Ejecutiva, en tanto, es una unidad funcional que forma parte de la Secretaría General de la OEA, según establece el artículo 40 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: El Universal
