Conindustria, Fedecámaras y Fedeagro califican de inviable el anuncio que hizo el sábado pasado el ministro de Industrias y Producción Nacional y vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami, de reunirse con empresarios para “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y fijar precios. Aseguraron que los costos de producción aumentan con frecuencia debido a la hiperinflación, proceso en el que Venezuela entró en octubre de 2017.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, aseveró que intentar que un precio se mantenga, cuando los costos cambian todo el tiempo, “hace que sea absurdo” fijar precios. Advirtió que si el gobierno persiste en esa línea terminará sacando a la empresa o al producto del mercado, por lo que será peor para el consumidor porque no podrá conseguir el artículo en los anaqueles.
“Si se quiere generar estabilidad de precios, lo primero que se tiene que hacer es atacar la inflación, y para eso debe dejar de emitir dinero sin respaldo”, indicó. Sin embargo, señaló que el interés del presidente Nicolás Maduro no es crear estabilidad económica para recuperar los niveles de producción de alimentos, medicinas y otros bienes. “Si su interés fuera realmente la recuperación de la economía, ya habría cambiado el rumbo hace tiempo. Ha tenido suficientes propuestas y advertencias”, dijo.
Agregó que Conindustria acudiría al llamado solo si es a un ministerio, pero no con Maduro porque “no es un presidente legítimo”.
El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, expresó: “La tragedia que estamos viviendo ahora es que se puede fijar el precio para la estructura de costo de hoy, pero la de mañana será diferente”.
Añadió que el gobierno no tiene ningún tipo de disposición de corregir los problemas de fondo que están afectando la economía, la producción y la calidad de vida de todos los venezolanos. “Somos el único país petrolero del mundo que ha entrado en hiperinflación debido a las pésimas políticas económicas. El gobierno, en vez de corregir el modelo cambiario y sus políticas fiscales y monetarias, busca repetir la misma receta que ha fracasado en los últimos años”, sostuvo.
Señaló que es el mismo tipo de anuncio que viene acompañado de amenazas. El Aissami también advirtió que si alguien rompe el acuerdo de los precios que van a ser publicados, será sancionado: “Tengan la plena seguridad de que seremos inclementes, porque entenderemos que ese comercio o ese productor está comprometido con una agenda golpista”.
Oferta reducida. El titular de Fedecámaras apuntó que en 1998 había más de 490.000 establecimientos empresariales. Ese número se redujo a 280.000 en abril del año pasado. “Es una caída significativa”, afirmó. Cuando comenzó la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, había más de 12.000 empresas, mientras que actualmente la cifra no llega a 4.000. “Lo dramático es que están trabajando en promedio entre 24% y 25% de la capacidad instalada. No tienen materia prima ni insumos”, indicó.
Larrázabal dijo que, según la última encuesta de coyuntura que hizo el sector industrial, 1.000 de esas empresas pudieran dejar de operar este año si el modelo y las condiciones no cambian. “Uno de los casos notorios es Kellogg’s, con la que serían 44 empresas transnacionales en los últimos 2 años que han dejado de operar en Venezuela, entre ellas Clorox, Kimberly Clark y aerolíneas que se han ido”.
El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, advirtió que habrá más desabastecimiento si el gobierno insiste en regular los precios. “El control de precios es lo que nos ha llevado a esta situación. No se puede controlar en hiperinflación”, sostuvo.
Señaló que una estructura de costos no está durando más de 7 días y la validez de las cotizaciones de compra, incluso con Agropatria, es de solo 24 horas.
Los productores han denunciado los abruptos incrementos de los agroinsumos vendidos por la empresa estatal. El precio del saco de semillas de maíz aumentó de 80.000 bolívares en 2017 a 30 millones de bolívares. (Tramadol) Precisó que en un año la estructura de costos del maíz pasó de 6,4 millones de bolívares a superar los 500 millones de bolívares. “Si trata de regular los precios va a haber un fracaso”, añadió.
