Si bien existe un claro consenso entre los economistas en que la crisis económica y social fue causada por el gobierno chavista, a través de su modelo de estatización radical y su gestión monetaria imprudente, aparte de una grave incapacidad para restablecer la capacidad productiva destruida por una deliberada estrategia de «transición al socialismo», está creciendo la preocupación por el impacto social de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en menor grado, sobre las actividades económicas medulares del país.
El abanderado de este cuestionamiento a la estrategia de sanciones, por ahora, es el economista Francisco Rodríguez, economista-jefe de Torino Economics y ex director de informes en el área de Desarrollo Humano en la ONU.
En un artículo reciente, publicado en The New York Times, Rodríguez cuestiona la efectividad de la presión sobre el gobierno de Maduro, a través de sanciones y establece un potencial «riesgo de hambruna» para una porción mayoritaria de la población, si no se establecen limitaciones para suprimir las fuentes regulares de ingresos del país.
Según Rodríguez, «mi investigación muestra que, tras la primera ronda de sanciones económicas, la producción de petróleo venezolano sufrió el peor colapso que haya padecido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en una huelga petrolera. Como consecuencia, la economía perdió aproximadamente 17.000 millones de dólares al año. Las operaciones que no fueron afectadas —como las alianzas comerciales con China o Rusia— tuvieron un crecimiento en la producción o se estabilizaron mientras el resto de la industria petrolera colapsaba».
Y más adelante, señala: «las cosas solo empeorarán con el embargo petrolero de este año. Si tomamos la experiencia histórica de otros países que han enfrentado situaciones similares en el pasado (como Irak, Irán y Libia), la nueva ronda de sanciones petroleras podría ocasionar a la ya diezmada industria petrolera una pérdida adicional de 10.000 millones de dólares al año, lo que equivale a más de dos terceras partes de las importaciones del país en 2018″.
Rodríguez ha entrado en un debate con el también economista, Ricardo Hausmann, designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 51 países, entre los que destacan Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea, Juan Guaidó, como gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para Haussmann, la estrategia de sanciones financieras no tiene un impacto real en la calidad de vida de los venezolanos, ya que el problema real está en sostener políticas económicas equivocadas a las que se suman decisiones erróneas para enfrentar sus consecuencias.
Ante los argumentos sobre la inocuidad de las sanciones en términos sociales, Rodríguez responde con una metáfora: «eso es que como decir que no se puede matar a un enfermo terminal». El economista propone aplicar un programa de petróleo por alimentos, similar al ensayo iraquí, que proteja a los ciudadanos de «las acciones de su gobierno»
Pero, el economista de Torino Economics no está solo. También el socio-director de Datanálisis, Luis Vicente León, hace cuestionamientos públicos a la estrategia de sanciones. «Entiendo que el objetivo teórico de las sanciones generales es provocar el debilitamiento del gobierno y la fractura militar para provocar su salida. Pero el resultado de esa estrategia es decepcionante en su historia en el mundo y la experiencia venezolana sólo ratifica lo que sabíamos«.
«Es obvio que las sanciones no son la causa de la crisis. Es absurdo ese planteamiento a la luz de un modelo de control, intervencionismo y hostilidad que tiene una larga experiencia de fracasos en la historia. Pero decir que las sanciones no empeoran la crisis es aún más absurdo», sostiene León en su cuenta de Twitter.
León, incluso, asume una postura más beligerante en otro comentario: «una sanción es efectiva cuando es capaz de provocar un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno en un tiempo lo suficientemente corto como para no destruir el país que pretende ayudar. Si el tiempo es largo y la destrucción enorme, el remedio resulta peor que la enfermedad«.
El socio director de Datanálisis señala impactos concretos, como las dificultades que se agudizan para hacer mantenimientos en las infraestructuras de servicios públicos, como agua y electricidad, cuyo funcionamiento es cada vez más precario y destruyen la poca calidad de vida que queda para los sectores más vulnerables, e incluso estratos socio-económicos con ingresos más elevados.
El también economista Luis Oliveros, especialista en el área petrolera, también entró en esta polémica desde su tribuna en Twitter: «Hay que ser responsables a la hora de hablar de las sanciones. 1- Las sanciones NO iniciaron (ni de cerca) la crisis económica (culpables CH y Maduro). 2- Las sanciones SI generan problemas a los venezolanos. 3- Es mentira que las sanciones impactan solamente al régimen».
Más adelante, puntualiza: «Recordemos: una cosa son sanciones individuales (directas a personajes del régimen para generarles incentivos para un quiebre) otra muy distinta son sanciones al país (que impactan a todos los venezolanos y muy poco al régimen, que con reprimir y usarlas como excusa tiene)».
«A los cubanos (+50 años), Zimbabuenses (+30 años) y un largo etc., también les dijeron (compatriotas en el exterior) que las sanciones generarían la caída del régimen. Estamos en el peor de los mundos. Unas sanciones por muchos años, serían trágicas para los venezolanos», concluye Oliveros.
León y Oliveros enfrentan críticas, las cuales se centran básicamente en un argumento: una flexibilización de las sanciones tampoco beneficiaría directamente a los venezolanos, porque nadie garantiza que los recursos vayan a satisfacer las necesidades del país.
El debate está abierto.
