El pago de millonarios dividendos a pesar de que la empresa registraba pérdidas y la contratación de tres aviones privados para que estuvieran a disposición permanente, son apenas dos de los hallazgos que encontró la actual directiva de Monómeros cuando asumió el control de la compañía filial de Pequiven, bajo la orientación del mandatario interino de Venezuela reconocido por 58 países, Juan Guaidó.
La presidenta de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández, reveló durante la rendición de cuentas una serie de hallazgos que estaban afectando la estabilidad económica de la empresa y que se han ido subsanando, según una nota publicada por el medio colombiano El Heraldo.
La empresa, que se encuentra bajo control de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, estaba a punto de cerrar a comienzos de este año por la precaria situación económica que presentaba y que se logró revertir.
La situación era tal, que de acuerdo con la directiva la compañía estaba a punto de cerrar antes de que llegaran. “Lo que sufrió esta empresa en los últimos años es casi una depredación por parte de su accionista, nosotros la vamos a recuperar y a levantar”, afirmó.
La presidente de la junta directiva dijo que a pesar de que Monómeros registró pérdidas por 20 millones de dólares en 2018, la empresa estaba obligada a repartir un dividendo por el mismo valor a sus accionistas, de los cuales la estatal Pequiven de Venezuela es mayoritaria.
Explicó que de los 20 millones que debían pagar por dividendos sólo se entregaron 3 millones de dólares a Pequiven controlado por el gobierno de Nicolás Maduro y al resto de accionistas minoritarios.
“Se pidieron dividendos de una pérdida, es algo que no tiene sentido lógico, tener una empresa perdiendo 20 millones de dólares y que pidan dividendos”, afirmó.
Indicó que se está siguiendo un proceso legal para que los accionistas hagan un procedimiento de retorno de los dividendos pagados y los regresen para que estos ingresen contablemente a la compañía.
– Contratos sin licitación –
Entre los hallazgos de la nueva directiva de la empresa también está la realización de contratos sin licitación, los que excedían los tiempos fijados en los estatutos y con tarifas superiores a las que se podrían encontrar en el mercado si se hubiera licitado; la mayoría de las contrataciones tenía cláusulas lesivas para los intereses de la empresa.
“Si había una terminación adelantada era Monómeros la que tenía que cargar con el peso y hacer pagos por multas y penalizaciones muy costosas, todo esto está en manos de un pool de abogados que nos ayudan”, señaló.
Adicionalmente, se encontró un contrato de arriendo de tres aviones con una empresa aérea de Venezuela por valor de 320.000 mensuales, el cual establecía que dos de las aeronaves se destinarían para uso exclusivo de Pequiven.
El contrato señalaba que se tenían que pagar las horas de vuelo contratadas se usaran o no. “Entiendo que usaban todas las horas y las superaban, entonces cobraban gastos adicionales. El contrato fue suscrito por Monómeros y era la empresa la que tenía que pagar”, señaló Hernández.
El contrato que fue cancelado por la actual administración tenía una cláusula de penalidad de 1,4 millones de dólares, cifra que se negoció para reducirla a 1,1 millones.
Otros casos
La presidente de la junta directiva señaló que también se encontró que la empresa abrió una línea de crédito a un cliente que no tenía respaldo financiero y que generó una deuda de 2 millones de dólares, de los cuales hasta la fecha se ha logrado recuperar 1 millón.
Se detectó un proceso arbitral iniciado por una empresa contratada por Pequiven en Venezuela para la compra de unos servidores por valor de 8,7 millones de dólares, que debían ser pagados Monómeros. Actualmente en caso está en manos de abogados.
Otra de las “perlas” halladas es que las cajas menores en las gerencias de la compañía eran de hasta 4.000 dólares y la de la gerencia general era de 100.000. “Inmediatamente se procedió a hacer la revisión y se bajó la caja menor del gerente general a 10.000 y se limitó su uso para actividades profesionales y formativas”, indicó.
En mayo, se descubrió la venta de un inmueble por parte del representante legal de la empresa sin autorización de la junta directiva y a aplicar las acciones legales pertinentes.
La compañía entregaba anticipos a contratistas por el 10% del valor del contrato, amortizables en los 33 meses de vigencia, pero en ninguna parte del documento se contemplaban estos anticipos y tampoco eran amortizados de la manera correcta. En esta modalidad se destacan dos contratos uno por valor 8,6 millones de dólares y otro por 2,6 millones. Con asesoría legal se vienen recuperando estos montos.
Hernández dijo que se están revisando las normas y procedimientos de contratación siguiendo los marcos legales de Colombia y Venezuela.
