Para cancelar el nuevo ticket de alimentación, que pasó de 63.720 bolívares a 108.000 bolívares y que según el presidente Nicolás Maduro beneficiará a 9,6 millones de trabajadores, la administración pública y el sector privado deberán erogar mensualmente 1,036 billones de bolívares de acuerdo con los cálculos del economista Asdrúbal Oliveros.
La medida, que entrará en vigencia a partir del 1° de marzo, implica un incremento mensual de 44.280 bolívares, lo que significa pagar 425,08 millardos de bolívares solo por concepto del alza, agregó Oliveros.
Si bien para Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, el número de trabajadores que se beneficiará es menor 5,15 millones de la empresa privada y 2,7 millones del sector público al anunciado por el mandatario, “los compromisos de pago son inmensos”.
Los privados deberán cancelar mensualmente, en función de las cifras que maneja la Cámara de Comercio de Caracas, 556,2 millardos de bolívares por el bono alimentación y la administración pública 291,6 millardos de bolívares.
“Ni el gobierno ni el sector privado disponen de recursos para cancelar el aumento, aunque el Ejecutivo puede imprimir dinero para pagarlo. Sin embargo, las empresas se verán obligadas a cerrar y a despedir trabajadores”, indicó.
Maldonado recordó que el año pasado cerraron 31.000 empresas y se perdieron 700.000 puestos por las políticas gubernamentales. Señaló que en 1999, cuando comenzó la gestión de Hugo Chávez, según el Instituto Nacional de Estadísticas operaban 600.000 empresas y ahora 142.000.
“El alza del bono alimentación tiene un impacto considerable en el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas. Sus actividades están mermando día a día y podrían tomar la decisión de cerrar, con lo que se perderían puestos de trabajo”, reiteró Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.
Poder de compra. “80% de los venezolanos está empobrecido y 50% pasa hambre, pero esa situación no se va resolver con un aumento de ingreso, sino cuando el gobierno decida cambiar radicalmente su política económica que hasta ahora lo único que produce es inflación, escasez y desempleo”, afirmó Maldonado.
Martínez coincide con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas: “Los aumentos anunciados por Maduro no mejorarán el poder adquisitivo de los trabajadores.
Más que regocijarse por los incrementos salariales, debería anunciar medidas verdaderas para atacar la inflación y la crisis económica del país”.
Advirtió que mientras no se aborde el problema estructural del alza de precios va hacer difícil que cualquier aumento salarial no se convierta en inflación inmediatamente y diluya el poder real de compra de la gente. “A pesar de que el incremento del ticket alimentación fue de casi 70%, no es elevado con respecto a la inflación. El nivel de indexación no sobrepasa 15%”, expresó.
Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, aseguró que el presidente Maduro continúa estableciendo alzas salariales sin tomar en cuenta la realidad del mercado. Consideró que el aumento es irreal y no se corresponde con la inflación.
“El gobierno presenta una falsa imagen cuando habla de un salario integral de 148.638 bolívares, porque el único salario es el de 40.638. El resto no tiene incidencia en las prestaciones ni en las vacaciones. Lo que ha establecido es una flexibilización del salario. El trabajador se favorecería más si se controlara la inflación. Venezuela es el único país donde los trabajadores sienten pánico cuando aumentan el salario”, afirmó el dirigente sindical.
