Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la administración interina de Juan Guaidó, reconocida por más de 50 países y recientemente avalada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían reanudar sus encuentros esta semana en un lugar no determinado, según una nota de la agencia Reuters.
La agencia cita «tres fuentes familiarizadas con el asunto»; sin embargo, dos dirigentes de Voluntad Popular, consultados por Banca y Negocios de manera extraoficial, indicaron que, aunque existe la presión de la Unión Europea, a través del denominado Grupo de Contacto, y varios gobiernos latinoamericanos, la muerte por presuntas torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba bajo custodia del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), desaconseja cualquier iniciativa en este momento, y así parece entenderlo todo el sector democrático.
El clima político se ha complicado en los últimos días, en primer lugar por la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado contra la administración de Maduro, que, de acuerdo con las versiones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, incluiría un intento de magnicidio y atentados contra figuras relevantes del gobierno chavista.
Pero ahora esta suerte de «contraofensiva» comunicacional, disparada por el presunto complot develado, se ha difuminado por el asesinato del joven capitán Acosta Arévalo, que ha sido rotunda y ampliamente condenado en varios países e instancias multilaterales.
El diálogo sigue sobre la mesa y parece ser la prioridad del representante especial de la UE para la situación de Venezuela, Enrique Iglesias, quien estaría trabajando activamente con el gobierno de Noruega y diversos organismos internacionales para promover una mesa de diálogo rápidamente, porque existe la percepción de que la crisis humanitaria en el país puede escalar, y en el resto de América Latina hay alarma por el crecimiento de la emigración venezolana que, según la OEA, podría llegar a una cifra que oscila entre 5,2 y 5,6 millones de expatriados en 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020.
«La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en Colombia (1.3 millones), Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000). En términos absolutos, 4 naciones, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más del 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan el 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos», dice el informe de un grupo de trabajo coordinado por el ex alcalde exiliado, David Smolansky, que fue encargado por la Secretaría General de la OEA.
Este tema, más que cualquier situación de carácter interno, parece ser el detonante que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre la oposición que controla el parlamento y respalda al mandatario interino, Juan Guaidó, para que se abra un canal de diálogo que conduzca, tan pronto como sea posible, a un acuerdo que permita alcanzar alguna normalidad política e institucional que genere la gobernabilidad suficiente para aplicar un plan de recuperación económica.
Hasta ahora, señalan los dirigentes consultados, ambas partes están muy lejos de lograr un acuerdo.
