Este lunes fue instalada la Subcomisión de Régimen Político y Administrativo de Justicia para el año 2017, en el salón Francisco de Miranda en el Palacio Federal Legislativo, instancia perteneciente a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional.
El evento contó con la presencia de la diputada Delsa Solórzano (Unidad-Miranda) presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior y sus homólogos, el vicepresidente Luis Stefanelli (Unidad-Falcón) y Juan Miguel Matheus (Unidad-Carabobo).
En el seno de la Subcomisión, fue sometida a consideración la figura de la recién creada Gran Misión Justicia Socialista, instituida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objeto principal de “promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación socio jurídico nacional para la consolidación de la justicia social y comunal”, según Decreto 2.718, publicado en Gaceta Oficial número 433.815 de fecha 07 de febrero de 2017.
Al respecto, el diputado Juan Miguel Matheus señaló no tener conocimiento de este plan desde el punto de vista jurídico sino de unas referencias normativas del propio decreto, donde se lee que la referida Gran Misión se crea con personalidad jurídica, patrimonio propio y que estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Aseveró que con la creación de esta nueva estructura, se pretende favorecer el acceso a la justicia, pero fuera de los cauces ordinarios que establecen la Constitución y las leyes del aparato judicial venezolano.
El parlamentario indicó que el referido programa socialista trae consigo, como primer riesgo, profundizar el vaciado del artículo 7 de la Carta Magna y alejar a los órganos el Poder Público, en especial a las partes judiciales o parajudiciales que se pretendan establecer con el fin de alejarlo de la supremacía constitucional.
-Como segundo riesgo, la ideologización desde el Poder Judicial o desde las estructuras parajudiciales, que se solapan con otras estructuras inconstitucionales, como es el Poder Comunal, un renovado impulso para colocar al Poder Judicial a los pies del Poder Ejecutivo Nacional; y, como último, la creación de jueces populares, los cuales podrían ser la expresión de una mala interpretación del artículo 253 de la Constitución, explicó.
Al culminar su intervención, el parlamentario informó que desde la Subcomisión solicitarán la anulación del Decreto 2.718 en los próximos días.
Por su parte la diputada de la Unidad por el estado Miranda, Delza Solórzano en su intervención consideró que el concepto de “Justicia Socialista” se aleja del concepto de justicia aprendido desde el inicio en la carrera de Derecho en Venezuela.
“Quienes dirigen la justicia en el país han asimilado el concepto de justicia como un tema ideológico, más que a un tema moral”, refirió.
Indicó que la distorsión del concepto de justicia, tiene graves implicaciones en la vida cotidiana y puso como ejemplo el caso Wilmer José Brizuela Vera “Wilmito”, (reo quien actualmente cumple condena en un cárcel nacional) quien, aseguró, fue beneficiado por la “justicia socialista”.
En este sentido agregó que este beneficio es inconstitucional. “Esta decisión no fue aprobada por un juez ni hubo la solicitud de un fiscal, sino que fue otorgado directamente por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Asuntos Penitenciarios”.
Sin embargo, recordó que el diputado Gilber Caro tiene 40 días privado de libertad sin haber sido presentado ante tribunales.
“Caro no ha sido tratado como un ciudadano común y mucho menos le han sido respetadas las prerrogativas como parlamentario. ¿Es esta la justicia socialista?”, se preguntó Solórzano.
Luis Stefanelli aseguró que este nuevo sistema que el Gobierno quiere implementar en el país es una nueva forma de dominación, más que un método de progreso en el país.
Asimismo, aseveró que el régimen de Nicolás Maduro aplica el terrorismo sicológico para poder sostenerse en el poder, “porque ha perdido ampliamente el apoyo popular”, señaló.
Stefanelli alentó a los diputados de la Mesa de la Unidad a actuar como sensibilizadores de la sociedad con la mayoría que los apoya para enfrentar esta situación e impedir el avance de un gobierno que pretende sostenerse bajo la aplicación indebida de la norma y las reglas de las instituciones.
En la instalación de la Subcomisión de Régimen Político y Administrativo de Justicia para el año 2017 de la AN, estuvieron presentes los abogados: Eugenio Hernández Bretón, Gabriel Ruan Santos, Enrique Iribarren, Luis Cobarria, Román Duque Corredor, María Alejandra Correa, Alí Daniels, Pedro Natera y Pedro Salazar.
El abogado Alí Daniels, aseguró que sin democracia y sin separaciones de poderes no hay derechos humanos.
En tal sentido señaló, que cuando no se distingue lo que dice el Poder Judicial del Poder Ejecutivo, o, en el caso donde se pretende hacer una visión “Justicia Socialista” a través de una Fundación del Ejecutivo y no se establecen parámetros claros de competencias, “es difícil decir que en Venezuela hay una democracia y, en consecuencia, respeto a los derechos humanos”.
Entre tanto, el exmagistrado Román Duque Corredor indicó que el decreto de la Gran Misión Justicia Socialista, pretende crear una clínica jurídica para los Consejos Comunales, e instaurar un Parlamento Comunal. “Se quiere implantar una fidelidad ideológica frente a una fidelidad axiológica y esta última es la que reclama el ordenamiento constitucional”.
