El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Rafael Guzmán, informó que una de las observaciones hecha por los expertos en economía sobre el Proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela es que éste pueda establecer un control de cambio en un momento determinado y a su vez coloque las reglas.
Así lo dio a conocer Guzmán este miércoles desde la sede administrativa del Parlamento al culminar la consulta pública del referido anteproyecto donde estuvieron invitados el economista Pedro Palma; la profesora María Isabel Díaz, y el investigador Óscar Torrealba, del Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad).
Indicó el parlamentario que todo esto se haría con la posterior verificación de la AN. “Es una propuesta válida frente a una emergencia que se pueda presentar donde es imperioso establecer un control de cambio bajo la premisa que éste sea la excepción”, afirmó.
Aseveró que el nuevo texto de ley desarrollará todos los principios establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela y retomará todo lo expresado en la Ley del BCV del año 2001 que, por inclinaciones políticas, fue reformada en varias oportunidades para terminar convirtiendo esa institución en un cajero automático a la merced de los que hoy ocupan Miraflores.
Guzmán manifestó que con la referida norma se busca que el BCV no emita dinero inorgánico para con ello financiar el déficit del Ejecutivo, alertando que si esto sigue sucediendo los bienes seguirán subiendo de precios.
“Esa distorsión económica se corrige con políticas monetarias, cambiarias e impulsando la inversión. Por tal razón el BCV debe ser el rector de dichas políticas y no estar supeditado a los designios del Ejecutivo, como por ejemplo, financiar el déficit producto de sus locuras”, subrayó.
Agregó que a través de la consulta pública se pretende recibir y tomar todas las observaciones para lograr contar con una ley que pueda ser abrazada por todos los sectores de la sociedad venezolana.
Por su parte, el economista Óscar Torrealba catalogó de muy positivo las limitaciones a la coordinación macroeconómica del gobierno propuesta en el Proyecto de Ley del BCV.
Señaló de acertada el restablecimiento en 30 días el plazo de apalancamiento de créditos a bancos e instituciones financieras a través de instrumentos como los descuentos y anticipos.
Recordó el investigador que ese plazo había sido aumentado a dos años en la reforma de la Ley del BCV del año 2005 y luego fue incrementado a un período indefinido en la reforma del 2009.
A juicio de Torrealba, con la referida modificación se vuelve a respetar el principio que establece que el BCV no puede conceder préstamos destinados a inversiones a largo plazo.
Entre otras de las observaciones expuestas por el economista una vez revisado el anteproyecto destaca que la variación de la base monetaria esté determinada por la compra y venta de divisas y otros instrumentos.
“Hay elementos que fueron modificadas en la Ley del BCV en el año 2010 y esto hace que se perciba como ambigua y cuando esto sucede deja de ser ley”, acotó.
Expresó Torrealba estar presto a las próximas consultas que se den para el desarrollo del anteproyecto de Ley con el fin de contribuir en devolverle la autonomía al BCV, principal objetivo del texto legal.
Cabe destacar, que dicho anteproyecto de Ley fue aprobado en primera discusión el pasado 16 de octubre ante el Parlamento.
