Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó, este martes 10 de marzo, una actualización oral sobre la situación de de los derechos humanos en Venezuela en que denunció , especialmente, las actuaciones de las fuerzas de seguridad y de simpatizantes del gobierno en contra de diputados de oposición, autoridades universitarias, trabajadores de la prensa e instalaciones de partidos políticos, ONGs y medios de comunicación.
Según Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, «se espera que en el mes de junio presente informes especiales sobre el país, incluyendo uno sobre el Arco Minero. En esa fecha se discutirá sobre el rol futuro del Alto Comisionado en la situación venezolana»
Desde que se presentó el primer informe sobre Derechos Humanos en Venezuela, en septiembre de 2019, se ha impedido el acceso de los diputados a la sede de la Asamblea Nacional (AN) en la fecha de elecciones; la detención de Gilber Caro y de sus asistente Victor Ugas en diciembre de 2019; la detención de Ismael León y su actual arresto domiciliario y la agresión a periodistas cuando cubrían la llegad de Juan Guaidó en el aeropuerto de Maiquetia sin que las autoridades velaran por su integridad.
Y pronunciando estos eventos, Bachelet aclaró que las agresiones mencionadas suelen estar acompañadas por «una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia».
Así, desde Ginebra, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos denunció que su oficina «sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas», lo cual constituyó una denuncia clave en su primer informe.
Sobre la situación de derechos económicos y sociales, Bachellet expresó preocupación por la imposición de nuevas sanciones económicas a Venezuela, su industria petrolera y a la más reciente aplicada a la empresa aérea Conviasa: «a pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto del sector financiero», declaró.
Y en materia de salud, se alertó sobre la urgencia de atender la situación de niños y niñas venezolanas con necesidad de trasplantes: «Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina«, informó agregando que «Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos».
No obstante, la situación del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas es critica: Al final de 2019, sólo el 21 por ciento de las camas se encontraban operativas.
Pero el estado de salud de los venezolanos no solo se limita a observar en los hospitales: el Programa Mundial de Alimentos realizó una encuesta que reveló que 2.3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada.
Y es que los venezolanos se enfrentan a una situación que internacional es conocida como una «Crisis Humanitaria Compleja», la cual se comprende como el desplome del poder del Estados que conduce a la vulneración de los derechos humanos por razones políticas.
– Todo apunta a la celebración de elecciones –
Justo cuando se están articulando acciones con el fin de celebrar elecciones en Venezuela, Bachelet apuesta por ello: «Confío que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en acciones violentas», dijo.
Fuente: Banca y Negocios
