Banca y Negocios.- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó este martes que firmó un acuerdo con Venezuela para aumentar su cooperación en este campo, con el objetivo de abrir una oficina permanente en ese país.
En un comunicado, la ONU indicó que ese Memorando de Entendimiento, con vigencia de un año, fue firmado el 20 de septiembre entre la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.
«Mi oficina y yo estamos comprometidas a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país», señaló Bachelet en el comunicado.
Según la nota, Caracas permitirá «una presencia continua en el país de un equipo de dos funcionarios de derechos humanos de la ONU», el «acceso a los centros de detención» y «libertad de circulación en todo el país».
El Memorando da «una base para la continuidad del diálogo», con miras a «un acuerdo que permita establecer una oficina» de derechos humanos de la ONU en Venezuela, agregó.
Asimismo, entre los nuevos pasos comprendidos en el documento «están el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y del acceso a la justicia», y «facilitar visitas de relatores especiales de la ONU durante los próximos dos años».
Ambas partes establecerán un plan de trabajo en el que se detallarán esas actividades, que deberá ser acordado en los próximos 30 días.
La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido objeto de fuertes críticas de Bachelet, que recientemente lamentó que persistan «la tortura», las «detenciones arbitrarias» y «ejecuciones extrajudiciales» en ese país.
Bachelet ha pedido al gobierno venezolano, hasta ahora sin éxito, que desmantele las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, un cuerpo de élite de la la policía creado en 2017), acusadas por la ONU de realizar «ejecuciones extrajudiciales».
Venezuela vive la peor crisis económica y política de su historia reciente, que ha motivado el éxodo de 3,6 millones de personas desde 2016, según la ONU.
