La filial venezolana de Coca-Cola Femsa anunció que continuará el régimen de «condiciones especiales de protección» que afecta a alrededor de 2.000 trabajadores de su nómina, quienes fueron desincorporados de sus labores luego de un acuerdo con el Ministerio del Trabajo, suscrito en diciembre pasado, que establece unas condiciones especiales de remuneración para evitar los despidos.
La dirigencia sindical no estuvo ni está de acuerdo con este convenio, pero la empresa insiste en que las condiciones económicas y financieras de su operación hacen inviable una operación con 4.800 trabajadores, que fue la nómina que reportó la compañía cuando suscribió el acuerdo original, ahora prorrogado hasta el 11 de diciembre.
El pacto establece que los trabajadores suspendidos cobran 60% del salario mínimo nacional junto con el cestaticket completo y conservan todos los beneficios de pólizas de seguros otorgados en la contratación colectiva, una situación que los dirigentes sindicales han denunciado como violatoria de sus derechos laborales, a tal punto de generar protestas y paralizaciones de plantas.
En el comunicado se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores que se encuentran en el régimen de «adecuación productiva» y aseguró que serán reincorporados en cuanto cesen las condiciones de entorno y mercado que impiden que Coca-Cola Femsa opere con normalidad absoluta en Venezuela.
Además, la empresa desconsolidó a la operación venezolana de sus estados financieros, como lo ha hecho la mayoría de las multinacionales que aún operan en el país, después de haber tenido que presentar cifras, correspondientes a 2018, con una inflación estimada cercana a 5.000.000%. La corporación tomó la decisión de separar a su filial local para evitar que su situación de riesgo financiero se viera comprometida.
En el acuerdo original, la empresa solicitó revisar al menos un tercio de los beneficios socioeconómicos de sus trabajadores, por considerar que eran financieramente insostenibles.
